EE.UU. veta el uso de bancos cubanos en ventas de combustible para mipymes: la «apertura» llega con candado financiero
Imagen/ Cubanet
La administración Trump autoriza la venta de petróleo venezolano al sector privado cubano, pero impone condiciones que excluyen a las instituciones financieras de la isla. Las transacciones deben canalizarse fuera del sistema bancario cubano, en un movimiento que Washington presenta como ayuda al pueblo, pero que La Habana denuncia como una maniobra para dividir y controlar
En una jugada que redefine las reglas del juego energético en Cuba, el gobierno de Estados Unidos ha autorizado la venta de petróleo venezolano al sector privado de la isla, pero con una condición que lo cambia todo: las transacciones no pueden involucrar a bancos cubanos ni beneficiar de ninguna manera a instituciones gubernamentales, incluyendo las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia .
La medida, anunciada por la Oficina para el Control de los Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, permite la reexportación de crudo venezolano desde EE.UU. o a través de empresas autorizadas, pero establece un cordón sanitario financiero que aísla por completo al Estado cubano de cualquier beneficio directo .
Las reglas del juego: combustible sí, pero sin tocar el sistema cubano
Según la guía publicada por la OFAC, «para ser autorizadas, las exportaciones deben ser al mismo tiempo para uso del sector privado cubano y para actividades del sector económico privado, incluidas las necesidades humanitarias» . El texto añade que «el gas y otros productos petroleros exportados y reexportados a entidades o personas del sector privado cubano para uso personal pueden ser autorizados en virtud de la Excepción de Licencia SCP» .
Pero la letra pequeña es la que realmente importa: quedan explícitamente excluidas «las transacciones que involucren o beneficien al ejército cubano u otras instituciones gubernamentales» . Esto significa que ningún banco cubano —todos estatales— puede participar en la cadena de pagos, y que el combustible no puede ser almacenado, distribuido ni comercializado a través de los canales oficiales que durante décadas han controlado el flujo energético en la isla.
Un funcionario de la administración Trump, que habló bajo condición de anonimato, explicó que el movimiento busca «ayudar a mostrar que los importadores privados pueden obtener combustible de una manera que el gobierno no puede» . La declaración, en apariencia técnica, encierra una estrategia política de largo alcance: crear las condiciones para que el sector privado opere con independencia del Estado, incluso en un sector tan estratégico como la energía.
El escepticismo de los expertos: «¿Quién paga y cómo?»
La medida ha generado un intenso debate entre economistas y empresarios dentro y fuera de Cuba. La pregunta central es una: si los bancos cubanos están vetados, ¿cómo van a pagar las mipymes el combustible?
«No es solo cuestión de autorización, es cuestión de capacidad financiera y de canales de pago», señala un análisis de IPS Cuba. «Las mipymes operan en un entorno de limitada liquidez en divisas, restricciones bancarias y altos costos de transacción internacional. Importar combustible implica negociar volúmenes significativos y asumir riesgos asociados al transporte y almacenamiento» .
Las empresas interesadas deben cumplir además un complejo entramado burocrático: autorización de microlocalización del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, certificación de seguridad de la Agencia de Protección Contra Incendios, aval metrológico para los isotanques, y la obligación de canalizar la importación a través de importadoras estatales como QUIMIMPORT o MAPRINTER . El almacenamiento, por su parte, debe realizarse en instalaciones de ESICUBA o CUPET, es decir, de nuevo bajo control estatal .
La paradoja es evidente: el combustible debe pagarse fuera del sistema bancario cubano, pero su importación y almacenamiento dependen de empresas estatales. En redes sociales, los comentarios reflejan el escepticismo generalizado. «Ahora sí se puede importar combustible y antes no. ¿Quién bloqueaba la importación a las mipymes?», escribió un usuario, reflejando el cansancio de una población que ha visto muchos anuncios y pocas soluciones reales .
La respuesta del gobierno cubano: una flexibilización calculada
Paralelamente al anuncio estadounidense, el gobierno cubano ha dado pasos significativos para permitir que las mipymes participen en la importación de combustible. El ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, declaró el pasado 7 de febrero que «vamos a diversificar los importadores de combustible en el país. Estamos facilitando y autorizando que cualquier empresa que tenga posibilidad de adquirir combustible, lo compre» .
