La nueva ley de empresas mixtas en Cuba: ¿apertura económica o «domesticación» del sector privado bajo control estatal?
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El gobierno de Díaz-Canel autoriza por primera vez las alianzas entre empresas estatales y privadas, pero economistas y empresarios advierten que la norma mantiene el control absoluto del Estado y podría ser una herramienta para «absorber» a los actores privados exitosos
En un movimiento sin precedentes en casi seis décadas de revolución, el gobierno cubano publicó el pasado 3 de marzo en la Gaceta Oficial el Decreto-Ley 114/2025, que establece por primera vez un marco jurídico para las asociaciones entre empresas estatales y actores privados . La norma, que entrará en vigor en abril, permite la creación de «sociedades mixtas de responsabilidad limitada» (S.R.L. mixtas) y regula mecanismos como la adquisición de acciones privadas por parte del Estado o incluso la absorción de empresas privadas por entidades estatales .
La medida ha sido presentada por las autoridades como una respuesta a la profunda crisis económica que atraviesa el país, agravada por el bloqueo energético de Estados Unidos que ha paralizado sectores enteros de la economía . Pero entre economistas y empresarios privados, el escepticismo predomina. Lo que unos llaman «apertura», otros lo definen como un intento de «domesticar» al pujante sector privado que hoy representa el 15% del PIB y emplea a más del 30% de la población activa .
La letra pequeña de una apertura controlada
Sobre el papel, las nuevas empresas mixtas gozarán de una autonomía inédita en el contexto cubano. Podrán determinar su estructura administrativa, el número de empleados y sus salarios, abrir establecimientos comerciales dentro y fuera de Cuba, exportar e importar directamente y no estarán sujetas al Plan Económico centralizado . Incluso podrán operar cuentas bancarias en divisas y distribuir utilidades .
Sin embargo, el diablo está en los detalles. Cada operación —desde la creación de una sociedad mixta hasta la modificación de su objeto social— requiere una resolución explícita del Ministerio de Economía y Planificación (MEP) . El artículo 3 del decreto establece sin ambages que el MEP es «el organismo de la Administración Central del Estado encargado de dirigir y controlar la política nacional para el desarrollo y funcionamiento de las asociaciones» .
El economista Pedro Monreal, en una serie de mensajes en X tras «una lectura rápida» de la norma, ha sido especialmente crítico. «Desde una perspectiva a nivel de modelo, es un mecanismo de desestatización ‘domesticada’ que combina la ‘satelización’ de partes del sector estatal con una ‘graduación oblicua’ de mipymes privadas», señala el analista. Monreal advierte que la nueva norma permite que partes de empresas estatales se liberen para «aprovechar sinergias ventajosas con capital privado nacional para afianzar la subordinación estatal del empresariado privado».
Un análisis publicado por Havana Times y El Toque profundiza en esta visión: «La cuestión no es si hay novedad regulatoria —claramente la hay—. La cuestión en el caso cubano siempre será si hay una redistribución real del poder económico» . El texto señala que el diseño normativo presenta dos características dominantes: unilateralismo y centralización. El unilateralismo se expresa con claridad en las reglas sobre absorciones: la integración vertical puede ocurrir en una sola dirección —el Estado puede absorber a la entidad privada, pero la privada no puede absorber al Estado— .
El riesgo de la absorción: ¿éxito o expropiación?
Uno de los puntos que más inquietud genera entre los empresarios privados es el artículo 24 del decreto, que permite explícitamente a las empresas estatales absorber a las privadas, asumiendo la totalidad de su patrimonio . En teoría, este mecanismo podría ser utilizado para transferir gradualmente al sector estatal empresas privadas exitosas si un socio público adquiere una participación mayoritaria y luego solicita la absorción .
El economista alemán OnCUBA, citado por Cuba heute, señala que «típicamente las sociedades mixtas tienen ventajas de las que las mipymes privadas carecen —como acceso a divisas o capacidad exportadora—. Pero al mismo tiempo están sujetas a restricciones de precios y márgenes que no siempre son compatibles con la viabilidad económica del negocio» .
