EE.UU. amplía el cerco sobre el régimen castrista: sanciona al G2 y a nueve altos funcionarios cubanos
Imagen/ Cubanos por el mundo
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció este lunes una nueva batería de sanciones contra el régimen de Miguel Díaz-Canel, en la que por primera vez se incluye a la Dirección General de Inteligencia (DGI/G2), el principal aparato de espionaje exterior de Cuba fundado en 1961. Junto a ella, nueve altos cargos del Partido Comunista, ministros y generales han sido añadidos a la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN). El castigo, que congela todos sus activos bajo jurisdicción estadounidense, es la segunda oleada de medidas bajo la nueva Orden Ejecutiva 14404 firmada por Donald Trump el 1 de mayo y se produce mientras Washington intensifica su presión diplomática y militar sobre la isla.
Entre los nuevos funcionarios sancionados se encuentran el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Esteban Lazo Hernández; el número dos del Partido Comunista y jefe de su organización, Roberto Tomás Morales Ojeda; la influyente ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín; el titular de Energía y Minas, Vicente de la O Levy; la ministra de Justicia, Rosabel Gamón Verde; el viceministro de las FAR, Joaquín Quintas Solá; y los jefes de los tres ejércitos territoriales de las FAR: los generales José Miguel Gómez del Vallín (Occidental), Eugenio Armando Rabilero Aguilera (Oriental) y Raúl Villar Kessell (Central).
La DGI (G2), el espionaje cubano, bajo la lupa
La designación más significativa es, sin embargo, la de la Dirección de Inteligencia de Cuba (DGI), también conocida como G2. Se trata del servicio exterior de inteligencia del Estado cubano, responsable de operaciones de espionaje en el exterior y de la represión política interna. La medida, que bloquea todos sus activos en EE.UU. y prohíbe cualquier transacción con entidades o personas estadounidenses, representa un duro golpe al aparato de seguridad de la dictadura.
Además, el Departamento del Tesoro actualizó las sanciones previas contra el Ministerio del Interior (MININT) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), extendiéndolas bajo la nueva EO14404 y reforzando las restricciones existentes por la Ley Magnitsky.
El argumento de Washington
En un comunicado, el Departamento del Tesoro justificó las sanciones señalando que “durante más de sesenta años, el régimen cubano ha priorizado su ideología comunista y su enriquecimiento personal por encima del bienestar de sus propios ciudadanos, al tiempo que ha permitido la explotación de Cuba para operaciones militares, terroristas y de inteligencia extranjera”.
“Estas sanciones son significativas porque afectan a funcionarios de alto rango que ocupan cargos tanto en el gobierno como en el Partido Comunista, figuras que rara vez habían sido sancionadas en el pasado”, destacó un análisis del diario El Nuevo Herald. “Evidencian los continuos esfuerzos de la administración Trump por intensificar la presión sobre los líderes cubanos”.
Un contexto de máxima tensión y una ventana al petróleo ruso
El anuncio se produce apenas 24 horas después de que el portal Axios publicara un informe de inteligencia estadounidense revelando que Cuba ha adquirido más de 300 drones de ataque de fabricación iraní y rusa, algunos de ellos ya almacenados en posiciones estratégicas, y que el régimen habría discutido planes para atacar la Base Naval de Guantánamo, buques de guerra estadounidenses e incluso la ciudad de Key West, en Florida.
Paradójicamente, en una maniobra que busca controlar el impacto humanitario de su propia ofensiva, Washington ha emitido simultáneamente la Licencia General 134C. Esta autoriza temporalmente (hasta el 17 de junio) la venta y descarga de petróleo y derivados de origen ruso cargados en buques antes del 17 de abril de 2026. El objetivo es facilitar la entrada de combustible a Cuba para mitigar los gravísimos apagones que asolan el país, evitando al mismo tiempo que el régimen pueda acusar directamente a EE.UU. de una catástrofe humanitaria.
Reacción oficial y medidas de seguimiento
Las nuevas designaciones elevan el número total de entidades cubanas sancionadas bajo la EO14404 a más de una docena, incluyendo al todopoderoso conglomerado militar GAESA y a su presidenta, la general Ania Lastres. El gobierno cubano, por su boca del viceministro de Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, y del canciller Bruno Rodríguez, ha calificado las sanciones de “genocidas” e “inverosímiles” y ha reiterado el derecho de la isla a la “legítima defensa”.
La OFAC ha establecido un período de liquidación hasta el 5 de junio para que terceras entidades puedan desvincularse de las operaciones con los nuevos sancionados. La comunidad internacional observa con atención, mientras la Casa Blanca estudia nuevas acciones y la diáspora cubana en Miami se moviliza, aportando pistas sobre posibles bienes o familiares de los sancionados en Estados Unidos.