Agentes migratorios estadounidenses disparan a ciudadana en operativo bajo campaña Trump.
Imagen: American Inmigración Council
Segun informa El Nuevo Herald, un operativo migratorio en Chicago se tornó violento cuando agentes de la Border Patrol abrieron fuego contra una mujer ciudadana estadounidense, tras un enfrentamiento con manifestantes y vehículos que rodearon a los agentes. El incidente ocurre en el contexto de la intensificación de las políticas de inmigración del gobierno de Trump.
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los agentes afirmaron que su vehículo fue embestido por varios autos y quedaron “encajonados” (boxed in) por al menos 10 automóviles, lo que los obligó a reaccionar. En ese momento, salió una mujer armada, lo que llevó a los agentes a responder con disparos defensivos. La mujer, identificada como ciudadana estadounidense pero sin revelar públicamente su nombre, fue herida y se trasladó por sus propios medios al hospital.
El tiroteo ocurrió en el barrio Brighton Park, donde los agentes realizaban una operación migratoria coincidente con protestas que se oponían a las medidas de aplicación migratoria más agresivas del gobierno federal. En el enfrentamiento también usaron gas pimienta y balas de goma para dispersar a los manifestantes.
Imagen: American Inmigration Council
El presidente Donald Trump autorizó el despliegue de 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois para respaldar las operaciones federales en Chicago, enfrentándose a la oposición del gobernador estatal, JB Pritzker, quien calificó la medida como una “exageración política” y una agresión innecesaria a la autonomía del estado.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la acción diciendo que agentes fueron atacados y rodeados, y que la respuesta fue “defensiva”. Noem llegó a calificar a Chicago como una “zona de guerra”, justificando el uso de fuerzas federales para proteger los activos y al personal migratorio desplegado.
Este evento ha encendido un fuego político y legal: la acción de disparar contra una ciudadana estadounidense dentro de un operativo migratorio es altamente polémica, pues pone en juego derechos constitucionales, uso de fuerza letal y garantías procesales. Diversos grupos de derechos civiles y autoridades estatales han exigido una investigación plena y rendición de cuentas.