Tres venezolanos iniciaron una huelga de hambre en La Haya, frente a la sede de la Corte Penal Internacional (CPI), para exigir avances urgentes en la investigación de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela desde 2014.
Mario José de Nigris León, Jhon Manuel Cáceres Morillo y Laura Angélica García Contreras denunciaron públicamente la «impunidad estructural» que rige bajo la dictadura chavista, exigiendo que el CPI actúe con rapidez para hacer justicia a las víctimas de persecución, torturas, encarcelamientos y asesinatos en el país sudamericano. Estos ciudadanos sostienen que no piden compasión, sino justicia y el fin de lo que califican como “narco-dictadura criminal de Nicolás Maduro”.
Contexto y motivo de la huelga de hambre en La Haya
Infoabe
La huelga de hambre se produce en un momento crítico, pues aunque la Fiscalía del CPI abrió formalmente la investigación en noviembre de 2021, casi cuatro años después no se ha emitido ninguna orden de captura contra los máximos jerarcas del régimen chavista.
El caso Venezuela I es objeto de escrutinio internacional, dado que la Fiscalía ha documentado cerca de 8.900 víctimas individuales desde 2014, entre detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales de opositores políticos. Organizaciones y políticos opositores también presionan para que el CPI acelere las pesquisas y termine con la impunidad que ha caracterizado la gestión de Maduro.
El contexto de esta protesta está marcado además por una crisis de confianza que atraviesa el IPC en América Latina debido a la salida definitiva de su jefe fiscal, Karim Khan, encargado del caso Venezuela.
Esta renuncia se debió a un conflicto de intereses por una relación familiar y profesional entre Khan y la abogada defensora del gobierno venezolano ante la CPI, Venkateswari Alagendra. La Sala Segunda de Apelaciones del CPI detectó un posible sesgo, lo que motivó que Khan se apartara voluntariamente del caso para preservar la transparencia e imparcialidad en la investigación.
La Fundación Arcadia, defensora de los derechos humanos, tomó esta decisión como una victoria histórica para la justicia y la transparencia, aunque también denunció la afectación a la integridad de la fiscalía.
Avances y retrasos en la causa Venezuela I
BBC Mundo
La investigación sobre los crímenes de lesa humanidad en Venezuela comenzó formalmente tras una denuncia conjunta de seis países latinoamericanos (Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú) en 2018. Desde entonces, es la única pesquisa activa que el CPI lleva en América Latina.
Las denuncias son altamente graves e incluyen violaciones sistemáticas de derechos humanos, persecuciones políticas, torturas y asesinatos que han generado una crisis humanitaria y política sin precedentes en Venezuela, cuyo pueblo vive una realidad marcada por la represión, la precariedad y la desconfianza hacia sus autoridades.
La situación en Venezuela bajo el mandato de Nicolás Maduro es extremadamente dura. La crisis económica ha sumido a millones en la pobreza más extrema, con escasez de alimentos, medicamentos e insumos básicos. La corrupción y el narcotráfico, según denuncias de los propios manifestantes y opositores, están entrelazados con las estructuras del poder, convirtiendo al país en un estado donde predominan las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y la impunidad.
La protesta pacífica frente al PCI no solo busca presionar para que la justicia internacional actúe, sino también devolver la esperanza a las víctimas ya una sociedad que enfrenta un régimen que no distingue entre disidentes y criminales para aplicar castigos arbitrarios y crueles.
En resumen, la huelga de hambre de estos tres venezolanos frente al IPC simboliza una demanda urgente de justicia y un llamado al mundo para no ignorar el sufrimiento de un pueblo que sigue esperando respuestas mientras la dictadura de Maduro sigue consolidándose con el amparo de la impunidad.
La dura realidad bajo el mandato de Nicolás Maduro
Nicolás Maduro, AFP.
La crisis en Venezuela es un recordatorio de que la lucha por la democracia, los derechos humanos y la dignidad continúa, tanto dentro del país como en los tribunales internacionales donde se escudan las miserias del poder dictatorial. Frente a esta realidad, la presión internacional y la vigilancia sobre el IPC resultan cruciales para que la justicia llegue y el fin de la narcodictadura sea una realidad tangible.