DHS anuncia consecuencias por no pagar tarifas anuales de asilo y nuevos requisitos bajo la ley HR-1
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), a través del USCIS, anunció nuevas medidas que afectan directamente a solicitantes de asilo en Estados Unidos, incluyendo consecuencias para quienes no cumplan con el pago de la tarifa anual obligatoria y la implementación de requisitos derivados de la ley HR-1.
Captura de pantalla Página USCIS
Según la alerta oficial publicada el 28 de abril de 2026, el DHS estableció una regla que refuerza la obligatoriedad del pago de la denominada Tarifa Anual de Asilo (AAF), la cual aplica a extranjeros que mantienen su solicitud de asilo pendiente por más de un año.
De acuerdo con la normativa vigente, toda persona que haya presentado el Formulario I-589 (Solicitud de Asilo) y cuyo caso permanezca en trámite durante al menos 365 días deberá comenzar a pagar esta tarifa cada año mientras su solicitud siga abierta.
El monto de esta tarifa ronda los 100 a 102 dólares anuales, dependiendo de actualizaciones recientes, y forma parte de los cambios introducidos por la Ley de Reconciliación HR-1, que modificó el esquema de costos del sistema migratorio estadounidense.
Imagen: USCIS
Uno de los puntos más relevantes del anuncio es que el DHS advierte sobre consecuencias directas en caso de incumplimiento. Aunque USCIS enviará notificaciones oficiales indicando cuándo y cómo pagar, no hacerlo dentro del plazo establecido puede afectar negativamente el proceso migratorio, incluyendo retrasos significativos o posibles decisiones adversas en el caso.
En algunos escenarios, expertos y reportes previos han señalado que el no pago incluso podría derivar en la desestimación de solicitudes de asilo, lo que incrementa la preocupación entre comunidades migrantes.
El DHS también subrayó que los solicitantes no necesitan monitorear por sí mismos cuándo deben pagar por primera vez, ya que USCIS emitirá avisos individuales con instrucciones detalladas. Estos avisos incluirán el monto, la fecha límite y los métodos de pago disponibles.
Otro aspecto clave del anuncio es la implementación de nuevos requisitos bajo la ley HR-1, que no solo introduce la tarifa anual de asilo, sino que también establece nuevos costos asociados a otros trámites migratorios, como permisos de trabajo y solicitudes relacionadas.
Estas medidas se enmarcan en un contexto donde el sistema de asilo enfrenta una acumulación significativa de casos pendientes. Se estima que existen millones de solicitudes en espera, muchas de las cuales superan el año de procesamiento, lo que activa automáticamente la obligación del pago anual.
El objetivo de estas políticas, según el gobierno, es financiar el sistema de inmigración y reducir el atraso en los procesos. Sin embargo, críticos han advertido que estas tarifas representan una carga adicional para personas que, en muchos casos, se encuentran en situaciones económicas vulnerables.
La implementación de estas reglas marca un cambio importante en el manejo de solicitudes de asilo en Estados Unidos. A partir de ahora, los solicitantes deberán no solo cumplir con los requisitos legales del proceso, sino también mantenerse al día con obligaciones económicas periódicas para evitar consecuencias en sus casos.