El régimen abre la puerta a las criptomonedas: 10 empresas autorizadas para operar con activos virtuales en medio de la asfixia financiera
Imagen/ ESIC
La Resolución 4/2026 del Banco Central de Cuba, publicada en Gaceta Oficial, concede permiso por un año a nueve mipymes y una empresa mixta para realizar pagos internacionales con criptomonedas. Entre las beneficiadas destaca Dofleini, cuyo presidente es el diputado Carlos Miguel Pérez Reyes, en un movimiento que evidencia la desesperación del gobierno por sortear el bloqueo financiero mientras la población se hunde en la oscuridad
En medio de la peor crisis energética de las últimas décadas, con apagones que superan las dos semanas consecutivas y un país sumido en protestas que ya han dejado heridos de bala y sedes del Partido Comunista incendiadas, el gobierno cubano ha dado un paso que parecía impensable hace apenas unos años: autorizó a un grupo reducido de empresas privadas a operar con criptomonedas para realizar pagos internacionales .
La Resolución 4/2026, firmada por la presidenta del Banco Central de Cuba, Juana Lilia Delgado Portal, y publicada el pasado 23 de marzo en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 46, concede a diez entidades —nueve mipymes y una empresa mixta— el permiso para utilizar activos virtuales en transacciones transfronterizas vinculadas a su actividad comercial .
Las autorizadas: nombres que hablan por sí solos
Entre las empresas beneficiadas figuran:
· Dofleini: la primera mipyme creada en Cuba, dedicada al desarrollo de software y presidida por Carlos Miguel Pérez Reyes, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular .
· Ingenius Tecnologías, de soluciones informáticas.
· La Calesa Real, del sector gastronómico.
· La Meknica, dedicada al transporte.
· Cema Soltec, de tecnología de la información.
· El Asadito, gastronomía.
· Pasarela Digital SURL, soluciones digitales.
· ARA.
· DQ Dasqom SURL, programación informática.
· Productos Sanitarios S.A. (PROSA) , la única empresa mixta de la lista .
La lista no es casual. El diputado Pérez Reyes, al frente de Dofleini, encabeza una de las empresas tecnológicas más exitosas del nuevo ecosistema privado cubano. Su presencia en la lista sugiere que la autorización responde más a conexiones políticas que a una necesidad real de todas las empresas beneficiadas.
¿Qué permite realmente la resolución?
El texto oficial establece que las entidades autorizadas podrán usar activos virtuales exclusivamente para «realizar pagos transfronterizos» vinculados a su objeto social . Queda prohibido cualquier otro uso de las criptomonedas, que deberá ser autorizado de manera expresa en cada caso .
Pero las restricciones no terminan ahí. Las operaciones de compra, venta, transferencia y custodia de los activos virtuales solo podrán realizarse a través de «proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) autorizados por el Banco Central» . Es decir, las empresas no podrán operar libremente con sus criptomonedas, sino que deberán hacerlo a través de intermediarios controlados por el Estado .
Además, las entidades están obligadas a presentar reportes trimestrales al Banco Central con un resumen detallado de todas sus operaciones, incluyendo montos, tipos de activos utilizados y plataformas empleadas .
Una autorización temporal y revocable
El permiso tiene una vigencia inicial de un año, contado a partir de la firma de la resolución. Las empresas podrán solicitar su prórroga si lo hacen con al menos 60 días de antelación a su vencimiento .
Pero el texto es claro en cuanto a las consecuencias de incumplir las condiciones: «el incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en esta autorización o de las normas aplicables, dará lugar a la revocación inmediata de la misma, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar» .
En otras palabras: una infracción, y el permiso desaparece.
El contexto: una economía que busca oxígeno donde sea
La medida no ocurre en el vacío. Cuba enfrenta una crisis financiera agravada por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos desde enero, que ha dejado a la isla tres meses sin recibir combustible . Más de 30 bancos extranjeros han cortado relaciones con Cuba tras la imposición de listas de entidades restringidas por parte del gobierno estadounidense .
En este contexto, las criptomonedas se presentan como una vía de escape: permiten sortear el sistema financiero internacional bloqueado y realizar pagos a proveedores en el exterior sin depender de los canales bancarios tradicionales .
El Banco Central de Cuba ya había establecido en agosto de 2021, mediante la Resolución 215, el marco legal para el uso de activos virtuales en el país, aunque siempre bajo estricto control estatal . En abril de 2022, se autorizó a personas jurídicas a operar con criptomonedas, pero siempre con licencia expresa del BCC . Lo que hace ahora la Resolución 4/2026 es aplicar ese mecanismo de autorización previa a un grupo concreto de empresas .
Las críticas: «Es lavado de dinero al descaro»
Las reacciones no se hicieron esperar. En el Diario de Cuba, un comentario fue especialmente contundente: «Eso es lavado de dinero al descaro. Ahora se quieren cripto-singar a los que se atrevan a correr riesgo y de paso lavar todos los narco-dólares de sus aventuras en Letrinoamérica» .
Otro usuario fue más irónico: «Que buen chiste, los estafadores siguen buscando nuevas formas de timar a inversionistas, proveedores y acreedores» .
Las críticas apuntan a una contradicción que los cubanos conocen bien: mientras el régimen persigue en las calles a quienes protestan por la falta de luz y comida, en los despachos oficiales se diseñan esquemas para que los empresarios conectados puedan mover sus capitales fuera del país sin que el Estado pierda el control .
La paradoja de la «soberanía financiera»
El gobierno cubano ha intentado vender esta medida como un paso hacia la «soberanía financiera» y la modernización de la economía. Pero la realidad es que se trata de una apertura tan limitada como controlada, que beneficia a un puñado de empresas vinculadas al poder mientras la mayoría de los cubanos sigue sin poder acceder ni siquiera a efectivo para comprar lo básico.
Las propias condiciones de la resolución lo dejan claro: no se trata de una liberalización del mercado de criptomonedas en Cuba, sino de una autorización puntual para diez empresas seleccionadas, que deberán operar bajo la estricta supervisión del Banco Central y a través de proveedores autorizados por el Estado .
Mientras tanto, en las calles de La Habana, los calderos siguen sonando. En los hospitales, los pacientes oncológicos esperan radioterapias que no pueden realizarse por falta de electricidad. En las colas de los bancos, los ancianos esperan desde la madrugada para cobrar pensiones que no alcanzan para un litro de aceite.
Pero al menos diez empresas, una de ellas presidida por un diputado, podrán ahora mover sus activos en criptomonedas. Porque cuando el barco se hunde, siempre hay quien se sube a un bote salvavidas. Y en Cuba, esos botes tienen nombres y apellidos.