Hasta 15 años de cárcel por malversación: tres exempleados de estatal de conservas desviaron más de 5 millones de pesos en Santiago de Cuba
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El tribunal provincial impuso las condenas como parte de un juicio por corrupción administrativa, en medio de una campaña oficial para disciplinar la gestión de fondos dentro del sector estatal. La pena más severa recayó sobre la contadora de la entidad, que deberá pagar una indemnización millonaria.
La Sala Primera Penal del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba condenó a tres personas a penas de prisión de entre 10 y 15 años por un esquema de malversación de fondos vinculado a la Empresa de Conservas de Vegetales de la provincia . El caso, registrado bajo la causa 19 de 2026 por corrupción administrativa, fue calificado por las autoridades como «oral, público y ejemplarizante» .
El esquema criminal se activó tras la aprobación de un crédito bancario de 20 millones de pesos destinado a una Unidad Empresarial de Base (UEB) perteneciente a la estatal alimentaria . A partir de esa operación, los acusados realizaron cuatro transferencias fraudulentas por un total de 5.175.504 pesos hacia la cuenta personal de una de las implicadas. Posteriormente, 3.986.504 pesos fueron distribuidos entre los involucrados .
Sentencias y roles en la trama
La pena más alta recayó sobre Amarilis Téllez Torres, contadora de la entidad estatal. Fue condenada a 15 años de prisión, inhabilitada para ejercer cargos relacionados con la actividad económica y deberá resarcir el monto defraudado . Le siguió Julio César Palacios Peralta, jefe del Grupo Contable Financiero de la misma empresa, sentenciado a 14 años de cárcel con las mismas sanciones accesorias .
María Luisa Creme Quiroga, economista de la Cooperativa de Créditos y Servicios Rodolfo Rodríguez Benítez (CSS), recibió 10 años de prisión. Según la investigación, fue la persona que recibió en su cuenta bancaria los fondos desviados .
La pesquisa también reveló que Creme Quiroga utilizó parte del dinero sustraído para comprar 2.000 dólares estadounidenses, por los que pagó más de 1.195.000 pesos a un cuarto implicado, Kenly Hierrezuelo Téllez. Este último fue sancionado con una multa de 600 cuotas de 40 pesos cada una por el delito de tráfico ilegal de moneda nacional y divisas .
Delitos y sanciones accesorias
El tribunal calificó los hechos como «falsificación continuada de documentos bancarios y de comercio para cometer malversación», un delito que, según el artículo 297 del Código Penal cubano, conlleva penas de 8 a 20 años de prisión .
Además de las penas privativas de libertad, se impusieron sanciones accesorias a los tres principales condenados: privación de derechos públicos, prohibición de salida del territorio nacional y, en el caso de Téllez Torres y Palacios Peralta, inhabilitación para ejercer cargos relacionados con la actividad económica . La sentencia también obliga a los condenados a resarcir íntegramente el monto defraudado a la entidad afectada .
Este caso se enmarca en una campaña oficial contra la corrupción lanzada por el régimen en julio de 2025, con advertencias de penas de hasta 20 años para este tipo de delitos . El proceso judicial se produce en un contexto de mayor visibilidad de estos expedientes, en medio de una profunda crisis económica que agudiza la escasez de recursos y las tensiones sociales en la isla .