En el Consejo de Caminar, Matanzas, un episodio de violencia doméstica ha encendido las alarmas sobre la seguridad y la tendencia de armas en Cuba.
Noelby González Pérez fue detenido tras amenazar a su pareja con una escopeta Remington calibre 16, un arma que, según las investigaciones, pertenece legalmente a su padre, pero que él portaba de manera ilegal.
El incidente terminó con la intervención de la policía y el traslado de Noelby a la unidad policial, donde enfrentará cargos por portación ilegal de arma de fuego y amenaza.
¿Quién es Noelby González Pérez?
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Noelby González Pérez, hasta ahora un ciudadano sin antecedentes públicos relevantes, se ha convertido en el centro de atención tras protagonizar un hecho que pone en debate la problemática de la violencia doméstica y el acceso a armas en la isla.
Su caso no solo refleja un conflicto personal, sino que también expone las grietas de un sistema de control de armas que, aunque estricto, no es infalible.
El marco legal: armas de fuego en Cuba
Cuba es conocida por su legislación sumamente restrictiva respecto a la tenencia y portación de armas de fuego. Solo se permite la posesión bajo circunstancias excepcionales, como la caza deportiva, y siempre bajo un fuerte control estatal.
La Ley 262 “Sobre Armas y Municiones” establece que ningún particular puede adquirir o portar armas de fuego sin la debida licencia, y las autoridades mantienen un registro nacional de armas en manos de civiles.
Las licencias requieren cumplir requisitos estrictos: mayoría de edad, aptitud psicofísica, antecedentes limpios y justificación del uso. El incumplimiento de estas normas conlleva severas sanciones penales, como enfrenta ahora Noelby González Pérez.
Violencia y armas en Cuba: ¿un fenómeno en aumento?
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Tradicionalmente, Cuba ha presumido de bajos índices de violencia armada en comparación con otros países de la región, en parte gracias a sus leyes restrictivas.
Sin embargo, informes recientes advierten de un aumento preocupante en la criminalidad y el uso de armas de fuego en hechos delictivos, especialmente en asaltos y robos. Aunque las armas de fuego siguen siendo minoritarias en homicidios, su presencia en la vida cotidiana va en ascenso.
Un informe del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana reportó en 2024 un incremento del 50,72% en delitos respecto al año anterior, con un promedio de 3,6 delitos diarios.
Los robos crecieron un 232%, las agresiones un 97,1% y otros delitos, un 273,3%. Estos datos, aunque subregistrados por la falta de transparencia oficial, reflejan una tendencia alarmante.
Armas blancas: la amenaza silenciosa
A pesar del endurecimiento de las leyes sobre armas de fuego, las armas blancas (cuchillos, navajas, tijeras, etc.) siguen siendo las más comunes en los delitos violentos en Cuba.
Un estudio del Servicio Provincial de Medicina Legal reveló que en más del 80% de los homicidios entre 2012 y 2015 se emplearon armas blancas. El fenómeno preocupa especialmente por su alta incidencia entre jóvenes y en riñas callejeras, y las autoridades han reiterado que portar armas blancas en lugares públicos es ilegal.
¿Por qué crece la violencia en Cuba?
Las causas las conocen todos, pero sin embargo son mínimas las acciones para erradicarlas, entre ellas destacan:
– Crisis económica: La escasez y el deterioro del nivel de vida han incrementado la desesperación y los conflictos sociales.
– Deterioro del tejido social: El debilitamiento de valores éticos y la falta de oportunidades han generado un “todos contra todos”.
– Feminicidios y violencia doméstica: Los casos de amenazas y agresiones en el hogar, como el de Noelby, son cada vez más visibles y preocupantes.
El caso de Noelby González Pérez no es solo un suceso policial, sino un reflejo de la compleja realidad cubana actual. La combinación de estrictas leyes, una sociedad en crisis y la persistencia de la violencia doméstica y callejera conforman un escenario donde la seguridad ciudadana está en entredicho.
La tendencia al alza de delitos con armas blancas y el crecimiento, aunque aún limitado, de incidentes con armas de fuego, demandan una respuesta integral que vaya más allá del castigo penal y aborde las raíces sociales y económicas de la violencia.