«En Colón solo quedan cuatro disidentes»: la Seguridad del Estado cita a activista por pintadas antigubernamentales y lo acusa sin pruebas
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Lázaro Díaz, excarcelado en 2022 tras siete años de prisión, fue interrogado durante casi dos horas por cinco oficiales que lo presionaron para que se sometiera a una prueba de caligrafía y tomara huellas dactilares. «Me dijeron que en Colón solo quedábamos cuatro disidentes y que, por tanto, nosotros teníamos que ser los responsables», denunció el activista
La tranquilidad del municipio matancero de Colón se ha roto. Desde principios de marzo, una serie de pintadas antigubernamentales han aparecido en fachadas de tiendas y espacios públicos estratégicos, con mensajes como «Abajo la dictadura», «Patria y Vida» y expresiones de apoyo a Estados Unidos . Ante la falta de sospechosos, la Seguridad del Estado ha comenzado a citar y tratar de intimidar a los activistas locales para intentar adjudicarles la autoría de los hechos.
Uno de los citados ha sido Lázaro Díaz, un ex prisionero político que pasó siete años en prisión —la última condena fue de ocho meses en 2021— y fue excarcelado en 2022 . La semana pasada, fue convocado a la unidad policial del municipio, donde fue sometido a un interrogatorio de casi dos horas por parte de cinco oficiales. «Me acusaron directamente de los carteles que aparecieron en el mercado. Quisieron obligarme a hacer una prueba de caligrafía y a tomarme las huellas dactilares, pero me negué», afirmó Díaz .
«Solo quedan cuatro disidentes»: el argumento de exclusión
Según el testimonio de Díaz, los oficiales utilizaron un argumento de exclusión para incriminarlo: «Me dijeron que en Colón solo quedábamos ‘cuatro disidentes’ y que, por tanto, nosotros teníamos que ser los responsables» . El activista espetó a los militares que su visión era limitada: sostuvo que los cuatro disidentes identificados son apenas una muestra de los miles de opositores que residen en Colón.
«Les dije que no era posible que hubieran identificado a solo cuatro disidentes en un pueblo de 50,000 o 60,000 habitantes. No acepté su lógica», relató Díaz . A pesar del despliegue policial y las citaciones, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre los responsables ni han confirmado detenciones formales vinculadas a los grafitis.
El acta de advertencia: una nueva forma de hostigamiento
Antes de ser liberado, los oficiales intentaron obligar a Díaz a firmar un «acta de advertencia», un documento que también rechazó . Este tipo de actas, según activistas, son una herramienta utilizada por la Seguridad del Estado para dejar constancia de una supuesta «conducta peligrosa» y justificar futuras detenciones o restricciones.
El caso de Díaz no es aislado. Otros activistas en Colón han sido citados y presionados en un intento de obtener información sobre los autores de las pintadas. Sin embargo, hasta el momento, no se ha identificado formalmente a ningún responsable, y las autoridades no han ofrecido pruebas que vinculen a los opositores citados con los grafitis.
El contexto: una ola de protestas y pintadas en toda la isla
Los carteles de Colón se suman a una ola de protestas populares reportadas en diversas zonas de la isla durante el último mes. Desde principios de marzo, Cuba ha vivido su peor crisis energética en décadas, con apagones de hasta 20 horas diarias que han desatado cacerolazos, manifestaciones y actos de desobediencia civil en provincias como La Habana, Matanzas, Ciego de Ávila y Santiago de Cuba .
En Morón, manifestantes incendiaron la sede del Partido Comunista y un adolescente de 15 años, Kevin Samuel Echeverría, resultó herido de bala. En La Habana, vecinos de Santos Suárez bloquearon la transitada calle Boyeros para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico . Las pintadas en Colón son una expresión más de este descontento generalizado.
La respuesta del régimen: hostigamiento y represión
En lugar de abordar las causas estructurales de la crisis —la desinvesión en el sector energético, la corrupción y la falta de mantenimiento de las termoeléctricas—, el régimen de Miguel Díaz-Canel ha intensificado la represión contra cualquier expresión de disidencia. Las citaciones a activistas como Lázaro Díaz, sin pruebas que los vinculen a los hechos, son una muestra de esta estrategia.
El régimen también ha endurecido las penas contra quienes atenten contra el sistema eléctrico, tipificando estos actos como «sabotaje» y contemplando sanciones que van desde los 7 hasta los 30 años de prisión, e incluso la cadena perpetua y la pena de muerte en circunstancias agravadas . Sin embargo, para muchos cubanos, esta escalada represiva no resuelve el problema de fondo: un sistema eléctrico colapsado que el gobierno no puede reparar.
Lo que viene: un clima de creciente tensión
Mientras la Seguridad del Estado busca chivos expiatorios en Colón, la población sigue enfrentando apagones, escasez de alimentos y una inflación desbocada. La gasolina en el mercado negro alcanza los 6,000 pesos por litro , y las pensiones de los jubilados no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.
El testimonio de Lázaro Díaz refleja la frustración de una oposición que, pese a la represión, sigue alzando la voz. «Les dije que no era posible que hubieran identificado a solo cuatro disidentes en un pueblo de 50,000 o 60,000 habitantes. No acepté su lógica», concluyó el activista.
En Colón, como en el resto de Cuba, la tensión social sigue creciendo. Y mientras el régimen insiste en culpar al sabotaje y al bloqueo, la población sigue esperando respuestas que, por ahora, no llegan.