Fallo judicial en Estados Unidos abre nueva oportunidad legal para cubanos con I-220A
Una decisión reciente del Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito, con sede en Atlanta, ha generado expectativas y cautela entre los cientos de miles de cubanos que residen en Estados Unidos bajo el controvertido formulario I-220A, un documento que durante años ha sido interpretado de manera contradictoria por las autoridades migratorias y que ha mantenido a los migrantes en un limbo legal sin poder acceder a la residencia permanente.
Imagen/ Facebook: Cuba en Miami
El tribunal anuló las decisiones previas de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) en dos casos concretos y ordenó revisar nuevamente los expedientes bajo una interpretación correcta de la legislación migratoria federal. Aunque el fallo no establece de manera definitiva si el I-220A debe ser equiparado a un parole —la cuestión clave en estos casos—, sí señala que el análisis previo de la BIA fue defectuoso y debe repetirse.
Una victoria parcial que abre una brecha legal
«Es un fallo interesante. Regresa el caso a la BIA. Es una victoria parcial, aunque retrasa una solución definitiva. Sin duda puede tener impacto en asuntos de fianza y en los habeas corpus», comentó el abogado Wilfredo Allen, citado en un post sobre el fallo judicial publicado en la cuenta en Facebook de su oficina.
La corte concluyó que el análisis previo de la BIA se basaba en una clasificación incorrecta del estatus de los migrantes, dado que el propio gobierno estadounidense admitió haber procesado erróneamente a muchos de ellos bajo la sección equivocada de la ley migratoria. Esta inconsistencia influyó directamente en que se les negara la posibilidad de ajustar estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano al no ser considerados «admitidos» ni poseer un parole.
El tribunal no decidió si el I-220A debe ser equiparado a un parole, pero sí obliga a la BIA a reconsiderar los casos bajo un marco jurídico distinto, abriendo una brecha para que los abogados de inmigración reevalúen estrategias legales, incluidas solicitudes de fianza y reaplicaciones a la residencia.
El origen del litigio y la postura del gobierno
La expectación en torno a esta demanda era alta. El abogado de Miami Mark Prada recurrió ante el Undécimo Circuito para que revisara el caso de dos cubanas a quienes se negó la solicitud de residencia permanente bajo la Ley de Ajuste Cubano. En 2023, la BIA había establecido que el formulario I-220A no podía ser considerado un parole y que, por tanto, para solicitar la residencia era obligatorio tramitar el asilo político en un juzgado de manera ordinaria.
Prada argumentó que el documento que recibieron sus defendidas, y cualquier persona detenida y posteriormente liberada, debía haber sido el parole. La Ley de Inmigración indica que un permiso humanitario es la única opción para poner en libertad a un detenido, por lo que solo se trataba de aplicarla correctamente, sin crear otros mecanismos.
El gobierno, sin embargo, ha sostenido que nunca hubo intención de «otorgar los beneficios de un estatus de parole que nunca tuvo la intención de conceder». En su dictamen de apenas seis páginas, el tribunal señaló: «Tras revisar el expediente y con el beneficio de los argumentos orales, concluimos que tenemos jurisdicción sobre el asunto, anulamos las órdenes de BIA en ambos casos y remitimos los expedientes para procedimientos posteriores».
Reacciones y expectativas de los afectados
La decisión ha generado sentimientos encontrados entre los más de 300.000 cubanos que viven en Estados Unidos con un permiso I-220A. «Tantos detenidos injustamente y deportados y aún no tenemos una respuesta, seguimos en un limbo migratorio», lamentaba uno de ellos, residente en Texas.
El abogado Prada se mostró cauto pero esperanzado: «No es la decisión que queríamos, pero hemos ganado varios puntos en esta batalla. El Onceno Circuito rechazó el criterio BIA de que una persona con I-220A no es elegible para Ajuste Cubano y ninguno de los argumentos del Gobierno fue aceptado».
Prada también señaló que la decisión abre la puerta a una demanda colectiva en Florida, puesto que el tribunal de Atlanta se declaró competente en este caso. «Esta es una lucha larga, hay mucho que hacer y tenemos muchas piezas en movimiento», afirmó, recordando que tiene otro caso similar abierto en Nueva York.
Un precedente ambiguo pero esperanzador
El pasado agosto, Jorge Lázaro García, un cubano con I-220A, se convirtió en el primer caso conocido al que un juez de inmigración de Nueva Orleans otorgó un parole y residencia mediante la Ley de Ajuste. La decisión, no obstante, dependía de un posible recurso del gobierno del que no ha habido información, pero los expertos advirtieron entonces de que el caso no tenía antecedentes y era demasiado optimista pensar que habría más.
Ahora, el fallo del Undécimo Circuito no cambia automáticamente el estatus de todos los beneficiarios de I-220A, pero obliga a la BIA a reconsiderar los casos bajo un marco jurídico distinto. Para muchas familias, esto significa algo concreto: una nueva oportunidad de ser escuchados.
Mientras tanto, los afectados mantienen la fe, aunque cada vez les cuesta más. «Esto no tiene precedentes. Ninguno de nosotros nos imaginamos salir de la isla-cárcel aquella para llegar aquí y vivir esta incertidumbre de ser devueltos a donde salimos huyendo. Toda la política es una mierda, juegan con nuestras vidas como si fuéramos muñecos», expresó un migrante anónimo en un grupo de apoyo.
Por ahora, la incertidumbre continúa. Para miles de cubanos, la decisión de este lunes representa una puerta entreabierta, una esperanza, pero no la solución definitiva. El fallo, sin embargo, mantiene viva una batalla legal que podría redefinir el alcance de la Ley de Ajuste Cubano en el contexto migratorio actual.