Venezuela denuncia ante la OACI la “violación de su soberanía” tras advertencia de Trump sobre el cierre del espacio aéreo.
Nicolás Maduro, Associated Press.
El gobierno de Nicolás Maduro elevó una denuncia formal ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) tras acusar a Estados Unidos de violar la soberanía venezolana. La reacción se produjo luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera públicamente que el espacio aéreo de Venezuela debía considerarse “cerrado”, un anuncio que Caracas calificó como una amenaza directa y carente de sustento legal.
El medio Cibercuba difundió que El ministro de Transporte venezolano, Ramón Velásquez Araguayán, informó que la denuncia fue presentada “en el marco de la diplomacia de paz” del gobierno, señalando que las palabras de Trump constituyen “graves amenazas contra el espacio aéreo venezolano” y representan un riesgo para la seguridad regional. El comunicado difundido por el funcionario en redes sociales y posteriormente eliminado afirmó que Washington no posee ninguna autoridad para regular o restringir la aviación sobre territorio venezolano.
Según Velásquez Araguayán, el anuncio del supuesto cierre del espacio aéreo carece de “autoridad y basamento legal alguno”, además de constituir un acto de “interferencia ilícita” según el anexo 17 del Convenio de Aviación Civil Internacional. El ministro recordó que la única institución facultada para regular el espacio aéreo nacional es el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) y que “ningún poder extranjero podrá sustituir el ejercicio de la jurisdicción venezolana”.
Caracas también acusó a Estados Unidos de intentar presionar y amedrentar a aerolíneas internacionales que operan en el país o que transitan el FIR Maiquetía, una medida que según el gobierno afecta directamente a compañías aéreas de países como España, Portugal, Turquía, Colombia, Brasil y Panamá.
En paralelo, el Ejecutivo venezolano denunció ante la alianza petrolera OPEP+ que Estados Unidos busca “apoderarse de las reservas petroleras venezolanas” mediante el mantenimiento de un amplio despliegue militar en el mar Caribe. Una carta firmada por Maduro y difundida por la vicepresidenta Delcy Rodríguez sostiene que esta estrategia “pone en grave peligro la estabilidad de la producción petrolera venezolana y del mercado internacional”, acusando a Washington de usar como pretexto la lucha contra el narcotráfico.
Imagen: La Izquierda Diario
Desde agosto, Estados Unidos mantiene presencia naval y aérea cercana a las costas venezolanas, un operativo que el Pentágono defiende como parte de su estrategia contra el crimen organizado en la región. Caracas, sin embargo, interpreta el despliegue como una “amenaza” destinada a propiciar un cambio de gobierno.
El Parlamento venezolano también ha denunciado supuestos ataques a embarcaciones en aguas del Caribe, señalando que entre las víctimas habría ciudadanos venezolanos. Legisladores anunciaron la creación de una comisión especial para investigar estos hechos.
La tensión bilateral aumentó aún más cuando autoridades de aviación en Estados Unidos pidieron a aerolíneas extremar precaución al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, lo que llevó a compañías como Iberia a suspender temporalmente vuelos hacia territorio venezolano o rutas que atraviesan la zona.
Como respuesta, Venezuela suspendió los vuelos de deportación desde Estados Unidos, calificando la medida como una represalia ante las advertencias de Trump y el incremento de la presión militar estadounidense en la región.
En una declaración reciente, el presidente Trump confirmó que ha conversado directamente con Nicolás Maduro, aunque insistió en que mantendrá la presión diplomática y militar “hasta garantizar que Venezuela no represente una amenaza regional”. En Estados Unidos, figuras políticas como el senador Marco Rubio han respaldado la postura de la Casa Blanca, alegando que las operaciones en el Caribe constituyen acciones legítimas contra el narcotráfico.
La disputa ha encendido alarmas internacionales, mientras crece la preocupación por un posible deterioro mayor de la estabilidad aérea, diplomática y militar en el Caribe.