Cuba indulta a más de 2000 presos durante la Semana Santa
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El Gobierno de Cuba anunció este jueves el indulto de 2010 personas privadas de libertad, como parte del programa de beneficios penitenciarios contemplado en la ley. La medida, divulgada por el diario estatal Granma, se enmarca en el artículo 90, inciso II de la Constitución de la República, y coincide con las celebraciones religiosas de la Semana Santa de 2026.
Según el comunicado oficial, el proceso de excarcelación tuvo en cuenta la naturaleza de los delitos, la conducta mantenida en prisión, el cumplimiento parcial de la sanción y el estado de salud de los reclusos. Entre los beneficiados se incluyen jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, extranjeros y cubanos residentes en el exterior, así como personas próximas a cumplir su condena en los próximos meses.
Sin embargo, el Gobierno precisó que no serán indultados quienes cometieron delitos graves, como agresión sexual, pederastia con violencia, asesinato, homicidio, tráfico de drogas, robo con fuerza o violencia, corrupción de menores, delitos contra la autoridad, ni quienes se consideran reincidentes o multirreincidentes. También se excluyó a quienes ya habían sido indultados previamente y volvieron a delinquir.
Esta decisión marca la segunda excarcelación del año, y se suma a otras liberaciones recientes impulsadas por el régimen. En marzo pasado, el Ejecutivo anunció la liberación de 51 sancionados tras contactos con el Vaticano, aunque sin revelar sus identidades ni precisar si entre ellos había presos políticos. En enero de 2025, otros 553 reclusos fueron liberados durante negociaciones con Estados Unidos, con la mediación de la Santa Sede.
Desde 2011, el Gobierno cubano ha realizado cinco procesos de indulto, en los que más de 11 000 personas han sido beneficiadas, según cifras oficiales. Algunos de los más recientes incluyen la excarcelación de 2 604 presos en 2019 y 787 en 2016.
Cuba indulta a más de 2000 presos durante la Semana Santa: excluyen a condenados por delitos políticos y graves
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Pese al carácter habitual que el Gobierno intenta proyectar de estas medidas, persisten dudas sobre su transparencia. Expertos y organizaciones de derechos humanos señalan que la exclusión de quienes cometieron “delitos contra la autoridad” resulta significativa, ya que este tipo penal se aplica con frecuencia a manifestantes y ciudadanos críticos del sistema, lo que deja fuera a personas sancionadas por motivos políticos.
Asimismo, la decisión de mantener fuera del beneficio a quienes reincidieron tras un indulto previo refleja un enfoque punitivo que no considera el impacto social y económico que impulsa muchos de estos comportamientos en el contexto cubano actual.
Con este nuevo indulto, el régimen busca mostrar gestos de clemencia ante la comunidad internacional, aunque la ausencia de información clara sobre los beneficiarios y los criterios de selección mantiene la sombra de la opacidad sobre el sistema penitenciario de la isla.