Cuba anuncia medidas para enfrentar la escasez de combustible en el programa Mesa Redonda
Imagen: Facebook/Lázaro Manuel Alonso
Cuba anunció en la Mesa Redonda un nuevo paquete de medidas para enfrentar la escasez de combustible, presentado por el viceprimer ministro Óscar Pérez-Oliva Fraga. Sobre el papel, el plan apuesta por las energías renovables, la reorganización del trabajo y la flexibilización para importar combustible; sin embargo, visto con mirada crítica, estas decisiones parecen más un intento de ganar tiempo que una solución estructural a la crisis energética crónica del país.
Energías renovables: avance real o discurso recurrente
La prioridad declarada a los parques solares y la instalación de 10 mil módulos solares en viviendas, centros de salud, educación y zonas rurales suena coherente con una estrategia de transición energética. Sin embargo, el Gobierno cubano lleva años anunciando proyectos de energías renovables sin que ello se traduzca en una mejora perceptible y sostenida del servicio eléctrico para la población.
10 mil módulos pueden ser importantes a nivel simbólico, pero resultan modestos frente a la magnitud de la crisis y a un sistema electroenergético nacional obsoleto, ineficiente y dependiente de combustibles importados. Mientras no se acompañen estas inversiones con transparencia en los contratos, mantenimiento estable y datos claros sobre su aporte real al sistema, corren el riesgo de convertirse en otro anuncio más que no cambia la vida cotidiana de la ciudadanía.
Producción nacional de petróleo y opacidad estructural
El ministro afirma que en 2025 se logró “detener el decrecimiento” de la producción nacional de crudo y que se desarrollan nuevos negocios para ampliar la capacidad productiva. La formulación, sin embargo, es ambigua: detener el decrecimiento no es lo mismo que aumentar de manera significativa la producción, y menos en un contexto de alta demanda y sanciones externas.
Además, se elude un punto clave: la calidad del crudo cubano y los límites técnicos para su aprovechamiento en termoeléctricas envejecidas. Sin transparencia sobre volúmenes, socios, condiciones de los acuerdos y costos reales, estas menciones a “nuevos negocios” suenan más a narrativa política que a un cambio estructural capaz de garantizar estabilidad energética.
Reorganización laboral y restricciones: más sacrificio sobre la población
La concentración de la jornada laboral de lunes a jueves y la reducción del consumo en fines de semana se presenta como una medida de ahorro, pero en la práctica desplaza el peso de la crisis hacia trabajadores y servicios. Esta lógica ya es conocida en Cuba: ante la incapacidad de garantizar oferta energética estable, se apela a la “disciplina” y al “sacrificio” de la población, mientras no se tocan de manera clara ineficiencias profundas, despilfarro estatal y falta de incentivos productivos.
Las restricciones en la venta de combustibles, priorizando sectores que generan ingresos y alimentos, pueden tener sentido económico, pero también tienden a agravar la desigualdad: quienes no están vinculados a sectores “priorizados” quedan aún más limitados en su movilidad y capacidad de buscar alternativas para sobrevivir.
Importación directa de combustibles: flexibilización tardía y desigual
Permitir que todas las empresas puedan importar combustible de manera directa se vende como una medida para “diversificar vías de abastecimiento”. En la práctica, puede abrir todavía más la brecha entre empresas con acceso a divisas y conexiones internacionales, y aquellas que dependen completamente del Estado.
En un país donde la dualidad monetaria y las desigualdades entre empresas estatales “favorecidas”, empresas mixtas y el sector privado regulado generan enormes asimetrías, esta flexibilización podría terminar beneficiando principalmente a quienes ya tienen más capacidad, sin resolver el problema de fondo: el ciudadano promedio seguirá enfrentando apagones, transporte deficiente y alza de precios.
Una estrategia integral… sobre una estructura en crisis
El Gobierno presenta estas medidas como parte de una “estrategia integral” para sostener la vida económica y social, apostando por eficiencia, soberanía energética y fuentes limpias. Sin embargo, la propia realidad de los últimos años muestra un patrón: se anuncian paquetes de medidas, ajustes y “reorganizaciones”, pero la población sigue atrapada entre apagones frecuentes, falta de combustible, colas y deterioro de los servicios básicos.
Sin reformas profundas en el modelo económico, más apertura real a la inversión, un entorno de seguridad jurídica, y sobre todo, sin una gestión transparente y eficiente, estas medidas se parecen más a “patadas de ahogado” que a un cambio de rumbo. La apuesta por renovables puede ser positiva, pero llega sobre una infraestructura colapsada, con poca confianza ciudadana y sin un plan creíble de corto plazo para aliviar el sufrimiento diario de la población.
¿Medidas efectivas o último intento?
Imagen: Facebook/Lázaro Manuel Alonso
¿Serán efectivas estas medidas? Técnicamente, algunas pueden ayudar a mitigar ciertos impactos puntuales, sobre todo en sectores específicos. Pero mientras la estrategia se limite a ajustes parciales sin abordar las causas estructurales —dependencia externa, poca productividad interna, falta de transparencia, centralización extrema y ausencia de debate público real— es difícil verlas como algo más que un intento de ganar tiempo ante un sistema al borde del colapso.
Por ahora, la pregunta clave sigue en el aire: ¿cuánto más puede resistir la población cubana bajo un modelo que parece pedir sacrificios infinitos sin ofrecer resultados visibles? Solo el tiempo lo dirá, pero la paciencia social no es un recurso renovable.
El viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, reconoció en su intervención en el programa Mesa Redonda el complejo escenario energético que enfrenta Cuba debido a la baja disponibilidad de combustible. Ante esta situación, el Gobierno ha dispuesto un conjunto de medidas destinadas a proteger los servicios básicos y garantizar la continuidad de los principales procesos económicos y sociales del país.