La medida, según analistas, responde a una necesidad imperiosa: la isla enfrenta apagones de hasta 20 horas diarias, transporte público paralizado y una economía al borde del colapso tras el bloqueo de los envíos venezolanos desde enero . Pero también refleja un cambio de estrategia: ante la imposibilidad de garantizar el suministro por la vía tradicional, el Estado abre la puerta a que el sector privado haga lo que el gobierno ya no puede.
El economista Pedro Monreal, en un análisis publicado en sus redes, señala que esta doble apertura —de EE.UU. hacia el sector privado cubano y de Cuba hacia la importación privada— podría ser el preludio de negociaciones más amplias. «Desde una perspectiva a nivel de modelo, es un mecanismo de desestatización ‘domesticada’ que combina la satelización de partes del sector estatal con una graduación oblicua de mipymes privadas», escribió, advirtiendo que el control último sigue en manos del Estado.
Las críticas de la oposición: «Es una fachada del régimen»
La medida no ha pasado desapercibida para los sectores más críticos con el gobierno cubano. La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar ha denunciado que se trata de «otra trampa más del régimen» para evadir sanciones y mantener el control . «Ahora intentan venderlo como ‘iniciativa privada’. No lo es. Es la nueva fachada financiera de estos sátrapas para sostener la dictadura mientras el pueblo sigue en apagones», declaró en X .
El periodista Mario Pentón, de Martí Noticias, añadió un elemento adicional: «Muchas de estas mipymes y muchas de estas empresas privadas tienen detrás a testaferros del régimen cubano, a gente que en su momento trabajó para el Ministerio del Interior como agentes de la Seguridad del Estado, o a personas de absoluta confianza o familiares directos» .
Si esta versión es cierta, la estrategia de Washington de canalizar combustible al sector privado podría estar, sin querer, beneficiando a las mismas estructuras que pretende evitar. La OFAC ha advertido que realizará auditorías para verificar el cumplimiento de las condiciones, pero en un entorno de opacidad como el cubano, el control efectivo es complicado .
El secretario de Estado, Marco Rubio, advierte: «Debe haber cambios dramáticos»
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido claro en sus declaraciones desde la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) en San Cristóbal y Nieves. «Cuba tiene un sistema que está en colapso, y necesita hacer reformas dramáticas», afirmó, advirtiendo que los envíos se detendrán si el combustible termina en manos del gobierno o de las fuerzas armadas .
Rubio, conocido por su postura de línea dura contra el gobierno cubano, ha sido el artífice de una estrategia que combina presión máxima con ofertas selectivas al sector privado. La autorización de venta de combustible, condicionada al veto bancario, es la pieza más reciente de ese rompecabezas.
El dilema de las mipymes: oportunidad o trampa
Para las mipymes cubanas, la situación es un callejón con dos salidas igualmente inciertas. Por un lado, la posibilidad de acceder a combustible en un contexto de escasez extrema es una oportunidad para mantener sus operaciones. Por otro, las condiciones impuestas por EE.UU. y los requisitos burocráticos del gobierno cubano crean un laberinto que pocas empresas están en condiciones de sortear.
Un análisis de IPS Cuba lo resume con claridad: «La apertura, por sí sola, no resolverá los problemas estructurales del sistema energético nacional. La importación privada podría aliviar nichos específicos del mercado, pero no sustituirá el volumen que tradicionalmente gestiona el Estado» .
Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención. México ha enviado dos barcos con más de mil toneladas de ayuda humanitaria, y Canadá ha anunciado 5,8 millones de dólares en asistencia a través del Programa Mundial de Alimentos y UNICEF, con la condición explícita de que la ayuda «llegue directamente al pueblo cubano» .
En este tablero de ajedrez geopolítico, las piezas se mueven con rapidez. EE.UU. ha encontrado una fórmula para mantener la presión sobre el gobierno cubano sin estrangular por completo a la población. Cuba, por su parte, explora nuevas vías para sobrevivir sin ceder el control. Y en medio, las mipymes y los ciudadanos intentan navegar un escenario donde hasta el combustible se ha convertido en un arma política.
La pregunta que nadie puede responder aún es si esta apertura controlada aliviará realmente la crisis o si, como advierten los críticos, se convertirá en una nueva fuente de opacidad y corrupción. Lo único seguro es que, mientras el debate continúa en los despachos, en las calles de La Habana la gente sigue cocinando con leña y esperando que la luz regrese algún día.