EE.UU. endurece las deportaciones por “enfermedades contagiosas”: nueva política genera preocupación entre migrantes y defensores de derechos humanos
Imagen: UCSIS
El gobierno del presidente Donald Trump ha implementado una nueva política migratoria que permite intensificar las deportaciones de inmigrantes bajo el argumento de “enfermedades contagiosas”, una medida que ha generado alarma entre defensores de derechos civiles y comunidades inmigrantes en el país. La información fue publicada por El Nuevo Herald y confirma cambios normativos que entraron en vigor con el inicio del nuevo año.
Según El Nuevo Herald, la medida establecida por la administración Trump amplía la capacidad del gobierno estadounidense para denegar solicitudes de asilo, ajuste migratorio o permanencia legal a extranjeros que, según las autoridades, representen un riesgo para la salud pública debido a enfermedades contagiosas. Aunque la nota del periódico no detalla todos los pormenores del proceso, el cambio marca un endurecimiento claro de la política migratoria, que ahora incorpora criterios sanitarios como parte de su pauta para deportaciones.
Cómo funciona la nueva regla
La nueva norma permite a las autoridades migratorias rechazar casos de asilo o beneficios migratorios si el solicitante procede de zonas consideradas de alto riesgo sanitario, o si las evaluaciones iniciales señalan la presencia de síntomas de enfermedades transmisibles. Estas políticas parten de criterios que el gobierno define como medidas de protección de la seguridad y la salud pública, aunque activistas han señalado que pueden convertirse en herramientas para negar protección a migrantes sin una evaluación judicial completa.
Este enfoque recuerda, en parte, disposiciones similares utilizadas en el pasado por la ley estadounidense, como la llamada expulsión bajo el Título 42, una autoridad de salud pública que en la pandemia de COVID-19 permitió la rápida expulsión de migrantes sin acceso a procedimientos regulares de asilo. Aunque ese programa terminó oficialmente en 2023, su espíritu y justificación han servido de precedente para las nuevas acciones administrativas.
Críticas y temores de defensores de inmigrantes
Organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado profunda preocupación por la aplicación de criterios sanitarios para justificar deportaciones. Argumentan que vincular la inmigración con enfermedades contagiosas puede estigmatizar aún más a refugiados y solicitantes de asilo, y dar lugar a expulsiones arbitrarias sin ofrecer acceso a una evaluación justa ante las cortes de inmigración.
Expertos legales señalan que, si bien los países tienen derecho a proteger su salud pública, las normas internacionales y la propia ley estadounidense exigían tradicionalmente que los casos de asilo y deportación se resuelvan con pleno respeto al debido proceso. La nueva política podría revertir años de jurisprudencia e incrementar la vulnerabilidad de quien huye de persecución, violencia o crisis humanitarias.
Impacto en las solicitudes de asilo
Una de las consecuencias más inmediatas de esta política puede ser la negación de asilo a personas que provienen de países o regiones donde se han detectado brotes de enfermedades transmisibles o epidemias. Según expertos consultados, esto podría afectar a miles de solicitantes cuya admisión legal depende del reconocimiento de temor creíble o necesidad de protección, y que ahora serán evaluados bajo criterios sanitarios más estrictos.
Además, la política puede influir en cómo se procesan las solicitudes de inmigración en general, desde ajustes de estatus hasta renovaciones de visas y permisos de trabajo, incorporando evaluaciones médicas más extensas y criterios que pueden ser interpretados de forma subjetiva.
Reacciones políticas y sociales
Las críticas a la medida no se han hecho esperar en comunidades inmigrantes y sectores progresistas, que señalan que esta política podría generar discriminación sanitaria y reforzar narrativas que equiparan injustamente migración con enfermedad o “peligro para la salud pública”. Defensores legales piden que se respeten los derechos fundamentales de los solicitantes y que se garanticen procedimientos transparentes y justos.
Por su parte, funcionarios estadounidenses han defendido la medida alegando que busca proteger la salud de la población residente en Estados Unidos, especialmente en momentos en que el mundo sigue enfrentando brotes recurrentes de enfermedades transmisibles y retos en sistemas de salud pública.