En ausencia y rodeado de polémica: comienza el juicio contra Evo Morales por trata agravada
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La justicia boliviana inició este lunes el juicio oral y público contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) en la ciudad de Tarija, acusado de trata agravada de personas por su presunta relación con una menor de edad, con quien habría tenido una hija en 2016. El proceso se desarrolla sin la presencia del exmandatario, quien permanece atrincherado en el Trópico de Cochabamba bajo la protección de sus seguidores, y cuyos abogados han calificado el caso como una «persecución política» para desviar la atención de la crisis económica.
El reloj marcaba las 8:20 de la mañana en la ciudad sureña de Tarija cuando estaba convocada la audiencia, pero la silla del acusado quedó vacía . El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, Luis Esteban Ortiz, confirmó que las notificaciones se realizaron «a través de edictos» tras haberse cumplido las «formalidades de rigor», lo que permitió dictar el auto de apertura de juicio . Según el magistrado, el proceso se inició «en contra de Evo Morales y otra persona más, de sexo femenino, por una supuesta trata de personas» .
🔍 El meollo de la acusación
La Fiscalía sostiene que la menor de edad —identificada en los expedientes como Cindy S.V.P.— tenía entre 14 y 15 años cuando supuestamente inició la relación con el entonces mandatario, quien rondaba los 57 años . La acusación detalla que el vínculo se habría establecido a través de la «Guardia Juvenil» o «Generación Evo», un grupo de jóvenes creado por el propio Morales durante su gobierno .
Los fiscales presentaron pruebas que consideran contundentes :
· Documentación oficial: Un certificado de nacimiento de 2016 donde Evo Morales figura como el padre de una niña nacida de una adolescente de 15 años.
· Uso de recursos públicos: Registros que detallan más de 60 viajes oficiales financiados con fondos del Estado para la adolescente durante el mandato del acusado.
· Volumen de evidencias: El Ministerio Público de Tarija informó que se han recolectado más de 170 pruebas en su contra para el juicio oral .
Si es hallado culpable, Morales podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión por delitos como trata agravada y estupro, lo que marcaría un hito al ser la primera vez que un exmandatario boliviano es procesado por estos crímenes .
⚖️ La posición de la defensa y el «lawfare»
Lejos de acatar el llamado judicial, los abogados del expresidente han redoblado sus críticas. Nelson Cox, uno de los defensores, calificó el proceso como «una acusación forzada» con fines mediáticos, argumentando que la causa fue reabierta violando el principio de prohibición de doble enjuiciamiento .
Por su parte, el exprocurador y abogado Wilfredo Chávez justificó la inasistencia alegando que las notificaciones no fueron personales. «No se puede asistir porque no conocemos de qué se trata. No se ha notificado al hermano Evo Morales cumpliendo el procedimiento de una notificación personal» . Chávez fue más allá al señalar que este juicio responde a «una persecución política que surge en un momento en que existen condiciones deplorables en el país, sobre todo a nivel económico, y conflictos en las calles», insinuando que se busca «desviar la atención» de las protestas sindicales recientes .
Esta postura se alinea con la declaración pública de Morales, quien días antes del juicio aseguró en sus redes sociales: «Como no hallan nada» para procesarlo por otras acusaciones, «se inventan delitos». Añadió que no busca impunidad, sino «una justicia imparcial, honesta, objetiva y autónoma del poder político» .
🛡️ El bastión del Trópico: Un juicio en ausencia
Desde octubre de 2024, Morales se ha «refugiado» en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical, evitando así la orden de captura que pesa sobre su cabeza . Para impedir el accionar policial, sus seguidores bloquearon carreteras durante 24 días entre octubre y noviembre de 2024 y mantienen una vigilia permanente . Incluso en enero de 2025 fue declarado en rebeldía tras no presentarse a dos audiencias previas, alegando problemas de salud .
Sin embargo, esta situación no ha detenido el avance procesal. Aunque los abogados argumentan que la Convención Interamericana de Derechos Humanos exige la presencia del acusado para ser oído, el juez Ortiz declaró que «se han realizado las comunicaciones respectivas» en regla . Este juicio representa un punto de inflexión en la política boliviana, evidenciando la profunda fractura entre el evismo y el arismo de cara a las próximas contiendas electorales.