Caza al topo: la red de apoyo al castrismo en EE.UU. comienza a desmoronarse
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El Departamento de Justicia y el Tesoro de Estados Unidos tienen en la mira a más de un centenar de organizaciones y activistas en territorio estadounidense que operaban desde la sombra para legitimar al régimen cubano, evadir sanciones y crear células de apoyo político. La detención de la gestora de activos de GAESA, Adys Lastres Morera, es solo la punta visible de una investigación que amenaza con descorrer el velo sobre décadas de injerencia silenciosa en suelo norteamericano.
La maquinaria de influencia del castrismo en Estados Unidos, durante años operando en una zona gris de la legalidad, enfrenta su peor jaque en décadas. Agencias federales han abierto una investigación contra más de un centenar de entidades y personas físicas sospechosas de haber formado parte de una red de apoyo al gobierno de La Habana, dedicada a misiones de propaganda, lobby político y, en última instancia, a servir como canal para la evasión del bloqueo económico.
El operativo, del que empezaron a trascender detalles esta semana, se produce en el marco de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo, que ordenaba una revisión exhaustiva de las actividades de “entidades extranjeras” en el país.
🎯 El “topo” de GAESA: una historia de dos hermanas y 20.000 millones de dólares
El caso más representativo de esta ofensiva estalló el jueves 21 de mayo, cuando agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron en el sur de Florida a Adys Lastres Morera, una residente legal permanente (poseedora de la “green card”) que llevaba tres años viviendo en Estados Unidos.
La detención, ejecutada por la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), no se basó en un delito común, sino en su vínculo familiar y operativo con GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
Según los documentos de la acusación, Adys es la hermana de la General de Brigada Ania Guillermina Lastres Morera, la presidenta ejecutiva de GAESA, quien fue sancionada por el Departamento del Tesoro el pasado 7 de mayo.
GAESA no es una empresa cualquiera. Controla el 40% de la economía nacional, incluyendo los hoteles de Gaviota, las tiendas de recaudación en divisas, las aduanas y la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Según investigaciones citadas por la fiscalía, el conglomerado maneja unos 20.000 millones de dólares en activos, una suma que supera el presupuesto del Estado cubano y que, según Washington, se utiliza para blindar a la élite militar .
La acusación sostiene que Adys Lastres Morera llegó a Estados Unidos acogiéndose a los programas migratorios de la administración Biden en enero de 2023. Juró lealtad a la Constitución estadounidense al obtener su residencia, pero mientras tanto, continuó administrando en la sombra los intereses de GAESA en Florida.
Su hermana, Ania, fue ascendida a la cúpula de GAESA en 2023, tras la muerte del testaferro principal de Raúl Castro, Luis Alberto Rodríguez López-Calleja. Bajo su mando, GAESA consolidó el monopolio de las telecomunicaciones (ETECSA), los viajes de representación y el comercio exterior, negocios que mantienen económicamente a flote al régimen de Díaz-Canel.
El secretario de Estado, Marco Rubio, fue contundente en su cuenta oficial de la red social X respecto a la detención: “Morera estaba gestionando activos inmobiliarios y viviendo en Florida, mientras ayudaba al régimen comunista de La Habana, hasta que le revoqué su estatus de residente permanente” .
🕵️ Más de cien objetivos: un archipiélago de ONGs y testaferros
La detención de Adys Lastres es el primer movimiento visible de una ofensiva mucho más amplia que busca desarticular lo que los fiscales llaman una «constelación de apoyo al régimen».
El Departamento de Justicia ha emitido citaciones y órdenes de registro en al menos una decena de estados del país, incluyendo Florida, Nueva York, California, Texas y Nueva Jersey. Los blancos de estas investigaciones incluyen supuestos frentes de solidaridad, pequeñas aerolíneas que operan puentes aéreos irregulares con la isla, y empresas tapadera que se dedican al lavado de dinero y la evasión de las sanciones de la OFAC.
Una fuente de la fiscalía federal en Miami informó a este medio que las pesquisas se centran en demostrar que estas organizaciones no actuaban de manera aislada, sino como parte de una estrategia orquestada por la Dirección de Inteligencia (DI) del MININT.
“Hablamos de una compleja red de influencia política que ha intentado durante años legitimar al castrismo ante la opinión pública estadounidense. Esto incluye desde pequeñas radios comunitarias hasta grandes ONG que recibían financiamiento encubierto desde la isla”, explicó el funcionario, que pidió mantener su identidad en el anonimato por la naturaleza delicada de la investigación.
⛓️ El efecto dominó del cerco financiero
Este capítulo de “caza a los topos” es el eslabón humano de un proceso de asfixia económica iniciado semanas antes. La Orden Ejecutiva 14404, vigente desde el 1 de mayo, ha establecido un mecanismo de sanciones secundarias que amenaza con excluir del sistema financiero estadounidense a cualquier banco del mundo que opere con GAESA o sus subsidiarias.
El plazo dado por el Tesoro para que las empresas internacionales se desvinculen del régimen vence el próximo 5 de junio. En este contexto, la detención de Adys envía un mensaje de disuasión personal: quienes faciliten activos a la dictadura no solo arriesgan sus cuentas bancarias, sino su libertad personal y su estatus migratorio.
La primera baja corporativa ya se ha producido. La minera canadiense Sherritt International, socia de GAESA en la mina de níquel de Moa, anunció esta semana que abandona la isla al carecer de combustible y ante la imposibilidad de procesar pagos sin violar las nuevas regulaciones estadounidenses.
⚖️ El paralelismo con Venezuela y la presión final
Los fiscales federales también están explorando vínculos entre estas células de apoyo en EE.UU. y el entramado de corrupción que permitió el enriquecimiento de la cúpula chavista. La estrategia de la administración Trump, que logró la captura y extradición del ex presidente Nicolás Maduro en enero pasado, parece replicarse en el tablero cubano.
Este miércoles, el Departamento de Justicia presentó cargos formales contra el General de Ejército Raúl Castro por el derribo de las avionetas de “Hermanos al Rescate” en 1996. La acusación es la culminación de una lucha de 30 años de las familias de las víctimas, y el contexto de la detención de Lastres Morera solo una semana después no parece una coincidencia.
Mientras la cúpula del Partido Comunista de Cuba se preparaba para una manifestación en la Tribuna Antiimperialista en defensa de Raúl Castro, en Estados Unidos los fiscales federales estaban desarticulando la retaguardia financiera que sostenía a todo el sistema.