Para Monreal, aunque advierte de los riesgos de control estatal, también señala un punto positivo: «Aplicada a un empresariado privado que es forzado a utilizar un formato de mipymes, sin opción para pasar a ser una empresa grande, la nueva norma ofrece una alternativa de ‘graduación oblicua’ hacia una mayor escala».
El contexto: una economía de dos velocidades
La nueva regulación llega en un momento de profundas tensiones económicas. Mientras la mayoría de la población sufre apagones de hasta 20 horas diarias y una inflación que supera el 12% interanual, una nueva clase de empresarios privados —los llamados «institucionales»— ha emergido con acceso privilegiado al dólar y a productos importados .
Según el Financial Times, citado por el Chosunbiz, una «economía de dos niveles» se está consolidando en Cuba . Los trabajadores del sector privado, que representan un tercio de la fuerza laboral y el 14% del PIB, ganan salarios varias veces superiores a los empleados públicos. Mientras tanto, el 89% de la población vive en situación de «pobreza extrema», según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos .
Una emprendedora habanera, que prefiere mantener el anonimato, resume la ambivalencia del momento: «Me preocupa que las reformas hoy promovidas, tanto por sectores de la Administración estadounidense —que enfocan su retórica en aperturas económicas— como por la propia dirigencia cubana, sean interpretadas como un cambio estructural real cuando, en esencia, podrían no implicar una apertura significativa». La empresaria, que ve con buenos ojos que Miguel Díaz-Canel «por fin se haya tomado en serio las reformas económicas», lamenta no observar visos de «las transformaciones estructurales que se necesitan», y reclama pasos hacia la democratización, comenzando por la liberación de los presos políticos.
El análisis de los economistas: entre la necesidad y la desconfianza
Omar Everleny, uno de los economistas cubanos más respetados, lleva años señalando que el verdadero obstáculo no es la falta de normas, sino la rigidez del sistema. En declaraciones a OnCuba, citadas por Cuba heute, Everleny explicó que el propio Decreto 34 de 2021 ya preveía en su artículo 10.2 la posibilidad de asociaciones entre actores estatales y no estatales, pero la normativa complementaria nunca se promulgó . La demora de cinco años en implementar estas disposiciones refleja, a su juicio, las resistencias internas del aparato estatal.
Un análisis del Observatorio Cubano de Derechos Humanos publicado en febrero situaba esta nueva norma en el contexto más amplio de una «ofensiva contrarrevolucionaria» contra el sector privado . El texto denunciaba que, bajo la justificación de «perfeccionar» la gestión privada, el gobierno ha aumentado impuestos regresivos, congelado el otorgamiento de licencias en múltiples actividades y obligado al transporte privado a asociarse a cooperativas controladas por el Estado .
«Las medidas significan un retroceso de derechos para los cuentapropistas cubanos y nuevas formas de asfixia al trabajo no estatal», concluye el análisis, que recuerda que mientras el Estado no genera nuevos empleos, la empresa privada sigue siendo el único motor capaz de absorber a la creciente masa de desempleados .
El dilema de fondo: control o eficiencia
La nueva normativa plantea un dilema que recorre toda la historia económica de la revolución: ¿es posible dinamizar la economía sin descentralizar el poder real? ¿Puede el Estado cubano admitir que necesita al sector privado sin cederle un espacio de autonomía genuina?
El análisis de Havana Times lo resume con precisión: «La verdadera transformación económica no depende solo de permitir asociaciones. Depende de cómo se distribuyen los derechos de decisión, los riesgos y las garantías. Mientras la autorización administrativa preceda a la actividad económica y el poder de validación final permanezca concentrado, el sistema seguirá operando bajo la misma lógica de control» .
Para los empresarios privados que han logrado abrirse paso en un entorno hostil, la pregunta es si esta nueva figura será una oportunidad real para crecer o una trampa para ser fagocitados por el Estado. Para el gobierno, la cuestión es si podrá mantener el control sin ahogar la iniciativa que necesita desesperadamente para mantener la economía a flote.
La norma entrará en vigor en abril. Los primeros meses de aplicación mostrarán si estamos ante una verdadera apertura o simplemente ante otra vuelta de tuerca del «perro del hortelano» que, como denuncian los economistas, «ni produce, ni deja producir».