Fiscales federales investigan al segundo secretario de la Embajada de Cuba por una supuesta red de influencia ilegal en EE. UU.
El diplomático David Ramírez Álvarez es grabado en un sindicato de California dando instrucciones a activistas estadounidenses sobre cómo presionar al Congreso para levantar las sanciones contra la dictadura.
Una investigación federal de gran alcance sacude los cimientos de la política exterior estadounidense. Fox News Digital reveló en exclusiva que los Departamentos de Justicia, Estado y Tesoro están investigando a David Ramírez Álvarez, segundo secretario de la Embajada de Cuba en Washington, por presuntamente coordinar una campaña de influencia extranjera ilegal en territorio estadounidense.
Imagen/ Martí Noticias
Según las fuentes consultadas por el medio, la pesquisa se centra en determinar si el diplomático castrista cruzó la delgada línea que separa el activismo político protegido por la Constitución de una operación de presión legislativa dirigida desde La Habana, en presunta violación de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).
El video que lo cambió todo
La principal evidencia que manejan las autoridades es un video obtenido por Fox News. En las imágenes, grabadas durante una reunión nocturna en el Machinists Hall de Wilmington (California), se ve a Ramírez Álvarez saludando por su nombre de pila a un grupo de activistas estadounidenses de izquierda.
En la cinta, el funcionario cubano actúa como un estratega político, informando a los presentes sobre el estado de varias iniciativas legislativas en el Congreso de EE. UU. «Lo que puedo hacer es darles una actualización sobre lo que está sucediendo ahora mismo en el Congreso, qué acciones legislativas se están impulsando en este momento», se escucha decir a Ramírez Álvarez.
Entre los proyectos discutidos se encuentran la «United States-Cuba Trade Act of 2025» (patrocinada por el senador demócrata Ron Wyden), la «New Good Neighbor Act» de la congresista Nydia Velázquez, y una resolución sobre poderes de guerra presentada por el senador Tim Kaine, que fue derrotada recientemente en el Senado.
El entramado legal: FARA y la sombra de la ilegalidad
El núcleo de la investigación radica en determinar si estas actividades constituyen una «dirección extranjera» sobre grupos políticos estadounidenses sin el registro obligatorio bajo la Foreign Agents Registration Act (FARA) de 1938. Esta ley fue creada precisamente para exponer la propaganda extranjera y garantizar que el público estadounidense conozca quién está detrás de los mensajes políticos.
Como señala la investigación de Gelet Martínez para ADN Cuba, el punto clave es distinguir entre el activismo legítimo y una operación coordinada por una potencia extranjera. «Ese es el tema complicado aquí: comprobar en qué momento este activismo político en Estados Unidos está dirigido no solo por una potencia extranjera, sino también por un extranjero», afirmó Martínez.
La violación intencional de la FARA puede conllevar responsabilidad penal. Sin embargo, fuentes citadas por la revista Foley indican que el Fiscal General Pam Bondi redujo recientemente las prioridades de investigación de esta ley para enfocarse en «espionaje tradicional», aunque una directiva posterior del presidente Trump reactivó el interés en perseguir el «terrorismo doméstico» y las redes de influencia extranjeras.
La telaraña del ICAP y los 1,000 millones de dólares en juego
Los investigadores no se detienen en el diplomático. La mira apunta también al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) , una entidad estatal creada en 1960 para proyectar influencia política en el exterior. El ICAP está presidido por Fernando González Llort, uno de los llamados «Cinco Cubanos» condenados en EE. UU. por espionaje.
La investigación es parte de un esfuerzo más amplio del Departamento de Justicia que ya examina a 145 organizaciones procubanas en Estados Unidos, las cuales, según reportes, manejan ingresos anuales combinados de aproximadamente 1,000 millones de dólares.
Entre los grupos identificados en la red investigada se encuentran organizaciones de alto perfil como CODEPINK, People’s Forum, BreakThrough News, ANSWER Coalition, Party for Socialism and Liberation y Tricontinental.
Neville Roy Singham: el hombre detrás del dinero
Fox News Digital ha identificado al empresario tecnológico Neville Roy Singham, radicado en Shanghái y descrito como cercano al Partido Comunista Chino, como una figura clave en el financiamiento de esta red. Según la investigación, Singham habría canalizado entre 278 y 285 millones de dólares hacia estas organizaciones desde 2017, creando una estructura de apoyo financiero que ahora está bajo la lupa de las autoridades.
Respuesta del régimen cubano
La Embajada de Cuba en Washington salió al paso de las acusaciones. Un portavoz oficial declaró a Fox News Digital que los diplomáticos cubanos «cumplen estrictamente» con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y que relacionarse con organizaciones de la sociedad civil forma parte de sus funciones normales.
La representación cubana negó tajantemente que sus funcionarios alienten a ciudadanos u organizaciones estadounidenses a actuar contra el orden constitucional de EE. UU.
El momento clave de la investigación
Este escándalo estalla en un momento de máxima tensión entre ambos países, apenas días después de que el presidente Donald Trump intensificara las sanciones contra la dictadura castrista. El caso representa un nuevo frente de presión de la administración Trump contra La Habana, añadiendo un capítulo de presunta injerencia ilegal a la ya de por sí deteriorada relación bilateral.
La investigadora Gelet Martínez advirtió que el proceso será largo y complejo debido a la antigüedad de muchas de estas organizaciones y la intrincada red de vínculos que las conecta.
«Esto no es algo que ocurrió ahora. Esto viene ocurriendo hace muchísimos años. Muchas personas vienen alertando sobre el tema, investigadores y activistas cubanos del exilio», concluyó Martínez.
El Departamento de Justicia aún no ha anunciado cargos formales contra Ramírez Álvarez ni contra las organizaciones mencionadas, pero la sombra de la FARA se cierne sobre una red que, según los investigadores, ha operado durante años a plena luz del día, pero sin el registro que exige la ley.