Tribunal de Santiago de Cuba sanciona con cadena perpetua a tres implicados en brutal asesinato.
El Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba dictó sanción de privación perpetua de libertad contra tres ciudadanos hallados culpables del delito de asesinato, tras un juicio calificado como ejemplarizante por las autoridades judiciales.
Captura Facebook/ Fiscalía Provincial Santiago de Cuba
De acuerdo con la información divulgada por la Fiscalía Provincial, los hechos ocurrieron cuando los acusados planificaron el robo de una motocicleta con el propósito de vender sus piezas en el mercado ilegal. Para ejecutar el crimen, se reunieron en las inmediaciones de la Sala Polivalente Alejandro Urgellés, una zona oscura y alejada de las viviendas.
Imagen: Fiscalia Provincial Santiago de Cuba
Según la investigación, uno de los implicados asumió funciones de vigilancia, mientras los otros dos se dirigieron hacia las cercanías de la Plaza de la Revolución Antonio Maceo en busca de una víctima. Allí interceptaron a un motorista y le solicitaron una carrera hasta el punto donde supuestamente los esperaba un tercero.
Durante el trayecto, los agresores atacaron a la víctima con un arma blanca. Uno de ellos, ubicado detrás del conductor, le propinó una puñalada en la región abdominal que le perforó órganos vitales como el hígado, el riñón derecho y el colon. Posteriormente, entre ambos le infligieron alrededor de 27 heridas, causándole la muerte en el lugar.
Tras cometer el crimen, el vigilante huyó con la motocicleta hasta un sitio donde fue desarmada para su posterior comercialización por piezas. En un registro realizado en la vivienda de los implicados, las autoridades ocuparon partes del vehículo y otras pertenencias del fallecido.
Imagen: Fiscalía Provincial Santiago de Cuba
Durante el juicio oral, el fiscal solicitó la sanción de cadena perpetua, petición que fue acogida por el tribunal luego de la práctica de las pruebas. Además, se impuso la sanción accesoria de privación de derechos.
Los hechos fueron tipificados como delito de asesinato, conforme al artículo 344 incisos a) y m) del Código Penal (Ley 151/22), y los acusados fueron considerados coautores del crimen, según lo establecido en el artículo 20.1.2 c) de la misma norma jurídica.
Las autoridades señalaron que durante la tramitación del proceso se respetaron las garantías procesales y el debido proceso reconocido en la Constitución de la República y en la Ley del Proceso Penal. Tanto los sancionados como la Fiscalía tienen derecho a interponer los recursos legales correspondientes contra la decisión del tribunal.
Este caso ha sido presentado como un ejemplo de la severidad con que se enfrentan los delitos violentos en el país, en medio de un contexto de creciente preocupación social por los hechos de sangre y la criminalidad asociada al robo y al mercado ilícito.