Gil enfrenta el decomiso de sus bienes tras la condena en 2025
La sentencia contra el exministro cubano Alejandro Gil Fernández, confirmada este viernes por el Tribunal Supremo Popular (TSP) tras rechazar los recursos de apelación, incluye sanciones accesorias que contemplan el decomiso de bienes, aunque el comunicado oficial del TSP no detalló públicamente qué propiedades serían afectadas.
Alejandro Gil/Cibercuba
En ese contexto, la hermana del exfuncionario, la abogada y presentadora María Victoria Gil, dijo al periodista Mario J. Pentón que la ejecución del decomiso —que habría quedado en pausa durante la apelación— se activaría ahora y alcanzaría viviendas donde residen familiares, incluida una niña pequeña.
Facebook: Mario J Pentó
De acuerdo con lo expresado por María Victoria Gil y lo comentado en ese mismo intercambio, los bienes que se mencionan como sujetos a decomiso son dos casas.
La primera, la casa de Miramar donde vivía Alejandro Gil. Se describe como una casa de dos pisos ubicada en el reparto Miramar, en el municipio Playa, específicamente en 24, entre Primera y Tercera.
En el relato, se afirma que ahí vivirían familiares: la cónyuge de Alejandro Gil, Gina María González García; su hija, Laura María Gil González, con su esposo y la niña de tres años.
La segunda sería la casa de la suegra de Alejandro Gil. En el testimonio de María Victoria se menciona también esa vivienda, de una mujer de casi 90 años, y se subraya que esa persona “no tiene nada que ver con nada”.
Gil: Una cadena perpetua por espionaje
El TSP dejó firme este viernes la cadena perpetua por espionaje contra Gil y mantuvo una pena adicional de 20 años por delitos vinculados a corrupción (entre ellos malversación, cohecho, evasión fiscal y lavado de activos), además de sanciones accesorias.
Sin embargo, el comunicado oficial citado no enumera propiedades ni bienes concretos a decomisar.
Según el testimonio de la hermana del exfuncionario, la ejecución del decomiso “no se había hecho” porque el caso estaba “interrumpido por la apelación”, y tras el rechazo de los recursos “ya se hará la ejecución de la confiscación de los bienes”.
El máximo órgano judicial del país dio por cerrada la vía ordinaria para revertir el fallo.
En un comunicado oficial, el Supremo explicó que Gil «engañó a la dirección del país y al pueblo que representaba, generando, con ello, daños a la economía».
Alejandro Gil fue cesado de sus cargos en febrero de 2024 y un mes después el Gobierno anunció su detención y la apertura de una investigación judicial, tras detectar lo que entonces se calificaron como «errores graves».
En noviembre de ese año, la Fiscalía General de la República formalizó la acusación por 11 delitos, incorporando el cargo de espionaje, lo que dio al caso una dimensión política y penal mucho más severa que la inicialmente sugerida.