La Corte Suprema de EE.UU. analiza el alcance del Título III de la Ley Helms-Burton, ¿un antes y un después en las relaciones con Cuba?
La Corte Suprema de Estados Unidos escuchará este lunes los argumentos en dos casos clave que podrían definir el alcance del Título III de la Ley Helms-Burton, la controvertida normativa de 1996 que permite a ciudadanos estadounidenses demandar a empresas que «trafiguen» con propiedades confiscadas por el régimen cubano tras el triunfo de la revolución en 1959.
Imagen/ Diario de Cuba
Los magistrados analizarán dos procesos que involucran a gigantes corporativos y que plantean interrogantes fundamentales sobre la aplicación de esta ley, que durante años permaneció suspendida por decisiones presidenciales hasta que Donald Trump la reactivó en su primer mandato, desencadenando alrededor de 40 demandas que han avanzado con lentitud en los tribunales.
ExxonMobil vs. CIMEX: más de 1.000 millones de dólares en disputa
Uno de los casos enfrenta a la petrolera estadounidense ExxonMobil contra la estatal cubana CIMEX, empresa vinculada al conglomerado militar GAESA. Exxon reclama más de 1.000 millones de dólares por activos de petróleo y gas que le fueron incautados en 1960, poco después del triunfo de la revolución castrista.
El punto central del litigio es si empresas estatales cubanas como CIMEX pueden invocar la doctrina de inmunidad soberana extranjera como defensa para evitar ser demandadas en tribunales estadounidenses. Exxon ha solicitado a la Corte Suprema que revoque una decisión de 2024 de un tribunal inferior que permitió esa defensa.
Los abogados de Exxon sostuvieron que el fallo previo «impone otra barrera más en una larga serie de obstáculos para la recuperación de las víctimas de las confiscaciones ilegales del Gobierno de Castro». CIMEX, por su parte, ha argumentado que la decisión «respeta y protege el criterio del Congreso en esta área sensible».
Las navieras vs. Havana Docks: 440 millones en juego
El segundo caso enfrenta a Havana Docks Corporation, una empresa estadounidense que construyó muelles en el puerto de La Habana antes de la revolución, contra cuatro de las mayores navieras del mundo: Carnival Corporation, Royal Caribbean Group, Norwegian Cruise Line Holdings y MSC Cruises.
Fidel Castro revocó el derecho legal de la compañía sobre los muelles poco después de llegar al poder. Las navieras utilizaron esas instalaciones entre 2016 y 2019, durante el período de alivio de restricciones de viaje dispuesto por la administración de Barack Obama.
Un juez federal determinó inicialmente que las compañías eran responsables por un total combinado de 440 millones de dólares al considerar que habían traficado con propiedad confiscada. Sin embargo, un tribunal de apelaciones anuló esas sentencias el año pasado, subrayando las dificultades procesales que enfrentan los demandantes bajo la Helms-Burton.
En este caso, la disputa se centra en si el demandante debe demostrar que tendría hoy un interés de propiedad vigente sobre los activos en cuestión si no hubieran sido nacionalizados. Las navieras han sostenido en un escrito conjunto que «desafía el sentido común» que deban pagar «cientos de millones de dólares por seguir la iniciativa del poder ejecutivo de reabrir los viajes a Cuba».
Un tribunal que nunca antes interpretó el Título III
La Corte Suprema nunca antes ha interpretado el Título III de la Ley Helms-Burton, cuya aplicación el Congreso autorizó al presidente a suspender si lo consideraba «necesario para los intereses nacionales de Estados Unidos». Durante años, esta disposición permaneció inactiva debido a decisiones presidenciales de suspensión adoptadas por Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama, con el objetivo de evitar conflictos diplomáticos con aliados como Canadá y España, cuyas empresas han invertido en Cuba.
En 2019, el Departamento de Estado afirmó que la decisión de Trump de activar el Título III «aumentaría la presión sobre el Gobierno cubano» y «penalizaría a quienes se benefician de la propiedad legítima de los estadounidenses». La administración Trump ha mantenido una postura particularmente dura hacia La Habana, declarando al régimen cubano como «una amenaza inusual y extraordinaria» para la seguridad nacional de EE.UU., cortando el flujo de petróleo venezolano hacia la isla y amenazando con imponer aranceles a cualquier país que le suministre combustible.
Implicaciones multimillonarias y un precedente histórico
El fallo de la Corte Suprema podría tener implicaciones multimillonarias y marcar un precedente decisivo sobre las demandas relacionadas con propiedades confiscadas en Cuba. Expertos legales señalan que las decisiones de tribunales inferiores han hecho que reclamar compensaciones bajo la Helms-Burton resulte costoso y prolongado. «La cantidad de tiempo y recursos que se ha requerido es abrumadora para muchos demandantes», afirmó el abogado Jared Butcher.
La profesora Ingrid Brunk, de la Facultad de Derecho de Vanderbilt, ofreció una perspectiva matizada: «La recuperación bajo la Helms-Burton es probablemente más difícil de lo que el Congreso anticipó cuando aprobó la ley en 1996. Pero eso no significa que cada demandante deba ganar».
Mientras los magistrados escuchan los argumentos, miles de millones de dólares en reclamaciones —y el futuro de la aplicación de la Ley Helms-Burton— permanecen en suspenso, en un contexto de tensiones renovadas entre Washington y La Habana que no cesan de intensificarse.