La Gobernadora de La Habana, Yanet Hernández Pérez, ha emitido recientemente una resolución oficial que establece nuevos precios máximos para la comercialización de productos agropecuarios a través de los diferentes canales de distribución de la capital. Según la resolución, que menciona el sitio oficialista Cubadebate, esta medida busca regular el mercado y garantizar una mayor equidad en el acceso a alimentos básicos para la población habanera.
Sin embargo, una vez más, el anuncio de regulación de precios llega acompañado de serias dudas y frustraciones para una población cada vez más golpeada por la escalada de costos y la continua precariedad económica. La realidad es que ni los jubilados ni los trabajadores asalariados alcanzan a cubrir sus necesidades alimentarias básicas con los precios que suben y bajan en cuestión de “minutos”, sin que las soluciones estructurales aparezcan.
Precios máximos, pero ¿a qué costo para el bolsillo popular?
Foto Tribuna
Los productos agropecuarios en La Habana han devaluado el poder de compra de amplios sectores del pueblo, especialmente de los más vulnerables. El encarecimiento sostenido de alimentos como el pollo, el arroz, el boniato, los huevo, el aceite y las viandas está lejos de aliviarse con resoluciones que, aunque intentan poner topes a la especulación, no impactan en la raíz del problema: la insuficiente producción nacional y la ineficiencia del sistema de distribución.
Para un jubilado que recibe una pensión mínima, o un trabajador formal cuya cuota salarial también está limitada, los nuevos precios máximos siguen siendo inaccesibles. Muchos de estos productos básicos, que deberían ser derechos fundamentales garantizados, están hoy fuera del alcance diario de quienes sostienen a sus familias con ingresos que no se ajustan a la realidad inflacionaria.
Es vital entender que establecer precios máximos sin mejorar la oferta ni garantizar un abastecimiento estable es una receta destinada al fracaso. Terminamos en un círculo vicioso donde los controles temporales solo generan alivios momentáneos, para luego la especulación y el mercado negro devolver todo a niveles inalcanzables.
Medidas temporales para un problema permanente
Foto: Martí Noticias
Desde hace años, las autoridades capitalinas y nacionales implementan regulaciones periódicas sobre los precios agropecuarios, pero la duración de estos efectos es breve. Pasan semanas o pocos meses y la inflación vuelve con fuerza. Los productos vuelven a desaparecer de los mercados estatales o aparecen a precios triplicados en la calle.
El acceso a los alimentos básicos no debe ser una batalla diaria para millones de habaneros, sino un derecho garantizado por la seguridad alimentaria.
En cambio, la población siente que estas «medidas» solo se anuncian para complacer formalmente a la opinión pública y a organismos internacionales, mientras que la realidad del bolsillo sigue siendo trágica y excluyente.
La necesidad de un cambio estructural real y sostenible
Redes Sociales
El problema de los altos precios agropecuarios en La Habana no se resolverá con decretos aislados ni con topes superficiales. Se necesita una estrategia integral que contemple:
– Incrementar la producción nacional con mecanismos reales que incentiven a los productores agropecuarios.
– Mejorar la logística y distribución para reducir intermediarios que encarecen los productos.
– Revisar y ajustar los salarios y pensiones para que tengan un poder adquisitivo acorde a los precios reales.
– Promover una transparencia efectiva en los precios y sancionar severamente la especulación y el acaparamiento.
Sin estas transformaciones profundas, los nuevos precios máximos anunciados perennemente se quedarán en medidas cosméticas que no logran tocar el sufrimiento cotidiano de la mayoría de los cubanos en La Habana.