Dinero público y medicamentos dudosos: el polémico acuerdo entre México y farmacéutica cubana
México paga más de 12 millones de dólares a farmacéutica cubana señalada por medicamentos caducos
Imagen/ BIRMEX
En medio de crecientes tensiones sobre la gestión del sistema de salud y el uso de recursos públicos, ha salido a la luz una polémica operación del Gobierno de México: el pago de más de 12 millones de dólares a una empresa farmacéutica vinculada al Estado cubano, señalada previamente por la entrega de medicamentos en mal estado, caducos o fuera de norma.
La transacción, lejos de ser un hecho aislado, forma parte de una serie de contratos que reflejan un patrón preocupante: decisiones opacas, adjudicaciones directas y una insistente apuesta por proveedores cuestionados, incluso cuando existen antecedentes documentados de irregularidades.
Contratos millonarios sin licitación
Según diversas investigaciones periodísticas, la administración mexicana firmó al menos tres contratos en 2025 por un monto total de 227 millones de pesos (más de 12 millones de dólares) con la empresa Neuronic Mexicana, vinculada al conglomerado estatal cubano BioCubaFarma.
Estos acuerdos se realizaron sin procesos de licitación pública, lo que ha generado críticas sobre la falta de transparencia en el uso de recursos destinados a la salud.
Los contratos incluían la compra de medicamentos oncológicos como vincristina, metotrexato y doxorrubicina, así como ketamina para el tratamiento del dolor, todos ellos fármacos sensibles cuya calidad resulta crítica para pacientes en situaciones vulnerables.
Antecedentes de medicamentos defectuosos
El aspecto más alarmante del caso no es únicamente el monto pagado, sino el historial de la empresa beneficiada. Investigaciones previas documentaron que Neuronic Mexicana había entregado medicamentos en mal estado, sin permisos sanitarios o incluso caducos en operaciones anteriores con el Estado mexicano.
En algunos casos, hospitales rechazaron los productos por fallas de calidad, mientras que autoridades sanitarias detectaron irregularidades en los lotes. A pesar de ello, los contratos no solo continuaron, sino que aumentaron en volumen y valor.
Incluso auditorías oficiales detectaron que medicamentos defectuosos fueron aceptados y distribuidos tras ser “acondicionados”, lo que implicó costos adicionales para el propio sistema público.
Flujo de dinero hacia el aparato estatal cubano
Otro elemento crítico es el destino final de los recursos. Parte del dinero pagado por México fue transferido desde Neuronic Mexicana hacia entidades estatales cubanas como Laboratorios AICA y BioCubaFarma, lo que confirma que los fondos terminan alimentando directamente al sistema empresarial del Estado cubano.
Esto ocurre en un contexto paradójico: mientras Cuba enfrenta una escasez crónica de medicamentos —con faltantes significativos incluso en tratamientos contra el cáncer— exporta productos farmacéuticos al extranjero.
Un sistema que paga más por menos
El caso revela una contradicción difícil de justificar. México, con un sistema de salud tensionado por el desabasto y la presión presupuestaria, opta por pagar millones a un proveedor extranjero cuestionado, en lugar de fortalecer su propia industria o recurrir a fabricantes con estándares consolidados.
A esto se suma que los contratos fueron adjudicados de manera directa, lo que limita la competencia y aumenta el riesgo de decisiones discrecionales.
La combinación de falta de transparencia, antecedentes de mala calidad y transferencias de dinero hacia estructuras estatales extranjeras dibuja un escenario preocupante, donde la prioridad parece alejarse del bienestar de los pacientes.
Una señal de deterioro institucional
Más allá del caso concreto, este episodio refleja problemas estructurales más amplios: debilidad en los mecanismos de control, decisiones políticas por encima de criterios técnicos y una preocupante tolerancia a proveedores con historial negativo.
Mientras tanto, los pacientes —especialmente los oncológicos— quedan en el centro de una cadena de decisiones que pone en duda la seguridad y eficacia de los tratamientos que reciben.
Lejos de resolverse, el problema parece profundizarse. Y en un contexto donde la confianza en las instituciones sanitarias es fundamental, este tipo de operaciones no hace más que erosionarlo.