Sancionan a dos funcionarias en Cárdenas por malversación de fondos públicos
Foto: Periódico Girón / Facebook
Detalles del caso de malversación en Cárdenas
De acuerdo con las pruebas presentadas en el juicio oral y público, la acusada A, quien se desempeñaba como directora municipal de vivienda, concertó un contrato irregular con un trabajador por cuenta propia (TCP) para la rehabilitación del edificio multifamiliar conocido como «el edificio del Transporte», ubicado en el Reparto 13 de Marzo.
El contrato omitió elementos esenciales como:
- Licitación previa
- Objeto claro de la obra
- Responsable del suministro
- Representantes legales de ambas partes
- Garantías y cronogramas de ejecución
- Documentación oficial de aceptación y materiales
Aunque el inmueble presentaba severos daños estructurales, no se ejecutó ninguna acción constructiva para su rehabilitación. Sin embargo, la exdirectora ordenó el pago por un monto superior a 531 mil pesos cubanos, como si el trabajo hubiera sido realizado correctamente.
Por su parte, la acusada B, ex inversionista responsable de verificar la calidad de la obra, no exigió el expediente ni supervisó las labores en el lugar. No obstante, certificó la calidad y finalización de los trabajos, facilitando el pago indebido.
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Sanciones y repercusiones legales
El Tribunal declaró a la exdirectora autora principal del delito y a la ex inversionista como partícipe, aplicándoles penas conforme al Artículo 297 del Código Penal cubano. Las sanciones dictadas fueron:
- Cinco años de privación de libertad para la exdirectora.
- Cuatro años de privación de libertad, con posibilidad de trabajo correccional sin internamiento, para la ex inversionista.
Además, se les prohibió ejercer cargos o profesiones que involucren manejo de recursos materiales y financieros.
Durante la investigación, los familiares repusieron la totalidad del dinero malversado, por lo que la Dirección Municipal de Vivienda no sufrió afectación patrimonial.
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Sancionan a dos funcionarias en Cárdenas: Derecho a recursos judiciales y contexto social
El fallo respeta los derechos constitucionales y legales de las acusadas, quienes, junto con el fiscal, podrán presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo Popular si no están conformes con la sentencia.
El presidente del tribunal destacó la gravedad social de este tipo de hechos en la actualidad, por afectar el presupuesto estatal y la confianza en la administración pública.