Hasta 13 años de prisión para tres cubanas tras protesta pacífica: las cacerolas que el régimen no puede silenciar
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La Fiscalía de Mella, Santiago de Cuba, ha pedido condenas ejemplarizantes contra tres mujeres de la UNPACU que participaron en un cacerolazo contra los apagones el 15 de noviembre de 2024. La solicitud incluye 13 años de cárcel para Mileidis Maceo Quiñones, 8 para Edilkis León Giraudis y 5 para Oneida Quiñones. Una de ellas, con discapacidad física, enfrenta el proceso en arresto domiciliario, mientras sus dos compañeras llevan más de un año en prisión preventiva sin juicio.
El eco de los calderos, ese golpeteo metálico que durante meses se convirtió en la banda sonora de la noche habanera, tiene ahora un precio en años de reclusión. La Fiscalía del municipio de Mella ha solicitado penas de hasta 13 años de privación de libertad para tres mujeres integrantes de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) que participaron en una protesta pacífica contra los apagones el 15 de noviembre de 2024 en la localidad de Palmarito de Cauto .
Las acusadas son Mileidis Maceo Quiñones (13 años solicitados), Edilkis León Giraudis (8 años) y Oneida Quiñones (5 años). Las dos primeras permanecen recluidas en la prisión provincial de mujeres desde el 4 de diciembre de 2024. Oneida, que sufre una discapacidad física, cumple prisión domiciliaria . Un cuarto implicado, el joven Rafael Borrero Torres, fue liberado de todos los cargos al ser menor de edad en el momento de los hechos .
🥫 El «crimen»: salir a la calle a pedir electricidad
La manifestación que originó el procesamiento ocurrió cuando decenas de residentes, hartos de jornadas de apagón que ya superaban las 13 horas, salieron a las calles de Palmarito de Cauto haciendo sonar calderos y utensilios de cocina. Exigían lo mínimo: el restablecimiento del servicio eléctrico .
La protesta, inicialmente pacífica, fue reprimida por la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y las temidas Brigadas de Respuesta Rápida. Según el testimonio de Elba León Giraudis, hermana de una de las acusadas, los agentes recurrieron a agresiones verbales. En respuesta, algunos participantes lanzaron piedras, logrando una de ellas impactar en una patrulla policial .
Elba León calificó las peticiones fiscales como «desmesuradas y abusivas», denunciando que la Fiscalía del municipio de Mella ha rechazado en dos ocasiones consecutivas las solicitudes de cambio de medida cautelar para que las mujeres pudieran esperar el juicio en sus hogares .
📜 El patrón de la criminalización
Este caso no es aislado, sino una pieza más en el engranaje represivo que el régimen de Miguel Díaz-Canel ha perfeccionado para silenciar el descontento popular. La Fiscalía imputa a las mujeres los delitos de «desórdenes públicos» y «daños» , figuras legales que, según organizaciones de derechos humanos, se utilizan de forma discrecional para criminalizar la protesta social .
En los últimos años, los tribunales cubanos han dictado sentencias ejemplarizantes en contextos similares. En noviembre de 2024, apenas ocho días después de la protesta de Palmarito de Cauto, seis ciudadanos del municipio de Encrucijada (Villa Clara) fueron condenados a penas de hasta ocho años de prisión por protestar contra los apagones .
En marzo de 2024, otro grupo de 15 manifestantes en la ciudad de Bayamo recibió condenas de entre tres y nueve años por hechos prácticamente idénticos: salir a la calle a quejarse de la falta de luz y comida .
⚖️ El doble rasero de la ley en el socialismo
La paradoja es evidente. Mientras el gobierno de Díaz-Canel insiste en que en Cuba «no hay presos políticos», sus fiscales piden 13 años de cárcel para una mujer que salió a la calle a golpear una cacerola. Mientras los discursos oficiales condenan el «bloqueo» como causa única de los apagones, el aparato represivo se ensaña con quienes protestan por las consecuencias de esos apagones.
Para las tres mujeres de Palmarito de Cauto, la espera se ha vuelto interminable. La petición fiscal llegó a sus abogados hace aproximadamente un mes y medio, pero aún no se ha fijado fecha para el juicio oral . Mientras tanto, Mileidis y Edilkis siguen tras las rejas, y Oneida, con su tobillera electrónica, observa desde su casa cómo el tiempo pasa y la justicia se demora.
Este patrón de criminalización ha sido documentado por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, que ha documentado cómo el régimen utiliza su entramado legal para castigar a quienes protestan por las precarias condiciones de vida. Las protestas por los apagones se han vuelto más frecuentes desde 2022, con cortes de electricidad que en 2025 alcanzaron un promedio de 15 horas diarias ..