Al menos 5 menores de edad, entre los detenidos por el régimen cubano tras las protestas de marzo
Imagen/ Cubanet
Las manifestaciones antigubernamentales en Cuba dejan una estela de represión que alcanza a jóvenes de entre 15 y 16 años, acusados de delitos graves como «sabotaje» y amenazados con largas penas de prisión. Organizaciones de derechos humanos documentan más de 50 detenidos tras la ola de protestas que comenzó el 6 de marzo.
Un mes después de que estallara la mayor ola de protestas desde el 11 de julio de 2021, el régimen cubano mantiene una ofensiva represiva que ha alcanzado especialmente a los jóvenes. Organizaciones de derechos humanos han documentado la detención de al menos cinco menores de edad, algunos de ellos enfrentando acusaciones formales por «sabotaje», un delito que en el Código Penal cubano contempla penas de entre 7 y 15 años de prisión, y en circunstancias agravadas podría llegar hasta la cadena perpetua .
Las protestas, que comenzaron el 6 de marzo debido a los apagones de hasta 20 horas diarias y la grave escasez de alimentos y medicinas, se extendieron por varias provincias, siendo el punto más álgido la noche del 13 de marzo en Morón, Ciego de Ávila, donde cientos de manifestantes marcharon por la ciudad y un grupo intentó incendiar la sede local del Partido Comunista de Cuba (PCC) . Según Cubalex, hasta el 17 de marzo se habían registrado al menos 156 protestas y 47 detenciones en todo el país .
Los rostros de la represión juvenil
Entre los detenidos de menor edad se encuentran:
Kevin Samuel Echeverría (15 años): Este adolescente se convirtió en el símbolo más dramático de la represión. Según testimonios de vecinos y denuncias de organizaciones de derechos humanos, Kevin recibió un disparo en una pierna durante las protestas en Morón . La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) ha señalado a Orestes Espinosa Cepero, presunto informante de la Seguridad del Estado, como la persona que habría realizado el disparo . El adolescente se encuentra detenido, y su estado de salud ha sido motivo de preocupación entre activistas .
Jonathan David Muir Burgos (16 años): Detenido el 16 de marzo tras acudir con su padre, el pastor evangélico Elier Muir, a una citación policial en Morón . Su padre fue liberado horas después, pero Jonathan quedó preso. La Fiscalía Municipal de Morón lo ha imputado por el delito de sabotaje, una de las figuras penales más graves del Código Penal cubano .
El adolescente, que padece deshidrosis y otras afecciones cutáneas que requieren tratamiento constante, ha denunciado malas condiciones de reclusión. Durante su estancia en el Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) de Ciego de Ávila, durmió en el suelo para evitar un colchón infestado de chinches .
Según declaraciones de su padre, Jonathan se sumó a la protesta de Morón cuando pasó frente a su casa y caminó «unos 500 metros» acompañando a los manifestantes. «Fue para expresar su frustración y sufrimiento por tanta miseria, por la falta de lo básico para vivir», afirmó Elier Muir .
La familia presentó un recurso de habeas corpus que fue rechazado de plano por el Tribunal Provincial de Ciego de Ávila . Además, el menor fue trasladado hacia la prisión de Canaleta —un penal de máxima seguridad escenario de un motín en febrero— para formalizar su ingreso, aunque el procedimiento no pudo completarse porque no había electricidad en el centro, lo que obligó a su devolución al DTI .
Christian de Jesús Crespo Álvarez (16 años): Detenido el 18 de marzo por su presunta participación en las protestas de Morón. Las autoridades lo identificaron a través de videos y grabaciones captadas por transeúntes durante las manifestaciones . Su padre, Odelsis Crespo, explicó que cinco días después de las protestas lo citaron a presentarse ante las autoridades .
Otros dos menores de edad no identificados: Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), al menos otros dos adolescentes permanecen detenidos o sin confirmación de liberación tras las protestas de marzo .
La criminalización de la protesta social
El uso de la figura penal de «sabotaje» para procesar a menores de edad ha sido ampliamente criticado por organizaciones de derechos humanos. El abogado Raudiel Peña, vinculado a Cubalex, explicó que el uso de estas figuras penales responde a «una estrategia de criminalización de la protesta social mediante interpretaciones extensivas de la ley» .
Según el artículo 125 del Código Penal cubano, el delito de sabotaje se castiga con penas de entre siete y quince años de privación de libertad . El artículo 126 prevé un agravamiento de las condenas —de diez a treinta años de prisión, prisión perpetua o incluso la muerte— cuando en la comisión de estos hechos se ocasionen lesiones graves, se empleen medios especialmente peligrosos (como el fuego), se generen consecuencias graves o se ponga en riesgo la «seguridad colectiva» .
El congresista estadounidense Mario Díaz-Balart denunció la situación en redes sociales: «La represión del régimen en Cuba es cada vez más brutal, con más de mil presos políticos tras las rejas, incluidos menores de edad como Jonathan Muir Burgos» .
El patrón de represión mientras el régimen excarcela a otros
Paradójicamente, mientras el gobierno cubano anunciaba el 13 de marzo la excarcelación de 51 presos políticos —21 de ellos confirmados hasta la fecha— tras la intermediación del Vaticano, las detenciones de manifestantes se multiplicaban . El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que, entre el 13 y el 16 de marzo de 2026, se documentaron «al menos 35 acciones represivas, dirigidas contra manifestantes, periodistas, activistas, familiares de presos políticos y opositores», incluyendo 15 detenciones arbitrarias .
Hasta el momento, las organizaciones de derechos humanos han documentado al menos 51 detenidos en total desde el inicio de las protestas . Entre ellos se encuentran al menos 14 manifestantes de Morón .
Reacciones internacionales y llamado de alerta
La detención de menores de edad ha generado preocupación en organismos internacionales. Cuatro relatoras especiales de las Naciones Unidas enviaron una comunicación al Estado cubano expresando su preocupación por «un patrón sistemático de criminalización de la disidencia y el uso de la coerción, incluida la detención arbitraria y el exilio forzado, contra defensores de derechos humanos, activistas y artistas en Cuba» .
La Convención sobre los Derechos del Niño, de la que Cuba es Estado parte, establece que los menores de 18 años en conflicto con la ley deben ser tratados bajo un sistema de justicia especializado que priorice sus derechos y su desarrollo. Unicef sostiene que la detención debe utilizarse «únicamente como último recurso y por el menor tiempo posible, debido a sus efectos negativos en el desarrollo físico, mental y social» .
Organizaciones como Cubalex, Justicia 11J y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos continúan monitoreando la situación y documentando nuevas detenciones, mientras las familias de los menores detenidos esperan respuestas y denuncian la falta de información oficial sobre el paradero y la situación legal de sus hijos.