Una vez más sancionan a ciudadano por tráfico de drogas en La Habana. Estas son noticias que no eran muy común en tiempos atrás en medios del Gobierno cubano. Pero la realidad se hace cada vez más visible y dura.
Se puede caminar a cualquier hora del día por las calles de cualquier avenida principal de La Habana u otra ciudad en el país, y de momento ver un comportamiento raro en alguna persona, que por lo general es joven, y es el resultado del consumo de droga. Ahora también tenemos que enseñarle a nuestros hijos pequeños, “cuidado…eso es…” explicarles. Esto es cada vez una sociedad menos digna para nuestros hijos, nuestros sobrinos, nietos…hasta cuándo, o cuánto más perdemos como comunidad humana.
Tribunal de La Habana: sancionan por tráfico de drogas
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En este caso se sanciona a ciudadano por tráfico de drogas, con una pena ejemplarizante de 15 años de privación de libertad a José Alberto Ducá Valón, quien fue encontrado culpable del delito de tráfico de drogas al trasladar y comercializar cocaína y cannabinoides sintéticos entre Santiago de Cuba y la capital.
La condena, dictada el 22 de septiembre de 2025, incluyó sanciones accesorias como la prohibición de salida del país y el decomiso de bienes vinculados al delito.
Este caso se suma a otros recientes juicios ejemplares en La Habana donde sanciones de entre 15 y 20 años han sido aplicadas a ciudadanos implicados en tráfico ilícito de drogas, principalmente cocaína.
Estas resoluciones, como la de mayo de 2025 que castigó a tres acusados con penas similares, evidencian el enfrentamiento legal riguroso que mantiene el Estado cubano contra el narcotráfico interno.
La realidad tras las cifras judiciales es un preocupante aumento del consumo de drogas, especialmente entre los jóvenes cubanos, donde el problema ha adquirido dimensiones sociales y sanitarias alarmantes.
No basta con sancionar por tráfico de drogas, hay que hacer más
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En particular, la aparición y rápida difusión del llamado «químico», o cannabinoide sintético, ha provocado una crisis inédita. Esta droga barata, altamente adictiva y más potente que la marihuana, está causando estragos en jóvenes desde barrios marginados hasta profesionales y artistas.
El «químico» tiene un bajo costo estimado en 100 pesos cubanos (alrededor de 25 centavos de dólar), lo que facilita su acceso masivo en un contexto socioeconómico complicado para la mayoría de la población. Jóvenes como Josué Ángel Espinosa, quien llegó a fumar hasta 15 cigarrillos diariamente, describen la dependencia total y los graves daños físicos y psicológicos que genera esta sustancia.
Las autoridades cubanas han respondido con medidas legales y judiciales estrictas. El Tribunal Supremo Popular también emitió en julio de 2025 un dictamen con precisiones para juzgar los delitos asociados al «químico» y otras drogas, contemplando penas que oscilan entre 10 y 30 años de privación de libertad dependiendo de la gravedad del caso. Este marco legal busca disuadir y castigar con rigor la comisión de delitos relacionados con el tráfico, posesión y consumo de estupefacientes.
A pesar de estas sanciones ejemplares, el reto sigue siendo enorme. Los factores que favorecen el consumo —como la crisis económica, la falta de oportunidades y la vulnerabilidad social— requieren respuestas integrales más allá de la persecución penal.
Hay testimonios de rehabilitación y esfuerzos comunitarios impulsados por grupos religiosos y sociales, que intentan rescatar a jóvenes atrapados en esta problemática que poco a poco va rompiendo con la hasta ahora baja tradicional prevalencia de drogadicción en Cuba.
El auge del «químico» y el tráfico de drogas en Cuba plantea una compleja encrucijada que afecta a todas las generaciones. La juventud cubana, antes protegida por un entorno de bajo consumo, hoy se ve afectada por una droga que produce dependencia rápida y daños severos. La respuesta social y jurídica debe actualizarse para ir más allá del castigo, fomentando herramientas educativas, de prevención y reinserción.
Este caso reciente en La Habana no es un hecho aislado, sino un síntoma de una problemática multifacética. La política de tolerancia cero en materia de drogas debe ir acompañada de una mirada amplia que atienda las causas sociales y permita la recuperación de las víctimas. El futuro de muchas familias cubanas depende de ello.