Cuba detiene a 10 panameños acusados de colgar carteles «subversivos» y Panamá exige garantías procesales
El Ministerio del Interior de Cuba (MININT) informó este lunes la detención de diez ciudadanos panameños en La Habana, acusados de cometer «hechos de propaganda contra el orden constitucional«, un delito tipificado en el artículo 124 del Código Penal que conlleva penas de tres a ocho años de prisión. El anuncio oficial, sin embargo, estuvo marcado por la confusión: el comunicado fue publicado y luego eliminado de las páginas de Facebook del MININT y la Presidencia, para ser republicado horas después, según denunciaron periodistas independientes.
Según la versión oficial, los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado 28 de febrero, cuando los diez panameños, residentes en su país, habrían sido detenidos mientras colocaban letreros con «contenido de carácter subversivo, contrarios al orden constitucional». El MININT asegura que las investigaciones iniciales indican que los detenidos «habían sido orientadas para ingresar a Cuba con el propósito de confeccionar» esos carteles, y que, una vez cumplido el objetivo, debían abandonar el país para recibir un pago de entre 1.000 y 1.500 dólares cada uno a su regreso a Panamá.
La nota oficial añade que «desde el momento de la detención, los implicados han reconocido ser los autores de los hechos de esta naturaleza», aunque no se ofrecen detalles sobre el contenido específico de los letreros, los lugares donde fueron colocados ni las pruebas que sustentan la acusación.
Comunicado borrado y cuestionamientos sobre su veracidad
El periodista cubano José Raúl Gallego denunció en sus redes sociales que el comunicado fue inicialmente borrado de las páginas oficiales. «Esta información la publicaron el MININT y Presidencia Cuba en sus páginas de Facebook, pero al momento la borraron. Seguramente volverán a ponerla más adelante con alguna ‘corrección'», escribió.
Gallego también cuestionó la credibilidad de la acusación, señalando la inconsistencia de pagar a extranjeros para una actividad que, según él, se realiza cotidianamente dentro de Cuba. «Dicen que estaban pagando a unos panameños ‘entre 1.000 y 1.500 dólares por un cartel’. Cuba todos los días amanece llena de carteles y con la situación que hay en el país, quién se cree que hay necesidad de buscar en Panamá a quien quiera poner un cartel por 1.000 dólares. Por favor», ironizó.
El periodista advirtió además sobre lo que considera una escalada de acciones por parte de la Seguridad del Estado: «La Seguridad del Estado anda muy activa inventándose ‘agresiones’. En cualquier momento echan mano a la historia de los ‘sabotajes a círculos infantiles’. A esta gente hay que pararla, porque mientras más cerca ven el final, más peligrosos son y más personas (cubanos y no cubanos) van a ser víctimas de su agresividad».
Panamá exige acceso consular y respeto al debido proceso
El gobierno de Panamá reaccionó con celeridad a la detención de sus ciudadanos. La Cancillería panameña informó que recibió una notificación oficial de Cuba a través de su embajada en La Habana y activó de inmediato los protocolos de asistencia consular.
Imagen/ Facebook: Embajada de Panamá en Cuba
En un comunicado oficial, Panamá exigió a las autoridades cubanas respeto al debido proceso y a los derechos humanos de los detenidos. «Panamá actuará con responsabilidad, prudencia y firmeza en la defensa de sus ciudadanos», señaló la nota, añadiendo que la prioridad del gobierno panameño es «garantizar la integridad física, el bienestar y las garantías legales de sus ciudadanos arrestados en Cuba».
La Cancillería panameña solicitó acceso consular continuo para verificar el estado de los detenidos y aseguró que mantiene comunicación con sus familias a través de los canales oficiales. Hasta el momento, las autoridades cubanas no han informado sobre la asistencia consular brindada a los detenidos, ni han ofrecido detalles sobre su situación procesal, representación legal o posibles fechas para un juicio.
Un delito de «propaganda contra el orden constitucional»
El artículo 124 del Código Penal cubano establece sanciones de privación de libertad para quienes «inciten o confeccionen propaganda considerada contraria al orden constitucional». La redacción amplia y ambigua de este artículo ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que lo consideran un instrumento para criminalizar la disidencia y limitar la libertad de expresión en la isla.
En este caso, la ausencia de información sobre el contenido específico de los carteles, las supuestas confesiones de los detenidos y las circunstancias de su detención genera serias dudas sobre la transparencia del proceso y la veracidad de las acusaciones formuladas por el MININT.
¿Un montaje en el contexto actual?
La detención de los diez panameños se produce en un contexto de máxima tensión en Cuba, con el régimen enfrentando una crisis económica sin precedentes y una creciente presión internacional tras los recientes cambios geopolíticos en la región. Las acusaciones de pagos a extranjeros para realizar actos de «propaganda subversiva» resultan, para muchos observadores, poco creíbles en un país donde el descontento popular se expresa diariamente de múltiples formas.
El periodista José Raúl Gallego resume el escepticismo generalizado: «A esta gente hay que pararla, porque mientras más cerca ven el final, más peligrosos son». Por ahora, los diez panameños permanecen detenidos en La Habana, a la espera de que las investigaciones avancen y de que el gobierno panameño pueda ejercer su derecho a la protección consular. El régimen cubano, mientras tanto, continúa su escalada de acusaciones contra quienes considera una amenaza al «orden constitucional», en un clima de creciente paranoia y represión.