Comisión del Gobierno llega a Camagüey ante presuntos actos “contrarrevolucionarios”
Comisión del Gobierno llega a Camagüey ante presuntos actos “contrarrevolucionarios” / Foto: La Tijera
Descarrilamiento del tren Habana-Guantánamo: ¿Sabotaje y pena de muerte?
El primer hecho bajo investigación es el descarrilamiento del tren Habana–Guantánamo, ocurrido recientemente y que dejó 18 personas heridas. Aunque no se han ofrecido declaraciones oficiales amplias, fuentes desde la Fiscalía Provincial de Camagüey aseguran que hay varios detenidos, entre ellos un menor de 17 años.
De forma extraoficial, se habla de sabotaje, y los implicados podrían ser acusados de un delito tipificado como “grave contra la seguridad del Estado”. Si se les declara culpables, enfrentarían penas extremas, incluyendo la pena capital, un castigo que no se aplica en Cuba desde 2003, cuando fueron ejecutados los tres jóvenes del caso de la Lanchita de Regla.
Comisión del Gobierno llega a Camagüey ante presuntos actos “contrarrevolucionarios” / Foto: La Tijera
Apuñalamiento de agente de la PNR en el Boulevard camagüeyano
El segundo suceso que investiga la comisión es el apuñalamiento de una agente de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), ocurrido hace dos días en pleno Boulevard de Camagüey. Según fuentes cercanas, el agresor fue capturado rápidamente y también podría ser procesado por delitos graves con la posibilidad de enfrentar la pena máxima.
Comisión del Gobierno llega a Camagüey ante presuntos actos “contrarrevolucionarios” / Foto: La Tijera / Foto: La Tijera
¿Justicia ejemplarizante o doble rasero judicial?
Ambos casos han sido clasificados con rapidez como actos contrarrevolucionarios, un término cargado de implicaciones políticas. Las autoridades han activado protocolos especiales, que incluyen intervención directa del Estado y organismos de seguridad.
Sin embargo, este tratamiento contrasta fuertemente con la impunidad o la tibieza con la que se manejan otros delitos igualmente graves —como feminicidios, homicidios, robos violentos y abusos a civiles— que, en muchos casos, no reciben cobertura mediática ni sanciones ejemplares.
Este contraste levanta cuestionamientos legítimos:
- ¿Se aplica la ley con equidad o según conveniencias políticas?
- ¿Estamos ante una justicia imparcial o un nuevo ejemplo del doble rasero judicial?
Mientras la comisión gubernamental permanece en Camagüey, crecen las tensiones sociales y las preguntas sobre el verdadero propósito de estas acciones.
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