El Gobierno venderá paneles solares a trabajadores en medio del colapso eléctrico en Cuba.
Foto: wikipedia
En medio de la peor crisis energética que ha vivido Cuba en décadas, marcada por apagones interminables, escasez crónica de combustible y un sistema eléctrico al borde del colapso, el Gobierno anunció una medida que despierta más inquietudes que esperanzas.
A partir de ahora, trabajadores, entidades y particulares podrán acceder a módulos solares y, además, se les permitirá vender la electricidad que generen directamente a terceros.
Lejos de representar una solución estructural, este anuncio evidencia un cambio profundo en el modelo energético del país, con serias implicaciones sociales.
La información fue ofrecida por el viceprimer ministro y titular del Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva Fraga, durante una intervención en el programa oficialista Mesa Redonda.
Allí aseguró que el gobierno no pretende “dar justificaciones”, sino informar sobre medidas para enfrentar el “desabastecimiento agudo de combustible”. Sin embargo, para una población atrapada en apagones diarios, la falta de agua, la pérdida de alimentos y la paralización de la vida productiva, estas palabras suenan más a resignación que a soluciones reales.
El Gobierno venderá paneles solares a trabajadores en medio del colapso eléctrico en Cuba.
Electricidad para quien pueda pagar
Uno de los puntos más llamativos fue la autorización para que quienes generen electricidad mediante fuentes renovables puedan venderla no solo a la Unión Eléctrica, sino también directamente a terceros.
En la práctica, esto abre la puerta a un mercado paralelo de energía dentro de un país donde la mayoría de los ciudadanos apenas sobrevive con salarios estatales que no cubren las necesidades básicas.
La consecuencia más evidente es una profundización de las desigualdades.
La electricidad, un servicio esencial, comienza a perfilarse como un privilegio reservado para quienes puedan costear paneles solares, baterías y sistemas de respaldo.
Mientras una minoría podrá garantizar luz continua, la mayoría seguirá sometida a apagones que afectan la salud, la alimentación, la educación y el trabajo.
Reconocer errores sin asumir responsabilidades
Pérez-Oliva Fraga admitió la existencia de deficiencias internas, aunque volvió a señalar factores externos como la disminución del petróleo proveniente de Venezuela y el impacto del embargo estadounidense.
No obstante, el reconocimiento de errores pierde peso cuando no va acompañado de reformas estructurales, transparencia informativa y un cambio real en la gestión del sistema eléctrico.
El argumento del secretismo, bajo la excusa de la vigilancia externa, refuerza la desconfianza ciudadana y alimenta la sensación de que las decisiones se toman sin rendición de cuentas ni participación social.
Un cambio de modelo que deja más dudas que certezas
La apertura a la venta privada de electricidad marca un giro inquietante.
En lugar de fortalecer un sistema público colapsado, el Estado parece delegar en los ciudadanos y empresas la responsabilidad de resolver un problema que es, esencialmente, estructural.
La medida no ataca las causas profundas de la crisis energética en Cuba, sino que traslada la carga al bolsillo de una población exhausta.
En este escenario, la luz deja de ser un derecho garantizado para convertirse en un bien transable, accesible solo para quienes puedan pagarlo.
Un cambio silencioso, pero profundamente revelador del rumbo que está tomando el país.