Jueza federal bloquea decisión de Trump de cancelar el TPS para haitianos en EE.UU.
Una jueza federal en Washington, D.C. ordenó este lunes una suspensión indefinida de la decisión de la administración Trump de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350,000 haitianos que residen en Estados Unidos, evitando que el programa expirara el próximo 3 de febrero.
La jueza Ana Reyes, del Tribunal del Distrito de Columbia, concedió una medida cautelar mientras avanza el litigio que desafía la terminación del programa. En un fallo de 83 páginas, Reyes señaló que es probable que los demandantes prevalezcan en el fondo del caso y consideró «sustancialmente probable» que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, haya predispuesto su decisión debido a una «hostilidad hacia los inmigrantes no blancos».
Jueza federal bloquea decisión de Trump
Protección inmediata y fundamento del fallo
Durante la suspensión, la terminación del TPS será «nula, inválida y sin efecto legal alguno», según la orden judicial. Esto significa que, por el momento, los beneficiarios haitianos podrán continuar viviendo y trabajando legalmente en el país sin riesgo inminente de detención o deportación por este estatus.
Los abogados de los demandantes argumentaron en diciembre que, de implementarse la terminación, «las personas casi con seguridad morirán», señalando la violencia de pandillas, la inestabilidad política y la crisis humanitaria que afecta a Haití. Acusaron a Noem de no haber considerado si existía un «conflicto armado en curso que representara una grave amenaza a la seguridad personal», como exige la ley, y de basar su decisión en animosidad racial.
Posición del gobierno y contexto más amplio
El Departamento de Seguridad Nacional, en representación de la administración, sostuvo que las condiciones en Haití han mejorado y que Noem proporcionó «explicaciones razonadas y aparentemente suficientes» para su determinación. Un aviso gubernamental de noviembre había citado algunos avances, como la autorización de una nueva fuerza multinacional para combatir pandillas, y afirmó que permitir que los haitianos permanecieran iba en contra del interés nacional.
El TPS para Haití se implementó inicialmente en 2010 tras un devastador terremoto y ha sido extendido en múltiples ocasiones. La administración Trump ha buscado agresivamente eliminar esta protección para varios países, incluyendo también a venezolanos, hondureños, nicaragüenses, nepalíes, ucranianos, afganos y cameruneses, como parte de sus esfuerzos de deportación a gran escala. Muchas de estas terminaciones enfrentan desafíos legales similares en cortes federales.