Revelan que Trump destinó al menos $40 millones para deportaciones a terceros países.
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Un nuevo informe elaborado por legisladores demócratas en el Congreso de Estados Unidos ha puesto en evidencia que la administración del presidente Donald J. Trump destinó al menos 40 millones de dólares para financiar deportaciones de inmigrantes desde Estados Unidos hacia países terceros, como parte de su política migratoria cada vez más restrictiva, según un reportaje publicado por El Nuevo Herald.
De acuerdo con el documento, este gasto fue identificado en registros oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y cubre contratos, pagos a empresas privadas, apoyo logístico y servicios relacionados con la expulsión de inmigrantes a naciones no directamente vinculadas a sus países de origen.
Deportaciones a países no relacionados con la nacionalidad del migrante
La práctica, según el informe demócrata, incluyó el envío de inmigrantes hacia terceros países con los cuales Estados Unidos no tiene acuerdos claros de readmisión, una estrategia que ha generado preocupaciones en materia de derechos humanos y legalidad internacional.
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Entre los países señalados en el análisis se encuentran diversas naciones de América Latina y el Caribe, además de otras regiones, que actuaron como puntos intermedios de deportación, aun cuando muchos de los migrantes tenían vínculos legales, familiares o comunitarios con Estados Unidos.
Miembros demócratas del Congreso criticaron duramente el uso de recursos públicos para financiar estas operaciones, calificándolas de “costosas, ineficaces y contrarias a los principios humanitarios que deben guiar las políticas migratorias”. El informe denuncia que estos gastos representan un desvío de fondos que podrían haberse utilizado para fortalecer sistemas de acogida, procesamiento legal de solicitantes de asilo, o apoyo a comunidades migrantes dentro del país.
La representante Alexandria Ocasio-Cortez cuyo nombre ha sonado en varios medios como vocero crítico de las políticas migratorias describió la práctica como “un ejemplo de la falta de prioridades humanas en una administración que observa a los migrantes como un problema más que como personas que buscan seguridad y oportunidades”.
Esta revelación se suma a otras medidas emprendidas por la administración Trump para endurecer las fronteras de Estados Unidos, tales como:
- La ampliación de las deportaciones aceleradas sin audiencia judicial en muchos casos
- La cancelación o restricción de programas de protección temporal
- El aumento de expulsiones a pesar de la pandemia
- La pausa y revisión de solicitudes de residencia y ciudadanía para ciudadanos de países señalados como “alto riesgo”
Organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado que estas medidas, combinadas con la práctica de deportar a terceros países, violan principios internacionales y dejan a los migrantes en condiciones de vulnerabilidad extrema, particularmente en regiones donde hay altos índices de inseguridad.
¿Qué significa enviar deportados a terceros países?
Tradicionalmente, las deportaciones implican devolver a un inmigrante a su país de origen. Sin embargo, el informe del Congreso revela que, bajo la política de Trump, algunos migrantes fueron enviados a países distintos a su nacionalidad, lo que complica aún más su situación legal y de protección.
Esta práctica no sólo genera inquietud entre defensores de derechos humanos, sino que también ha elevado el costo de las operaciones migratorias, incluyendo gastos de transporte, alojamiento temporal en terceros países y pagos a terceros proveedores de servicios logísticos.
El debate por este informe se ha trasladado al pleno del Congreso, donde demócratas han reclamado mayor transparencia en el uso de recursos federales y una reevaluación de las políticas migratorias, mientras que voces republicanas han defendido estas acciones como parte de una estrategia firme para “asegurar la soberanía de la frontera y el orden migratorio”.
Por ahora, el Gobierno de Trump no ha emitido una respuesta oficial detallada al informe demócrata, aunque portavoces han reiterado en varias ocasiones que sus políticas migratorias buscan proteger la seguridad nacional y controlar el flujo migratorio hacia Estados Unidos.