La implementación del pago electrónico obligatorio en Cuba desata tensiones entre el Estado y los emprendedores
Un reciente comunicado del Banco de Crédito y Comercio (Bandec) en Camagüey ha puesto en evidencia las crecientes fricciones entre el Estado cubano y los pequeños empresarios privados, a raíz de la obligatoriedad del pago electrónico a través de pasarelas como Transfermóvil y Enzona, en medio de una crisis económica que ha secado el efectivo y ahoga la liquidez de los negocios.
La polémica estalló cuando un cliente de la entidad bancaria denunció en redes sociales que el banco tenía «secuestrado el dinero de la nómina de sus trabajadores» y que, por ello, no aceptaría transferencias a partir del 17 de abril. La publicación, que se viralizó rápidamente, refleja la desesperación de muchos emprendedores cubanos que, en un contexto de inflación descontrolada, apagones de hasta 20 horas diarias y severas restricciones al efectivo, ven en las disposiciones oficiales una traba más para mantener a flote sus negocios.
Bandec Camagüey respondió con un extenso comunicado en el que desmiente la acusación de «secuestro» y recuerda a los emprendedores las leyes que rigen la materia. El banco cita el Artículo 83 del Código de Trabajo (Ley 116), que exige el pago de salarios mediante depósito en cuenta bancaria u otro medio de pago digital autorizado, y advierte que rechazar el Pago en Línea (QR) constituye una contravención grave.
Imagen/ perfil de Facebook: Bandec Camagüey
Sanciones draconianas en medio de la asfixia financiera
De acuerdo con el Decreto-Ley 91/2024 y la Resolución 93/2023 del Ministerio del Comercio Interior (MINCIN), los emprendedores que se nieguen a utilizar las pasarelas de pago electrónico se exponen a multas de hasta 60,000 pesos, suspensión temporal de la actividad y, en caso de reincidencia, clausura definitiva. La ley otorga un plazo de 60 días para implementar el sistema, tras el cual se procede a la suspensión.
Estas disposiciones chocan frontalmente con la realidad que viven los pequeños empresarios cubanos, quienes se enfrentan a una escasez crónica de efectivo para pagar a sus trabajadores y proveedores, así como a las limitaciones de las propias plataformas digitales, que a menudo sufren interrupciones o fallos técnicos. Además, el efectivo que logran obtener está sujeto a un proceso de solicitud con 72 horas de antelación, según la Resolución 11/2023 del Banco Central de Cuba, un requisito que muchos consideran inviable en la práctica cotidiana.
El dilema del efectivo: una batalla perdida
El propio banco reconoce en su comunicado que el efectivo para nóminas debe solicitarse con una planificación de tres días hábiles, lo que evidencia la rigidez del sistema financiero cubano. Para los emprendedores, que operan en un mercado informal donde la inmediatez es clave, esta exigencia se suma a la larga lista de obstáculos burocráticos que deben sortear.
«El banco no retiene. La ley exige planificación», argumenta Bandec. Sin embargo, los dueños de pequeños negocios denuncian que la falta de efectivo en los bancos, agravada por la crisis energética que mantiene cerradas muchas sucursales o limita sus horarios, convierte la «planificación» en una quimera. «No puedes planificar lo que no existe», resume un emprendedor consultado bajo condición de anonimato.
Ventajas teóricas frente a una realidad hostil
Bandec destaca las ventajas del Pago en Línea: un 6% de bonificación para el cliente, ausencia de límites de monto y mayor agilidad y seguridad. Pero en un país donde la mayoría de la población apenas puede cubrir sus necesidades básicas, la bonificación del 6% resulta un incentivo menor frente a la preferencia generalizada por el efectivo, que permite eludir el control estatal y sortear las interminables colas en los bancos.
El comunicado concluye con una advertencia que resume la tensión subyacente: «Rechazar el Pago en Línea no resuelve problemas de liquidez. Te expone a multas, suspensión o clausura». Para los emprendedores cubanos, atrapados entre la espada de la necesidad de efectivo y la pared de la ley, la implementación del pago electrónico obligatorio no es solo un trámite administrativo, sino una fuente de angustia diaria.
Un conflicto sin resolución a la vista
Mientras el gobierno de Miguel Díaz-Canel impulsa la digitalización de la economía como parte de su estrategia para controlar el flujo de divisas y combatir la evasión fiscal, los pequeños empresarios —que representan uno de los pocos motores de la maltrecha economía cubana— se sienten cada vez más acorralados. La crisis de liquidez, agravada por el colapso energético y la inflación, hace que la exigencia del pago electrónico sea percibida no como una modernización, sino como una nueva forma de opresión.
Hasta el momento, no se ha informado de sanciones concretas contra el cliente que originó la polémica. Pero el episodio deja al descubierto el malestar creciente en el sector privado cubano, que, pese a sufrir las consecuencias del fracaso del modelo socialista, sigue siendo sometido a un férreo control estatal que ahoga cualquier intento de florecimiento económico.