Corte federal en la Florida limita la compra de propiedades por extranjeros.
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La reciente decisión del Undécimo Circuito de Apelaciones en Estados Unidos marcó un punto de inflexión en la discusión sobre la compra de propiedades por parte de ciudadanos extranjeros en Florida.
Con un fallo dividido de dos votos contra uno, la corte federal autorizó la implementación de la Ley SB 264, una normativa impulsada por el gobernador Ron DeSantis que impone fuertes restricciones inmobiliarias a ciudadanos considerados provenientes de “países adversarios”, como China, Cuba, Venezuela, Irán, Rusia, Corea del Norte y Siria.
Este veredicto, celebrado por la administración estatal como una victoria política, ha encendido alarmas entre organizaciones defensoras de derechos civiles, quienes advierten sobre un retroceso hacia políticas discriminatorias del pasado.
Corte federal en la Florida limita la compra de propiedades por extranjeros
La legislación, aprobada en 2023, establece restricciones especialmente rigurosas para ciudadanos chinos, quienes no podrán adquirir terrenos o viviendas ubicados en un radio de 16 kilómetros de instalaciones estratégicas, como bases militares o infraestructuras críticas de comunicación. Para ciudadanos de otros países incluidos en la lista, como cubanos o venezolanos, las limitaciones son menos estrictas pero igualmente relevantes: solo podrán comprar propiedades en áreas específicas si cuentan con residencia permanente o ciudadanía estadounidense.
No obstante, la ley contempla una excepción para quienes poseen visados distintos al de turista —como estudiantes, trabajadores o solicitantes de asilo—, permitiéndoles la compra de una única propiedad de hasta 8,000 metros cuadrados, siempre que esté ubicada a más de ocho kilómetros de instalaciones sensibles, un resquicio legal que ha sido insuficiente para disipar críticas.
Organizaciones como la ACLU y la Alianza de Defensa Legal Chino-Estadounidense han denunciado que la SB 264 revive el espíritu de las antiguas *alien land laws*, que en el siglo XX prohibían a inmigrantes asiáticos adquirir tierras en varios estados.
Voces como la de Clay Zhu, presidente de CALDA, señalan que la normativa “discrimina explícitamente contra los inmigrantes chinos”, mientras que la abogada Ashley Gorski, de la ACLU, enfatiza que todas las personas “deberían ser libres de comprar casas y construir sus vidas sin temor a discriminación”.
El juez Charles Wilson, en su voto disidente, advirtió además que la ley podría invadir competencias federales relacionadas con la inversión extranjera, tradicionalmente regulada por el CFIUS.
Pese a las objeciones, la mayoría del tribunal concluyó que los demandantes no demostraron ser afectados directos por la norma, citando el caso de Yifan Shen, cuya situación migratoria quedó fuera del alcance de las restricciones.
Así, la SB 264 continúa avanzando como una pieza central en la política estatal de seguridad y control territorial, mientras sus detractores alertan sobre el impacto que tendrá en las comunidades inmigrantes y en el mercado inmobiliario de Florida.