Estudiantes indocumentados en Florida enfrentan la salida de universidades tras nueva Ley Estatal
Foto: Lluis Law
Miles de jóvenes en Florida sin estatus migratorio legal han visto interrumpidos sus estudios universitarios tras la entrada en vigor de una ley estatal que elimina la posibilidad de pagar matrícula como residentes.
La medida, que comenzó a regir el 1 de julio, encarece significativamente el costo de la educación superior para estos estudiantes, quienes ahora deben hacer frente a tarifas mucho más altas.
Derogación de la ley de 2014 y efectos inmediatos
De acuerdo con Associated Press, la norma deroga una disposición de 2014 que permitía a ciertos estudiantes indocumentados acceder a la matrícula estatal. Esta eliminación ha generado un aumento en la deserción académica.
En el ciclo 2023-2024, más de 6,500 alumnos se beneficiaron de esta exención. Sin ella, la diferencia en costos es considerable: en instituciones como la Universidad de Florida, un estudiante residente paga en promedio $6,380 anuales, mientras que uno sin estatus legal debe cubrir más de $30,900, sin contar alojamiento ni otros gastos.
Políticas migratorias más restrictivas afectan el acceso a la educación
Foto: Periódico El dinero
La decisión se enmarca en un contexto de políticas migratorias más restrictivas a nivel nacional. Algunos sectores sostienen que es necesario priorizar recursos para ciudadanos y residentes legales, mientras que organizaciones educativas y grupos de defensa de inmigrantes han criticado la medida por limitar el acceso equitativo a la educación superior.
El Departamento de Educación de EE. UU. ha iniciado investigaciones sobre cómo las universidades gestionan las becas privadas para estudiantes indocumentados, lo que aumenta la incertidumbre. Otros estados como Texas, Minnesota, Oklahoma y Kentucky también enfrentan litigios relacionados con programas similares.
Impacto humano y psicológico: el sueño universitario en peligro
Más allá del impacto económico, en ciudades como Orlando se reportan efectos psicológicos entre la población estudiantil afectada. Algunos jóvenes han optado por reducir actividades sociales, recurrir a programas en línea o suspender sus estudios ante la imposibilidad de costearlos, lo que ha llevado a varios a ingresar al mercado laboral informal. Sobre la situación, profesores y defensores de derechos educativos advierten que esto implica una pérdida de talento académico y limita el futuro profesional de personas que crecieron, estudiaron y se formaron en Estados Unidos.
Diversas organizaciones civiles han solicitado una respuesta a nivel federal que permita garantizar el acceso a la educación universitaria de los jóvenes sin estatus migratorio, muchos de los cuales llegaron al país en la infancia, hablan inglés como primera lengua y han cumplido con todos los requisitos académicos.