Unsplash.com
Acuerdo presupuestario en Washington frena el cierre parcial del Gobierno federal. Durante varios días, Estados Unidos estuvo asomado al abismo de un nuevo cierre del gobierno federal. La escena se ha vuelto casi rutinaria: plazos que se agotan, negociaciones maratonianas y titulares que hablan de “shutdown” como si se tratara de una tormenta anunciada. Esta vez, sin embargo, la amenaza no solo tenía que ver con números y partidas presupuestarias, sino con algo mucho más sensible: la política migratoria y el uso de la fuerza por parte de los agentes federales.
Con el reloj a punto de llegar a cero, los demócratas del Senado y la Casa Blanca llegaron a un acuerdo para evitar que gran parte de la administración se quedara sin fondos. El pacto garantiza la financiación de la mayoría de los departamentos federales hasta septiembre, pero deja “colgado” al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), cuya financiación se prorroga solo por un breve periodo para seguir negociando. Es decir: el gobierno respira, pero la verdadera batalla se aplaza unas semanas.
Qué es un “shutdown” y por qué asusta tanto
En Estados Unidos, el presupuesto federal no es una formalidad, es decir, el Congreso no aprueba las leyes de gasto a tiempo, muchas agencias simplemente no pueden seguir funcionando. Un “shutdown” implica desde parques nacionales cerrados hasta funcionarios enviados a casa sin sueldo, retrasos en servicios, incertidumbre económica y un enorme desgaste político.
El país tiene muy reciente el recuerdo del cierre de otoño, que se prolongó durante 43 días y dejó claro el coste real de estas crisis presupuestarias. Por eso, cuando se acercaba otra fecha límite, la presión para evitar un nuevo parón era enorme, tanto en la Casa Blanca como en el Capitolio.
El punto de choque: migración y seguridad interna
ChileNews.cl
La novedad en esta ocasión es que el conflicto no giraba solo en torno a cuánto gastar, sino en cómo actúa el Estado en materia migratoria. El Departamento de Seguridad Nacional, del que dependen, entre otros, el control fronterizo y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), se ha convertido en el epicentro de la polémica.
La muerte a tiros de Alex Pretti, un enfermero de 37 años, durante una operación de agentes federales en Mineápolis, fue la chispa que encendió la indignación. Era el segundo caso mortal de este tipo en poco tiempo, tras el de Renee Good, y para muchos demócratas y organizaciones civiles se convirtió en la evidencia más cruda de que algo va mal en la forma en que se están llevando a cabo las operaciones migratorias.
En reacción, un sector del Partido Demócrata decidió plantar cara donde más duele: en el bolsillo del DHS. La idea era simple, pero arriesgada: condicionar la financiación de la agencia para forzar cambios en la actuación del ICE, aun a sabiendas de que ese pulso podía arrastrar al país a otro cierre de gobierno.
El pacto de última hora: oxígeno para casi todos
El acuerdo al que se llega en el Senado se puede resumir en una fórmula: separar para salvar. Por un lado, se aprueban las leyes de gasto que mantienen en marcha a la mayoría de los departamentos —Defensa, Salud, Trabajo, Educación, Transporte, entre otros— hasta el final del año fiscal. Por otro, se otorga una prórroga muy corta al Departamento de Seguridad Nacional, de apenas unas semanas, durante las cuales seguirán las negociaciones sobre migración.
Para la Casa Blanca, el mensaje es claro: se ha evitado un “shutdown” general y se ha logrado financiación estable para la “gran mayoría del gobierno” hasta septiembre. Trump presenta el pacto como un esfuerzo bipartidista y subraya que está trabajando “arduamente” con el Congreso para asegurar que no haya interrupciones en el funcionamiento de la administración.
Para los demócratas, el equilibrio es más delicado. Por un lado, pueden decir que han usado su poder de negociación para poner el foco sobre el ICE y el DHS; por otro, son conscientes de que sus votantes más movilizados esperan algo más que un gesto simbólico. De ahí que muchos insistan en que esta prórroga debe servir para arrancar compromisos reales en materia de transparencia, uso de la fuerza y control judicial de las operaciones migratorias.
Un Congreso atrapado entre la urgencia y la campaña
El acuerdo en el Senado no significa que el problema esté resuelto. Falta el siguiente paso: la Cámara de Representantes debe aceptar la nueva arquitectura del presupuesto, que separa al DHS del resto de la financiación. Y ahí la situación se complica.
La Cámara había aprobado previamente un paquete de gasto completo; ahora tiene que pronunciarse de nuevo sobre una versión “partida” que no gusta a todos. El presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, ha reconocido que se opuso a dividir el paquete, aunque también admitió que no puede “permitir que el gobierno cierre”. Entre una y otra posición se mueven muchos congresistas, preocupados por el coste político de un cierre, pero también temerosos de cómo se interpretarán sus votos en un año de alta tensión electoral.
El calendario no ayuda: muchos representantes abandonaron Washington antes de la fecha límite, lo que hace difícil una votación exprés. De ahí que algunos expertos hablen del riesgo de un “cierre técnico” breve, un apagón parcial de muy corta duración provocado solo por la falta de sincronía entre los plazos políticos y los legales.
El debate de fondo: seguridad, derechos y miedo
Más allá de la aritmética parlamentaria, la discusión sobre el cierre del gobierno está revelando un debate más profundo: qué significa garantizar la seguridad y a qué precio. Para una parte del electorado, especialmente del lado republicano, las operaciones del ICE y del DHS son una herramienta imprescindible para controlar la frontera y combatir el crimen. Para otro segmento, especialmente en el campo demócrata, las mismas operaciones se han convertido en símbolo de abuso de poder, racismo institucional y falta de rendición de cuentas.
Líderes demócratas han subrayado que la ciudadanía quiere seguridad, pero no a costa de permitir que agentes federales actúen como una fuerza opaca y, en casos extremos, letal dentro de las ciudades. Algunos senadores incluso han dejado caer que, si no hay reformas profundas, están dispuestos a “cerrar la agencia”, en referencia al propio Departamento de Seguridad Nacional.
En el fondo, lo que está en juego no es solo un presupuesto, sino el modelo de Estado que el país quiere: uno que priorice la mano dura en frontera y calles, o uno que ponga más límites y controles a quienes ejercen la fuerza en nombre de la ley.
Una tregua, no el final del conflicto
El pacto entre los demócratas del Senado y la Casa Blanca ha evitado, por ahora, otro golpe al funcionamiento cotidiano del gobierno estadounidense. Las nóminas seguirán pagándose, las agencias continuarán operando y los titulares sobre un nuevo “shutdown” quedarán, de momento, en segundo plano.
Pero se trata de una tregua, no de una paz duradera. En pocas semanas, el país volverá a mirar al Congreso para ver si esta prórroga de Seguridad Nacional se traduce en cambios reales o si todo fue una forma de ganar tiempo. La respuesta dirá mucho sobre la capacidad de la política estadounidense para abordar debates de fondo —como el de la migración y los derechos civiles— sin tener que poner en jaque, una y otra vez, el funcionamiento básico de su propio Estado.