La más reciente decisión del gobierno cubano de implementar un nuevo sistema de gestión, control y asignación de divisas no es una reforma audaz ni una solución estructural, sino la última maniobra de un régimen desesperado por sostener un modelo económico que ha demostrado ser incapaz de responder a décadas de crisis acumuladas.
Esta medida, publicada en la Gaceta Oficial y defendida por las autoridades, pretende “incrementar los ingresos en moneda extranjera y lograr un uso más eficiente de los mismos”, según los voceros oficiales.
Sin embargo, un análisis crítico muestra que la medida no atiende las causas profundas de la debilidad estructural de la economía, sino que busca reforzar un control estatal que ha fracasado en atraer inversión, frenar la inflación y estabilizar el valor del peso cubano frente al dólar.
Un decreto-ley que formaliza la dolarización sin resolver la crisis
El decreto-ley 113, junto con normas del Ministerio de Economía y Planificación (MEP) y el Banco Central de Cuba (BCC), establece cómo se debe administrar, controlar y asignar la divisa extranjera dentro de la economía cubana.
La medida abre la puerta a transacciones en dólares y otras monedas para personas jurídicas y naturales vinculadas a actividades productivas específicas, algo que el gobierno reconoce como un reto frente a la dolarización de facto que ya existía en la práctica.
Sin embargo, este procedimiento no corrige las fallas que han llevado al país a un mercado cambiario disfuncional, con múltiples tasas y brechas enormes entre el valor oficial y el real de la moneda.
La medida no ofrece mecanismos claros para unificar tasas, ni presenta un plan creíble para fortalecer la moneda nacional. Por el contrario, muchos economistas ya advertían que el programa económico del gobierno no resolvería la crisis cambiaria por simple reconocimiento sin acciones contundentes.
Más divisas, pero sin confianza ni libertad económica
CNN en Español
El discurso oficial sostiene que este sistema estimulará las exportaciones, la sustitución de importaciones y un acceso legal y eficaz a las divisas. No obstante, en la práctica lo que se observa es un refuerzo de un esquema donde los recursos se siguen manejando bajo una lógica centralizada, sin transparencia ni participación real del sector privado o emprendedor independiente.
Mientras tanto, en el mercado informal —el verdadero termómetro de la economía cubana— el dólar ha alcanzado cifras históricas frente al peso, reflejo del desbalance entre oferta y demanda de divisas y la pérdida de valor de la moneda nacional.
Esta realidad contrasta con las promesas gubernamentales de que un nuevo sistema “hará más eficiente” el uso de divisas.
Según refiere el sitio oficialista Cubadebate, la norma define qué segmentos de la economía pueden operar en divisas y qué actores participarán en esa actividad. El objetivo central es “lograr el desarrollo de todas las fuerzas productivas con independencia de su actuar económico y régimen de propiedad: empresas estatales, privadas, extranjeras y mixtas”.
De igual manera la presidenta del Banco Central de Cuba, Juana Lilia Delgado Portal explicó que se asignarán divisas a “actores económicos sujetos al plan de la economía que no las generan, pero las requieren para actividades económicas priorizadas”.
Agregó que este mecanismo sustituye a las antiguas “cuentas con capacidad de liquidez (CL)” y tiene una diferencia fundamental: “Cuando estas [autorizaciones] se asignen es porque existe la seguridad de que están respaldadas por fondos que la caja central pone a disposición”.
“Ese actor económico opera en pesos cubanos, por tanto, cuando reciba esa autorización, debe comprar esas divisas”, añadió.
Las grietas de la reforma: entre la realidad y el discurso
Este nuevo sistema no se presenta en vacío. Es parte de un intento de “transformar” el mercado cambiario y corregir distorsiones económicas anunciadas en programas oficiales. Pero su enfoque limitado, orientado a asignar divisas sin desmantelar los mecanismos que han producido inflación y fuga de capitales, lo convierte en un parche más que en una reforma.
El gobierno insiste en evitar la unificación cambiaria y en mantener múltiples tasas, en lugar de permitir una libre formación de precios que refleje la realidad del mercado. Esto no hará otra cosa que reproducir las mismas tensiones que han azotado la economía: escasez de bienes, poder adquisitivo menguante, y un peso cubano cada vez más devaluado.
Impactos sociales: la economía del pueblo en peligro
La población cubana vive los efectos palpables de esta crisis cambiaria: la escasez de productos básicos, la inflación reprimida y el deterioro del poder adquisitivo han convertido la vida cotidiana en una lucha constante, con remesas y dólar informal como salvavidas para muchos hogares.
Lejos de aliviar estas cargas, el nuevo sistema de divisas —al reforzar mecanismos de control centralizados— corre el riesgo de profundizar la desigualdad entre quienes tienen acceso a moneda extranjera y quienes dependen exclusivamente de salarios en pesos. Es una receta que refuerza el statu quo político, pero excluye soluciones económicas verdaderamente transformadoras.
¿Reforma real o ilusión?
El nuevo sistema de gestión, control y asignación de divisas de Cuba no es una panacea ni una salida estructural. Representa un intento más del régimen por sostener un modelo económico incapaz de responder a los desafíos presentes y sin voluntad de introducir cambios significativos que impliquen apertura real, transparencia o mercado libre.
Hasta que no se aborden las raíces de la crisis —incluso reconociendo el fracaso del modelo centralizado y la necesidad de una verdadera liberalización económica— las medidas como estas solo servirán para mantener a flote un sistema que se hunde lentamente, mientras la población continúa pagando el precio de décadas de mala gestión y autoritarismo económico.