Indignación en Puerto Padre: exintendenta condenada por corrupción sale del régimen sin cumplir ni la mitad de su pena
Imagen/ Facebook
Maricela Alonso Ojeda, sentenciada en 2025 a siete años de prisión por desviar alimentos y combustible destinados a la población, habría sido beneficiada por el indulto masivo de 2.010 presos, mientras los presos políticos continúan tras las rejas. Vecinos del municipio tunero denuncian un «total irrespeto» y la consolidación de un sistema de «justicia de doble rasero»
La indignación recorre las calles de Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas. El anuncio del régimen de Miguel Díaz-Canel de indultar a 2.010 presos como «gesto humanitario» en Semana Santa ha destapado una herida que los vecinos del municipio daban por cerrada . Maricela Alonso Ojeda, exintendenta de la localidad condenada a siete años de prisión por malversación de fondos públicos, habría sido liberada sin haber cumplido ni la mitad de su sentencia .
La noticia, difundida inicialmente por el activista Juan Aldana de la Torriente en Facebook, ha desatado una ola de rechazo en redes sociales. «Lo que está pasando es un total irrespeto al pueblo de Puerto Padre. Después de que la intendenta fue condenada a siete años de prisión por graves irregularidades relacionadas con el desvío de recursos del pueblo, incluyendo alimentos e incluso combustible, hoy aparece entre las personas indultadas. No llegó a cumplir ni la mitad de la sanción», escribió Aldana de la Torriente, en un post que rápidamente se viralizó .
El saqueo en tiempos de escasez
El Tribunal Provincial Popular de Las Tunas dictó sentencia el 26 de marzo de 2025 contra Alonso Ojeda, determinando que había abusado de sus facultades administrativas para apropiarse de productos estatales destinados a la población, incluyendo alimentos y combustible, con el fin de obtener un beneficio personal . A su lado, Mario Quirino Infante Sosa, exadministrador del Palacio de los Pioneros en Puerto Padre, fue condenado a seis años de prisión como partícipe, por su papel en la búsqueda, traslado y venta de esos bienes desviados .
Para los residentes de Puerto Padre, la condena fue un alivio momentáneo. En un contexto de crisis económica aguda, donde los productos de la canasta básica son un bien preciado, la sentencia parecía enviar un mensaje de tolerancia cero contra la corrupción que afecta directamente el bolsillo de las familias. Sin embargo, ese mensaje ha quedado en nada con la liberación anticipada de la exfuncionaria.
«Esa señora ya era corrupta cuando estaba en Educación, así que esto no es una sorpresa, pero sí una vergüenza», comentó un vecino del municipio en un foro digital, reflejando la percepción de impunidad que se extiende entre la población .
El doble rasero del «gesto humanitario»
El gobierno cubano presentó el indulto como una muestra de «humanismo» y «soberanía», enmarcado en las tradiciones de la Semana Santa . Según la nota oficial leída en la televisión estatal, se basó en un «análisis cuidadoso de las características de los hechos cometidos por los sancionados, la buena conducta mantenida en prisión, haber extinguido una parte importante de su sanción y estado de salud» .
Entre los liberados, según el texto, hay «jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, los que arriban al término de libertad anticipada en el último semestre y próximo año; así como extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior» . Para la conformación de la lista se descartaron a quienes cometieron delitos de «agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio, drogas» y también «delitos contra la autoridad» .
Esta última categoría es la que engloba a los presos políticos de la isla. Justicia 11J calificó como «especialmente preocupante» la mención de estos delitos, pues son utilizados por las autoridades cubanas para «criminalizar» la actividad opositora . La ONG Prisoners Defenders contabilizaba 1.214 presos políticos en Cuba a febrero de 2026 .
Mientras el régimen excarcela a funcionarios corruptos como Alonso Ojeda, los líderes opositores y los manifestantes del 11 de julio de 2021 siguen tras las rejas, condenados por «sedición» o «desacato». Un dirigente del Partido Comunista de Cuba en Las Tunas había advertido anteriormente que sobre los casos de corrupción «todo se dirá a su debido tiempo». Para muchos residentes del municipio, esa promesa ha quedado vacía .
Un patrón de impunidad
El caso de Puerto Padre se suma a una larga lista de episodios de corrupción en la isla que han quedado impunes o han sido castigados con penas mínimas . La semana pasada, usuarios en redes sociales denunciaron también la liberación de varios trabajadores de la Unidad Empresarial de Base 639 en Las Tunas, condenados por desviar arroz, azúcar y frijoles de la canasta básica, causando un perjuicio de más de 600.000 pesos al erario público.
«Es una burla. Nosotros, que no tenemos nada, viendo cómo los que nos roban salen libres mientras los que piden pan los meten presos», comentó una ama de casa en un grupo de Facebook.
Mientras tanto, en Puerto Padre, la calma tensa de la Semana Santa se rompe con el eco de los calderos y la indignación de un pueblo que se siente traicionado no solo por la exfuncionaria que desvió sus recursos, sino por un sistema que, al perdonarla, parece justificar el saqueo en tiempos de hambre.