A partir del 20 de abril de 2026, los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Florida, más conocido como cupones de alimentos, deberán adaptarse a nuevas restricciones que prohíben la compra de refrescos azucarados, bebidas energéticas, dulces y postres ultraprocesados.
Supermercado Florida/Cibercuba
La medida, según las autoridades estatales, busca que los fondos se destinen a productos más nutritivos, permitiendo únicamente aguas saborizadas naturales, jugos con más del 50 % de fruta o menos del 5 % de azúcar, café, té, bebidas deportivas y panadería fresca.
La decisión se enmarca en un esfuerzo por alinear a Florida con otros estados que ya han impuesto límites similares y pretende fomentar hábitos de consumo más saludables entre los beneficiarios.
Sin embargo, la medida ha generado preocupación entre organizaciones comunitarias y beneficiarios, que advierten que podría complicar la adquisición de alimentos accesibles para familias de bajos recursos.
El Programa SNAP representa la red de seguridad alimentaria más importante de Estados Unidos, con más de 40 millones de personas beneficiadas.
A través de tarjetas de débito precargadas, las familias adquieren productos básicos en supermercados y tiendas autorizadas. Las recientes restricciones se suman a otros cambios implementados desde septiembre pasado, que modificaron la elegibilidad y los requisitos para mantener los beneficios.
Otros cambios relacionados con los cupones de alimentos que ya entraron en vigor en Florida
Desde septiembre pasado, los adultos sin dependientes entre 16 y 59 años deben demostrar al menos 80 horas al mes de trabajo, voluntariado o participación en programas de capacitación, bajo riesgo de perder los beneficios después de tres meses en un período de tres años si no cumplen con la norma.
Existen excepciones para quienes trabajan más de 30 horas semanales, padres o cuidadores principales de niños menores de seis años, personas con discapacidad, estudiantes a medio tiempo o participantes en programas de tratamiento de adicciones.
No obstante, las familias deben ajustarse a verificaciones estrictas, que dependen de la interpretación estatal.
Un estudio del Urban Institute compartido en esa fecha señaló que los impactos económicos de esas reformas pueden ser significativos.
Según el texto, de las 22.3 millones de familias cubiertas por SNAP, aproximadamente 5.3 millones perderían al menos 25 dólares mensuales, con un recorte promedio de 146 dólares al mes.
Por otra parte, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) advirtió que hasta 2.4 millones de personas podrían perder sus beneficios mensuales, incluyendo familias con niños.
El cambio en los hábitos de consumo es otra consecuencia esperada.
Muchas familias podrían optar por supermercados de bajo costo para maximizar cada dólar, mientras que grandes cadenas comerciales podrían ver descender sus ventas.
Analistas apuntaron que era el ajuste más fuerte en la historia del programa, diseñado por la ley tributaria considerada por el presidente Donald Trump como su «One Big Beautiful Bill», aunque para expertos en políticas sociales representó un duro recorte que afecta a sectores más vulnerables.
El debate generado por la medida puso sobre la mesa la tensión entre incentivar la participación laboral y proteger a quienes enfrentan barreras económicas para mantener un empleo estable.
Mientras los defensores argumentaban que se trata de motivar la integración al mercado laboral, críticos denunciaron que se penaliza a las familias más necesitadas en un contexto económico complejo, donde las horas de trabajo disponibles y los ingresos son limitados.