La «misión imposible» de optimizar el Estado cubano: el régimen permite ingresos propios a 2,400 instituciones en medio del colapso económico
Imagen/ Gaceta Oficial
El Decreto 127/2025, publicado en Gaceta Oficial, autoriza a las unidades presupuestadas a generar utilidades y establecer sus propios sistemas salariales, pero excluye de los beneficios más sustanciales a salud y educación, los sectores con peores salarios y mayor cantidad de trabajadores. Mientras el PIB acumula una caída superior al 15% desde 2020, el gobierno intenta descargar gastos en un sector estatal que agoniza
En medio de la peor crisis económica desde el Período Especial, con un PIB que acumula una caída superior al 15% desde 2020 y una contracción del 5% solo en 2025, el régimen de Miguel Díaz-Canel publicó este miércoles en la Gaceta Oficial el Decreto 127/2025 «De las Instituciones Presupuestadas». La norma, que afecta a unas 2,443 unidades en todo el territorio nacional que agrupan más del 50% de la fuerza laboral activa del sector estatal, introduce cambios significativos en la gestión financiera y salarial de estas entidades .
El paquete normativo, emitido conjuntamente por los ministerios de Finanzas y Precios, Trabajo y Seguridad Social, y Economía y Planificación, otorga por primera vez personalidad jurídica a la gestión financiera del sector presupuestado . «Ante este decreto no existía una definición jurídica para este sector presupuestado», admitió Berta Iris Rojas Gatorno, directora de Políticas Financieras del Ministerio de Finanzas y Precios, durante una conferencia de prensa en la Mesa Redonda .
El doble filo del «tratamiento especial»
El decreto establece una división clave entre unidades presupuestadas «puras» y aquellas «con tratamiento especial». Estas últimas, que deberán cumplir con tres requisitos —tener personalidad jurídica, contar con actividades productivas o de servicios, y cubrir al menos el 30% de sus gastos con ingresos propios—, podrán generar utilidades, crear reservas al cierre del ejercicio económico y determinar su propio sistema salarial .
Sin embargo, aquí aparece la contradicción central de la norma. Rojas Gatorno aclaró que el «tratamiento especial» queda explícitamente excluido de los sectores de salud y educación . Precisamente aquellos que concentran la mayor cantidad de trabajadores y registran los peores salarios.
Los maestros cubanos ganan el equivalente a unos diez dólares al mes y los médicos apenas 16 dólares . En 2025, el salario promedio del sector presupuestado era de unos 5,900 pesos cubanos mensuales, frente a un costo de vida estimado entre 25,000 y 50,000 pesos para cubrir necesidades básicas .
Descentralización bajo control
Uno de los cambios más relevantes es la descentralización: los jefes de organismos reciben mayores facultades para aprobar actividades autofinanciadas, atribución que antes estaba concentrada en el Ministerio de Finanzas y Precios . Las entidades con tratamiento especial podrán acceder a crédito bancario, operar con cuenta independiente en pesos cubanos y diseñar su organización salarial de manera descentralizada .
Sin embargo, estas actividades deberán cumplir con sus obligaciones fiscales y planificar aportes al presupuesto estatal, lo que limita de entrada la autonomía real que se anuncia . Además, si el resultado es positivo, deben aportar al Presupuesto del Estado una parte significativa del excedente .
Racionalización forzada
En materia laboral, el decreto establece que los cargos no vinculados directamente a la actividad específica de cada entidad no podrán superar el 30% del total de la plantilla . Guillermo Sarmiento Cabaras, director de Organización del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, señaló que «cuando se diseña la estructura y la plantilla de cargos de una unidad presupuestada tiene que ser con racionalidad» .
Las unidades que no se autofinancien completamente podrán implementar sistemas de pago para todos sus trabajadores, eliminando una restricción anterior que limitaba estos incentivos solo a quienes participaban directamente en la producción .
El camino hacia la «empresa estatal»
El decreto prevé un escalón superior para las entidades con tratamiento especial que logren cubrir el total de sus gastos con ingresos propios durante un ejercicio fiscal. En ese supuesto, la regla general es que su transformación en empresa sea propuesta por la autoridad superior . «Estamos logrando una estabilidad, una igualdad entre el sector presupuestado y el sector empresarial estatal», afirmó Rojas Gatorno .
Solo quedan fuera de esa ruta los casos que el Estado declare de interés estatal o social. Esa cláusula muestra que el sistema no concibe el tratamiento especial como un espacio de autonomía estable, sino como una fórmula transitoria o una excepción que el poder político puede administrar a conveniencia .
El contexto: una economía en caída libre
El decreto llega en el peor momento económico de Cuba desde el Período Especial. El PIB acumula una caída superior al 15% desde 2020, con una contracción del 5% solo en 2025 . El gobierno cumplió apenas el 51% de sus planes ese año . Proyecciones independientes de The Economist Intelligence Unit estiman una caída adicional del 7.2% del PIB en 2026, muy lejos del 1% de crecimiento que proyecta el propio régimen .
El PIB per cápita de Cuba es hoy de 1,082 dólares, el más bajo de América Latina, cuya media regional es de 10,212 dólares . La brecha entre los salarios estatales y el costo real de la vida ha impulsado una fuga masiva de trabajadores estatales hacia el sector privado o directamente hacia la emigración, un fenómeno que el decreto busca frenar sin tocar las causas estructurales del problema .
Un experimento con final incierto
La norma entrará en vigor 30 días después de su publicación en la Gaceta Oficial, ocurrida el 8 de abril, y establece un plazo de hasta un año para su implementación completa . Durante ese período, las entidades deberán reorganizar sus estructuras y proponer al Ministerio de Finanzas y Precios aquellas unidades susceptibles de tratamiento especial .
El Decreto 138 del 20 de octubre de 2025, que ya había descentralizado el sistema salarial del sector empresarial estatal, y el Acuerdo 10199/2025, aprobado en agosto de ese año, que autorizó la redistribución de ahorros del fondo salarial como pagos adicionales, son los antecedentes directos del Decreto 127 . La diferencia es que ninguna de esas normas anteriores logró revertir el deterioro.
Mientras el régimen intenta descargar gastos en un sector estatal que agoniza, los sectores con más trabajadores y peores condiciones salariales —salud y educación— quedan, una vez más, fuera de los beneficios más sustanciales de la reforma. La «misión imposible» de optimizar el Estado cubano tiene nuevos decretos, pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿podrá una economía en caída libre sostener esta frágil arquitectura de promesas?