Crece el vandalismo a redes telefónicas en La Habana
Imagen: Periódico Juventud Rebelde
La Habana enfrenta una alarmante ola de vandalismo contra sus redes telefónicas, un problema que no solo afecta a cientos de usuarios, sino que también evidencia las graves deficiencias del sistema gubernamental para garantizar servicios esenciales. El robo de cables de cobre, destinado a la comercialización ilegal, se ha convertido en una práctica recurrente en varios municipios de la capital, exponiendo la incapacidad de las autoridades para proteger una infraestructura vital.
Crece el vandalismo a redes telefónicas en La Habana. Municipios abandonados y población afectada
Los municipios de Arroyo Naranjo, Cotorro y Boyeros son los más afectados por estos actos delictivos. En el barrio El Chico, perteneciente al Consejo Popular Wajay en Boyeros más de 600 metros de cable fueron sustraídos recientemente, dejando sin servicio telefónico a unos 600 clientes residenciales y estatales. Desde febrero de 2023, se han registrado cuatro ataques contra rutas clave de cableado en esta zona. Sin embargo, las autoridades han demostrado ser incapaces de prevenir estos robos o brindar soluciones rápidas y efectivas.
Un alza alarmante de hechos de vandalismo telefónico ocurre en La Habana. Esto se asocia, fundamentalmente al robo del cobre que contienen los cables para comercializarlos en el mercado informal. Los escenarios más frecuentes del vandalismo telefónico han sido los municipios capitalinos de Arroyo Naranjo, Cotorro y Boyeros. (Tribuna de La Habana)
La falta de vigilancia en zonas vulnerables y la ausencia de medidas preventivas reflejan el abandono gubernamental hacia comunidades que dependen de estos servicios para su comunicación y bienestar. Mientras tanto, los ciudadanos son los que sufren las consecuencias directas: interrupciones prolongadas en servicios como voz, Nauta Hogar y telefonía fija, esenciales para la vida diaria y el trabajo.
Promesas vacías y respuesta ineficiente
ETECSA, el monopolio estatal encargado de las telecomunicaciones en Cuba, asegura que no hay impunidad frente a estos delitos. Según Gerardo Oliva Cubillas, director de Seguridad y Defensa de ETECSA en La Habana, la colaboración con el MININT ha permitido detener a algunos responsables. Sin embargo, estas declaraciones contrastan con la realidad: los robos continúan ocurriendo con frecuencia alarmante y los afectados permanecen días o incluso semanas sin servicio.
Además, los esfuerzos para reparar los daños son insuficientes. Cada incidente obliga a ETECSA a desplegar equipos técnicos para restaurar las líneas afectadas, pero esto retrasa otras mejoras necesarias en la red telefónica. La pregunta que surge es: ¿por qué no se invierten recursos en prevenir estos hechos en lugar de reaccionar después del daño?
En 2023 se reportaron 39 hechos vandálicos contra redes telefónicas en La Habana, casi duplicando las cifras de años anteriores. En lugar de implementar soluciones efectivas para frenar esta tendencia, el gobierno parece más interesado en justificar su ineficiencia con estadísticas que no ofrecen esperanza alguna. Solo en el primer trimestre de 2025 ya se han registrado siete ataques similares, dejando claro que las medidas actuales son insuficientes.
Una solución que nunca llega
Mientras ETECSA y el MININT insisten en su labor «coordinada», la realidad es que los ciudadanos siguen desprotegidos ante un problema que afecta su calidad de vida. Las promesas gubernamentales sobre mayor vigilancia y sanciones más severas no se traducen en acciones concretas ni resultados visibles.
La población cubana se encuentra atrapada entre la negligencia estatal y un sistema económico que fomenta este tipo de delitos. El robo de cables es solo uno más de los síntomas del deterioro generalizado del país: una economía colapsada que empuja a muchos a recurrir al mercado negro como única vía para sobrevivir.
Ante la falta de respuestas efectivas por parte del gobierno, la población debe asumir un papel activo para proteger lo poco que queda funcional. La vigilancia comunitaria y la denuncia oportuna son herramientas clave para mitigar esta problemática. Sin embargo, esto no exime al Estado de su responsabilidad: garantizar seguridad y servicios básicos es su deber primordial.