Régimen cubano impone hasta cadena perpetua y pena de muerte por delitos contra el sistema electroenergético
Imagen/ Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba
Las autoridades han advertido que los robos, hurtos o daños a infraestructuras críticas para la generación eléctrica serán procesados como «sabotaje», un delito tipificado en el artículo 125 del Código Penal, que contempla sanciones máximas de hasta 30 años de prisión, cadena perpetua o incluso la pena de muerte en circunstancias agravadas. Mientras el país enfrenta apagones de hasta 20 horas diarias, la decisión ha sido recibida con escepticismo por una población que señala la corrupción y la falta de mantenimiento como las verdaderas causas del colapso energético.
En medio de la peor crisis energética que ha enfrentado Cuba en décadas, con apagones que han dejado a millones de personas sin electricidad durante semanas y una ola de protestas que ya ha dejado heridos de bala y sedes del Partido Comunista incendiadas, el régimen de Miguel Díaz-Canel ha decidido endurecer las penas contra quienes atenten contra el sistema eléctrico. El Tribunal Supremo Popular (TSP) emitió el Dictamen número 475, de 23 de mayo de 2025, en el que reafirma que los hechos ilícitos que afectan a infraestructuras críticas del país incurren en el delito de sabotaje .
El artículo 125 de la Ley No. 151, Código Penal (22 de mayo de 2022), establece sanciones de siete a quince años de privación de libertad para quien, con el propósito de impedir u obstaculizar el normal uso o funcionamiento, destruya, altere, dañe o perjudique los medios, recursos, edificaciones, sistemas, instalaciones o unidades socioeconómicas o militares destinadas a garantizar las fuentes energéticas y de transmisión de energía, entre otras infraestructuras críticas .
De los tornillos a la pena capital: la nueva severidad del régimen
La norma se vuelve especialmente severa cuando estos actos derivan en consecuencias de especial gravedad. Según el artículo 126 del Código Penal, cuando en la ejecución de tales actos se ocasionan lesiones graves o la muerte de alguna persona; se utilizan el fuego, sustancias, materias o instrumentos inflamables, explosivos, agentes químicos o biológicos, u otros medios capaces de producir consecuencias graves; se producen consecuencias graves, cualquiera que sea el medio utilizado; se pone en peligro la seguridad colectiva; o los bienes afectados pertenecen a las reservas materiales, la sanción prevista discurre de diez a treinta años de privación de libertad, privación perpetua de libertad o muerte .
La prensa oficial ha citado casos concretos para ilustrar la aplicación de estas medidas. En el municipio de Jovellanos, provincia de Matanzas, varias personas fueron procesadas por el robo de tornillos de un parque de paneles solares, un hecho que las autoridades calificaron como un acto de sabotaje al programa energético del país . Según los datos oficiales, entre enero-diciembre de 2025 y el primer trimestre de 2026, las salas de los Delitos contra la Seguridad del Estado de los tribunales provinciales populares impusieron al 100% de las personas juzgadas condenas de privación de libertad superiores a los diez años, así como accesorias consistentes en la prohibición de frecuentar lugares, el comiso, la confiscación de bienes, la prohibición de salida del territorio nacional con sujeción al pago de la responsabilidad civil, entre otras .
El contexto: un sistema eléctrico colapsado que el régimen no puede reparar
El anuncio de estas medidas se produce mientras el sistema eléctrico cubano se encuentra al borde del colapso. Las siete centrales termoeléctricas principales del país tienen entre 35 y 50 años de antigüedad, y operan con una tasa de disponibilidad del 35-45%, cuando el estándar internacional supera el 80%. Entre 2019 y 2024, el sector energético recibió menos del 10% de las inversiones estatales, mientras el turismo acaparó el 40% .
La situación se ha agravado con el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos. El pasado 29 de enero, Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14380, que amenaza con imponer aranceles a cualquier país que venda petróleo a Cuba. Como resultado, Cuba acumuló tres meses sin recibir combustible, hasta la llegada del petrolero ruso Anatoly Kolodkin a finales de marzo . El viceministro primero de Energía y Minas, Argelio Abad Vigoa, reconoció la semana pasada que, incluso con combustible, Cuba seguiría sufriendo apagones de entre 400 y 600 MW en las horas pico debido al estado obsoleto de sus centrales termoeléctricas .
