El 60% de la nada: el régimen oficializa el salario de hambre para los trabajadores «interruptos» mientras la economía se desmorona
Imagen/ Trabajadores
El Decreto 149/2026, firmado por el primer ministro Manuel Marrero y publicado este jueves en la Gaceta Oficial, modifica el Reglamento del Código de Trabajo para oficializar una garantía salarial del 60% para los trabajadores declarados «interruptos» . La medida, que entra en vigor inmediatamente, es el reconocimiento explícito de que la crisis energética y de combustible ha paralizado de facto amplios sectores del sistema empresarial estatal, y que el gobierno no tiene plan para reactivarlos.
El gobierno cubano ha oficializado su bancarrota laboral. El Decreto 149/2026, firmado el 14 de abril por el primer ministro Manuel Marrero Cruz, fue publicado este jueves en la Gaceta Oficial No. 46 y establece un nuevo marco legal para los trabajadores que, mes tras mes, se quedan sin hacer nada por la falta de combustible y el colapso de las empresas estatales .
Aunque el ministro de Trabajo, Jesús Otamendiz Campos, insiste en que la prioridad es «preservar la fuerza de trabajo» y evitar la interrupción, la propia existencia del decreto es una confesión de fracaso: el Estado ya no puede garantizar empleo estable ni salario completo para una parte creciente de su fuerza laboral .
⛓️ El nuevo calvario burocrático para cobrar menos
El decreto establece un proceso escalonado que los trabajadores deberán recorrer antes de poder acceder a este «derecho» a cobrar el 60% de su salario.
· Primer mes de interrupción: el trabajador mantiene el 100% de su salario básico . Pero si la empresa no tiene combustible y no hay actividad, el empleado puede ser reubicado en tareas como la producción local de alimentos, la higienización de barrios o la atención a personas vulnerables . En la práctica, esto significa que un mecánico industrial podría terminar barriendo calles o cuidando ancianos, sin formación para ello, mientras suelda tuberías en el limbo laboral.
· Segundo mes sin solución: Si la entidad no puede reubicar al trabajador y la interrupción supera los dos meses consecutivos, el jefe de la empresa debe declarar al empleado como «trabajador disponible». A partir de ese momento, el salario se reduce al 60% .
Para que el trabajador cobre ese 60%, la empresa debe agotar todas las opciones de reubicación. Si la entidad financia el costo de la garantía, el jefe puede autorizarla tras consultar al sindicato. Si la nómina del empleado recae sobre el Presupuesto del Estado, la aprobación debe venir directamente del Consejo de Ministros . En un país donde la burocracia es una losa, conseguir ese permiso puede tardar meses, dejando al trabajador en un limbo sin ingresos.
El ministro Otamendiz fue explícito sobre las prioridades del régimen: «Siempre es preferible estar reubicado y cobrando el salario que estar interrupto y solo con el 60 % de los ingresos» . Pero la perversión del sistema es que, mientras los discursos oficiales insisten en la reubicación, la realidad es que las plazas disponibles en sectores estratégicos son limitadas, y la falta de inversión y divisas impide crear nuevos puestos de trabajo.
📉 Las cifras del desastre: más de 231.000 empleos perdidos
El Decreto 149 es la culminación de una hemorragia laboral que comenzó hace años. Los datos oficiales, citados en el propio análisis del decreto por CiberCuba, son reveladores:
· Población ocupada: cayó de 4.912.492 personas en 2020 a 4.680.928 al cierre de 2022, una reducción de más de 231.000 empleos.
· Desempleo oficial: aumentó de 66.196 a 84.700 personas en ese mismo período .
El salario medio estatal en 2025 fue de 6.930 pesos cubanos, equivalentes a unos 13 dólares en el mercado informal. El 60% de esa cantidad —aproximadamente 4.158 pesos o 7,80 dólares— es una cifra que difícilmente cubre las necesidades básicas de una familia cubana en medio de la inflación y la escasez generalizada . Para un trabajador que cobraba 2.100 pesos (el salario mínimo), el 60% se reduce a 1.260 pesos, unos 2,35 dólares al mes. Con eso no se compra ni una libra de pollo en el mercado negro.
El contexto en que se aprueba esta norma es de una brutalidad económica insostenible: los apagones superan las 20 horas diarias; la gasolina en el mercado negro cuesta hasta 6.000 pesos por litro; y el 88% de los hogares reporta dificultades para comprar alimentos .
A esta situación se suma la crisis de las navieras Hapag-Lloyd y CMA CGM, que han suspendido operaciones con Cuba, bloqueando la entrada de materias primas esenciales para la industria nacional y agravando aún más la parálisis industrial .
🏭 La cadena normativa del hundimiento
El Decreto 149 es el eslabón más reciente de una larga cadena normativa que refleja la decadencia del modelo laboral cubano. La cadena arranca en la Ley 116 (Código de Trabajo, 2013), pasa por el Decreto 326 de 2014, el Decreto 351 de 2018 y el Decreto 50 de 2021 . Cada nueva norma ha ido recortando derechos y abaratando el costo de la mano de obra para el Estado.
El propio ministro Otamendiz reconoció el 16 de mayo que la crisis de combustible ha provocado interrupciones laborales masivas en el sector estatal . La reubicación forzosa y el salario reducido son un síntoma de un sistema que ya no puede sostener su propia estructura. Mientras la industria se paraliza, la cúpula del Partido Comunista y los burócratas de alto rango siguen cobrando sus salarios completos y disfrutando de sus privilegios en medio del desierto productivo. La dictadura de Díaz-Canel ajusta tuercas a los de abajo mientras los de arriba siguen viviendo en una realidad paralela..