La Corte Suprema da luz verde a demandas millonarias por propiedades expropiadas en Cuba tras la revolución
El tribunal revivió el caso Havana Docks Corp. contra cuatro grandes navieras, en una decisión con implicaciones multimillonarias y nuevos riesgos legales en medio del endurecimiento de la política exterior de Washington hacia la isla.
La Corte Suprema de Estados Unidos asestó un duro revés a cuatro de las líneas de cruceros más grandes del mundo en una decisión histórica emitida el jueves que podría costarles más de 400 millones de dólares por operar en el puerto de La Habana. En un fallo de 8-1, los magistrados declararon que los barcos de Carnival Corp., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., Royal Caribbean Cruises Ltd. y MSC Cruises SA utilizaron ilegalmente muelles que fueron confiscados por el gobierno de Fidel Castro después de la revolución de 1959.
“El Tribunal Supremo anuló una decisión de un tribunal inferior de desestimar las sentencias contra las navieras, que fueron demandadas por una empresa estadounidense que había construido las instalaciones portuarias antes de la revolución cubana”, confirmó la agencia Reuters. La decisión, que revierte un fallo de 2024 del 11º Circuito de Apelaciones con sede en Atlanta, reabre el litigio y devuelve el caso a instancias inferiores para determinar la sentencia final.
El caso se originó cuando la Havana Docks Corporation, una empresa estadounidense que operaba concesiones portuarias en La Habana antes de la llegada de Castro al poder, presentó una demanda bajo el Título III de la Ley Helms-Burton de 1996. Esta ley permite a los nacionales estadounidenses cuyas propiedades fueron incautadas por el gobierno cubano demandar a quienes “trafican” con dichos bienes. Havana Docks reclamó que las navieras utilizaron la terminal de cruceros entre 2016 y 2019, aprovechando la flexibilización de las relaciones durante la administración Obama.
Imagen/ Mario J. Pentón
“Havana Docks ha demostrado que las líneas de cruceros utilizaron una propiedad confiscada sobre la cual Havana Docks tenía un interés patrimonial y respecto a la cual posee un derecho de reclamación”, escribió el juez Clarence Thomas en la opinión mayoritaria del tribunal. El magistrado señaló que la ley generalmente responsabiliza a quienes utilizan bienes “contaminados por una confiscación anterior” ante cualquier ciudadano estadounidense que posea un derecho sobre esa propiedad.
La decisión del tribunal superior fue unánime a excepción del voto disidente de la jueza Elena Kagan. En su argumento, la magistrada sostuvo que la concesión de la compañía había expirado legalmente mucho antes de que los cruceros comenzaran a atracar. “Lo que poseía Havana Docks era solo un interés patrimonial de duración limitada”, escribió Kagan, argumentando que dicho interés expiró en 2004, más de una década antes de que las navieras usaran los muelles.
El fallo se produce en un contexto de creciente confrontación diplomática. El miércoles, un día antes de la sentencia, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos de asesinato y conspiración contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la organización «Hermanos al Rescate» en 1996, en el que murieron cuatro pilotos. Esta acusación marca un nuevo punto de inflexión en la ya tensa relación entre Washington y La Habana, intensificando aún más la presión de la administración Trump sobre el gobierno de Miguel Díaz-Canel.
El presidente Donald Trump ha hecho de la presión máxima sobre Cuba un pilar de su política exterior durante su segundo mandato. En 2019, durante su primer mandato, Trump fue quien reactivó la aplicación del Título III de la ley Helms-Burton, una disposición que presidentes anteriores de ambos partidos habían suspendido para evitar fricciones con los aliados comerciales. Esta decisión abrió la puerta a una cascada de litigios que ahora está siendo validada por el más alto tribunal del país.
La decisión, sin embargo, no pone fin al litigio, sino que permite que continúe su curso. El caso de Havana Docks fue uno de los primeros en presentarse después de que Trump reactivara la ley, con la jueza federal de distrito Beth Bloom en Miami ordenando a las navieras el pago de más de 100 millones de dólares cada una, un total que, sumando intereses y costas, podría alcanzar los 440 millones de dólares. Las compañías argumentan que no deberían pagar por seguir las indicaciones de la administración Obama al reabrir los viajes.
Otra demanda similar sigue pendiente en el tribunal por parte de la gigante petrolera Exxon Mobil Corp., que reclama más de 1.000 millones de dólares a la empresa estatal cubana CIMEX por activos nacionalizados durante la revolución. Se espera que los jueces emitan un fallo sobre ese caso en los próximos meses, lo que podría sentar un precedente aún más amplio para el resto de las 5.913 reclamaciones certificadas por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de EE.UU. por un valor actual de aproximadamente 9.300 millones de dólares.
Consecuencias potenciales y reacciones
Las líneas de cruceros afectadas por el fallo son Carnival Corp., Norwegian Cruise Line Holdings, Royal Caribbean Cruises y MSC Cruises. Los barcos de estas compañías transportaron a casi un millón de pasajeros de pago a Cuba durante el breve deshielo de relaciones de la era Obama.
Una fuente de la industria naval consultada por este diario señaló que las empresas estudian apelar a otros argumentos legales en las instancias inferiores. Aunque el Tribunal Supremo resolvió la cuestión central sobre la aplicabilidad de la ley, los jueces reconocieron que existen otras defensas que aún no han sido resueltas y que podrían limitar la responsabilidad final de las compañías.
El pulso con La Habana se intensifica
El gobierno cubano no ha emitido una reacción oficial inmediata al fallo, pero la decisión se suma a una batería de medidas que han llevado a la isla a una situación crítica. Cuba atraviesa su peor crisis energética en décadas, con apagones que afectan a más del 60% del territorio y una grave escasez de alimentos y medicinas. El secretario de Estado, Marco Rubio, ofreció recientemente 100 millones de dólares en ayuda humanitaria condicionada a que sea distribuida por la Iglesia Católica, evitando las estructuras del gobierno.
El fallo de la Corte Suprema reaviva uno de los conflictos más antiguos y espinosos de la Guerra Fría, colocando a las empresas multinacionales en el centro de la disputa. Al allanar el camino para que los reclamantes originales puedan buscar reparación por el uso comercial de sus propiedades confiscadas, el tribunal no solo ha despejado la vía para que Havana Docks cobre una indemnización récord, sino que también ha establecido una peligrosa zona de riesgo legal para cualquier entidad que, en el futuro, considere hacer negocios en Cuba.