El escepticismo popular: «No son los tornillos, es la Guiteras»
Mientras las autoridades apuntan al sabotaje como una de las causas de los apagones, la población muestra un creciente escepticismo. En los comentarios de las publicaciones oficiales en redes sociales, los usuarios han expresado dudas sobre la efectividad de estas medidas y han señalado otras causas estructurales del colapso energético.
«Una bicicleta se poncha menos que la caldera de la Guiteras, tanto lío con el petróleo y resulta que ahora el problema son las termoeléctricas», comentó un usuario en respuesta a una publicación de la Unión Eléctrica . «No son los tornillos, es la falta de mantenimiento de décadas», escribió otro.
La referencia a la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor unidad de generación del país, es recurrente. El pasado lunes, la planta salió de servicio a las 3:00 a.m. debido a una «ponchadura en la caldera», la enésima avería que sufre esta instalación inaugurada en 1988 y cuya reparación capital lleva 16 años postergada . La rotura del principal bloque energético de la isla mantendrá fuera de circulación a la planta «al menos 72 horas», según estimaciones de la UNE.
Entre el sabotaje y la negligencia: un debate que el régimen no quiere tener
La decisión del Tribunal Supremo Popular ha sido recibida con opiniones divididas. Mientras algunos sectores respaldan la mano dura contra quienes roban componentes del sistema eléctrico, otros señalan que las verdaderas causas del colapso energético son la desinversión, la corrupción y la falta de mantenimiento.
Un comentario en la página oficial del periódico Granma refleja esta postura: «Si todas las leyes, decretos y más que tiene el País se cumplieran, no pasaba esto. Existe mucha impunidad y blandenguería. Además, todo, todo, desde que comienza a ejecutarse tiene que tener seguridad y cuando no sea así, tiene que haber un responsable del por qué no se cumplió, a ese, aplicarle todo el peso de la ley» .
Otro usuario fue más directo: «Deberían endurecer también las penas contra la corrupción que está golpeando fuertemente a la población y los altos precios» .
El régimen, por su parte, insiste en la narrativa del sabotaje como una forma de desviar la atención de las causas estructurales de la crisis. En sus comunicados oficiales, las autoridades vinculan sistemáticamente estos actos con el «recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y energético impuesto por Estados Unidos», presentando a quienes roban componentes del sistema eléctrico como «enemigos internos» que actúan al servicio de potencias extranjeras .
El precedente de la represión a protestas pacíficas
El endurecimiento de las penas contra el sabotaje al sistema eléctrico se produce en un contexto de creciente represión contra las protestas ciudadanas. En enero de 2026, el Tribunal Provincial Popular de Villa Clara condenó a varios jóvenes a penas de entre 5 y 8 años de prisión por participar en una protesta pacífica tras un apagón en Encrucijada, donde los manifestantes se limitaron a tocar calderos y gritar «queremos corriente» .
La sentencia, emitida por la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado, calificó estos actos como «desórdenes públicos», un delito que, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), se utiliza para criminalizar cualquier expresión de disconformidad ciudadana .
El OCDH denunció que, en el caso del intelectual opositor José Gabriel Barrenechea Chávez, condenado a 6 años de prisión, el tribunal violó derechos humanos fundamentales al negarle la posibilidad de despedirse de su madre, de 84 años, que falleció en mayo de 2025 aquejada de cáncer metastásico. El jefe de la prisión La Pendiente, en Santa Clara, había respondido a la solicitud de visita humanitaria: «El hijo verá a su madre cuando se muera» .
Lo que viene: una escalada represiva en medio de la crisis
Con el dictamen del Tribunal Supremo Popular, el régimen cubano envía un mensaje claro: cualquier acto que afecte al sistema eléctrico, desde el robo de un panel solar hasta la protesta pacífica por un apagón, será tratado con la máxima severidad. Las penas, que incluyen la cadena perpetua y la pena de muerte, sitúan a Cuba entre los países con las legislaciones más duras del mundo en materia de delitos contra infraestructuras críticas.
Pero para muchos cubanos, la pregunta sigue siendo la misma: ¿de qué sirve endurecer las penas si las termoeléctricas siguen rompiéndose, el combustible no llega y los apagones no cesan? Mientras el régimen busca chivos expiatorios, la población sigue esperando respuestas que, por ahora, no llegan.
Como escribió un usuario en redes sociales: «No son los tornillos, es la Guiteras. Y la Guiteras no la van a reparar metiendo en la cárcel a quienes roban cables. La van a reparar invirtiendo los miles de millones que durante décadas se han desviado a otros sectores». Esa, al final, es la verdad que el régimen no quiere escuchar.