Endurecen reglas para otorgar permisos laborales a solicitantes de asilo en EE. UU.
El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado cambios significativos que restringirán el acceso a los permisos de trabajo para inmigrantes, especialmente para quienes buscan asilo, como parte de una amplia estrategia migratoria del Gobierno del presidente Donald Trump y su administración. Esta propuesta de regulación ha generado preocupación en organizaciones defensoras de inmigrantes y expertos legales debido a su alcance y posibles efectos sociales y económicos.
Captura Registro Federal EE. UU.
El proyecto, promovido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), plantea cambios drásticos en el proceso de autorización de empleo para personas con solicitudes de asilo pendientes. Bajo la propuesta, el Gobierno suspendería la aceptación de nuevas solicitudes de permisos de trabajo (EAD, por sus siglas en inglés) hasta que el promedio de procesamiento de casos de asilo baje por debajo de 180 días, algo que, según estimaciones oficiales, podría tomar entre 14 y 173 años debido al enorme acumulado de casos pendientes.
Este cambio también contempla aumentar el tiempo de espera antes de que un solicitante de asilo pueda solicitar un permiso de trabajo, extendiéndolo de 180 días actuales a 365 días, y hacer que algunos inmigrantes que ingresaron ilegalmente no sean elegibles para recibir estos permisos a menos que cumplan con excepciones muy específicas.
Captura Red Social X / DHS
Las autoridades estadounidenses han defendido estas medidas argumentando que el sistema migratorio se ha visto saturado por un alto volumen de solicitudes, lo que ha generado incentivos para presentar “reclamaciones frívolas” con la intención de obtener un permiso de trabajo más fácilmente. La propuesta busca “fortalecer la integridad del proceso de asilo” y reducir lo que el Gobierno considera un abuso del sistema migratorio.
Impacto para solicitantes y comunidades inmigrantes
Los cambios afectarían de manera directa a cientos de miles de personas que actualmente aguardan la resolución de sus solicitudes de asilo y dependen de un permiso de trabajo para sostenerse, trabajar legalmente y contribuir a sus familias y comunidades. Organizaciones de defensa de inmigrantes han alertado que la imposición de barreras tan prolongadas limitaría gravemente la capacidad de estas personas para mantenerse económicamente mientras sus casos son procesados, incrementando la vulnerabilidad de familias enteras.
También se incluirían requisitos más estrictos para la ampliación de permisos y un proceso de evaluación más largo con presencia obligatoria para la toma de datos biométricos en nuevas y renovaciones de EAD.
Imagen: El.Nuevo Herald
Amplio debate político y legal
La propuesta ha avivado un intenso debate en Estados Unidos sobre las políticas migratorias. Por un lado, algunos sectores de la administración argumentan que estas medidas son necesarias para recuperar el control del sistema y reducir la presión sobre los recursos públicos. Por otro lado, críticos han señalado que estas restricciones podrían violar la intención humanitaria del proceso de asilo y dejar a inmigrantes sin la posibilidad de trabajar legalmente durante muchos años, algo que también podría tener efectos negativos sobre sectores laborales y comunidades que dependen de esta fuerza de trabajo.
La normativa está abierta a comentarios públicos antes de convertirse en regla final, y se anticipa que enfrentará desafíos legales por parte de defensores de derechos civiles y grupos pro inmigrantes.