Cuba abre al sector privado los asilos para ancianos: mipymes podrán gestionar residencias ante el colapso estatal
El gobierno de Cuba dio un paso significativo en la apertura del sector social al autorizar oficialmente a actores económicos no estatales —mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia— a establecer y gestionar residencias para el cuidado de adultos mayores y personas en situación de discapacidad. La medida, contenida en el Acuerdo 10249/2025, fue publicada este jueves en la Gaceta Oficial (GOC-2026-211-O23) y entrará en vigor en un plazo de treinta días.
Imagen/ Cibercuba
La normativa, firmada por el primer ministro Manuel Marrero Cruz en noviembre de 2025, responde al desarrollo del Decreto 109 sobre el «Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida» y constituye un reconocimiento explícito de dos realidades ineludibles: el acelerado envejecimiento de la población cubana y la insuficiencia de las capacidades estatales para cubrir la creciente demanda de servicios de cuidado.
Tres modalidades autorizadas y requisitos estrictos
Según lo publicado en la Gaceta, los actores privados podrán operar bajo tres modalidades: residencias de cuidados diurnos, residencias de cuidados permanentes y residencias mixtas que combinen ambos tipos de atención. Hasta ahora, estos servicios eran prestados casi exclusivamente por el Estado a través de casas de abuelos, hogares de ancianos y centros especializados.
Para ejercer la actividad, los interesados deberán cumplir con una serie de requisitos diseñados para garantizar la calidad y seguridad de la atención:
· Obtener el aval del Director General de Salud del municipio correspondiente.
· Contar con la licencia sanitaria del local donde se prestará el servicio.
· Realizar una capacitación obligatoria en escuelas de cuidadores.
· Pagar el curso de formación establecido por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP).
El MINSAP será el organismo rector encargado de definir los requisitos técnicos, controlar la capacitación, otorgar las licencias sanitarias y supervisar el funcionamiento de las residencias. También deberá garantizar la atención médica y estomatológica de los beneficiarios.
Cuota social del 10% para personas vulnerables
Un aspecto central de la nueva regulación es la obligación de que los titulares de estas residencias reserven al menos el 10% de sus capacidades para «personas de interés social», identificadas como vulnerables por su condición económica o de dependencia. En estos casos, se aplicará la tarifa estatal vigente para casas de abuelos y hogares de ancianos certificados. Si la persona no puede pagar, la Asistencia Social asumirá total o parcialmente el costo del servicio, previa evaluación.
Esta disposición busca asegurar que la apertura al sector privado no excluya a quienes más necesitan el servicio, manteniendo un principio de equidad en el acceso.
Incentivos económicos para fomentar la participación
Como estímulo a la inversión privada en este sector, el gobierno estableció un régimen de exención fiscal para aquellos que operen en locales estatales arrendados. Los titulares estarán exentos del pago de renta durante dos años, período que podrá prorrogarse hasta tres si la situación económica del servicio lo requiere.
Al concluir ese plazo, las autoridades evaluarán, junto con los consejos municipales, si corresponde comenzar a cobrar el arrendamiento o si procede entregar el inmueble en usufructo al operador.
El reconocimiento de una realidad demográfica y social
El propio acuerdo admite explícitamente el «acelerado proceso de envejecimiento de la población cubana» y la necesidad de ampliar el alcance de los servicios sociales de cuidado más allá del sistema estatal. Cuba es uno de los países más envejecidos de América Latina, con una proporción creciente de personas mayores de 60 años y una reducción sostenida de la población en edad laboral, lo que ha tensionado tanto las estructuras familiares tradicionales como los servicios públicos.
El cuidado de los ancianos ha sido históricamente una responsabilidad asumida por las familias cubanas, pero la creciente emigración —que ha vaciado hogares de sus miembros más jóvenes— y la crisis económica que dificulta la convivencia intergeneracional han impulsado la demanda de soluciones alternativas. La agencia Reuters recordaba, a propósito de esta medida, la creación en 2023 de TaTamanía, la primera mipyme dedicada a servicios de cuidado, como ejemplo de una tendencia que ahora el gobierno decide formalizar y ampliar.
Una apertura controlada en medio de la crisis
La autorización no implica una retirada del Estado del sector social, sino una apertura controlada en un momento de crisis extrema. El gobierno mantiene la supervisión sanitaria, fija condiciones obligatorias como la cuota social y regula las tarifas e incentivos fiscales a través de los ministerios de Salud Pública y de Finanzas y Precios.
Con esta decisión, el Estado cubano reconoce formalmente que necesita el apoyo del sector privado para sostener el sistema de cuidados en medio de la crisis demográfica y económica que atraviesa el país. La medida, que entrará en vigor en abril de 2026, abre un nuevo capítulo en la participación del sector no estatal en áreas tradicionalmente reservadas al Estado, en un contexto de máxima presión sobre los servicios públicos y las familias cubanas.