Trump plantea posibilidad de revocar ciudadanía a ciertos naturalizados, generando fuerte controversia nacional.
El presidente Donald Trump volvió a encender el debate migratorio en Estados Unidos tras declarar que, si la ley se lo permitiera, retiraría la ciudadanía a determinados ciudadanos naturalizados, especialmente a aquellos que él califica como “criminales”. Las declaraciones fueron recogidas por ABC News y posteriormente analizadas por CubaHerald, que dio seguimiento a la reacción política y social generada por el tema.
Durante un intercambio con la prensa, Trump admitió no tener certeza de que la Constitución le permita revocar la ciudadanía sin un proceso judicial, pero afirmó que, de poder hacerlo, actuaría “sin titubeos”. Añadió que muchas de las naturalizaciones otorgadas bajo la administración Biden, según su criterio, fueron aprobadas sin los controles adecuados.
En este mismo contexto, el presidente volvió a utilizar retórica despectiva dirigida hacia comunidades inmigrantes, particularmente hacia ciudadanos estadounidenses de origen somalí. Sus comentarios, basados en generalizaciones, fueron ampliamente cuestionados por expertos en derechos civiles, que los consideran injustificados y potencialmente peligrosos para la cohesión social.
Imagen: Nuevo Herald
Las declaraciones ocurren en un momento en que la Casa Blanca analiza una revisión profunda de los procesos migratorios, lo que podría incluir verificaciones más estrictas, limitaciones a programas humanitarios y revisiones al historial de naturalización de millones de personas.
Estos posibles cambios han intensificado la preocupación entre comunidades inmigrantes, quienes interpretan la postura de la administración como un intento de presentar la ciudadanía como un estatus “condicional”, sujeto a decisiones políticas.
De acuerdo con expertos consultados por CubaHerald, la Decimocuarta Enmienda es clara: ninguna persona nacida o naturalizada en EE. UU. puede perder su ciudadanía de manera arbitraria.
La única vía legal para anular la naturalización es demostrar fraude en el proceso, y eso exige un juicio completo ante un tribunal federal. Por ello, señalan especialistas constitucionales, cualquier intento del presidente de proceder unilateralmente violaría décadas de jurisprudencia y desencadenaría una avalancha de litigios.
Actualmente, en el país residen más de 23 millones de ciudadanos naturalizados. Aunque no existe, por el momento, una política concreta que busque revocar ciudadanías, organizaciones como la ACLU advierten que la retórica presidencial incrementa la percepción de vulnerabilidad entre millones de residentes.
Mientras esta controversia dominaba el debate nacional, la Casa Blanca anunció que Steve Witkoff, enviado especial del gobierno, viajará a Moscú para explorar posibles avances diplomáticos entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, el anuncio quedó prácticamente relegado ante la intensidad del debate migratorio.
Sectores republicanos respaldaron al presidente, apoyando su postura de “mano dura”.
Legisladores demócratas denunciaron un “ataque directo” a los principios constitucionales y a los derechos civiles que sustentan la democracia estadounidense.
Analistas consultados por CubaHerald consideran que Trump busca consolidar su base electoral mediante un mensaje de firmeza frente a la inmigración, un tema central para su administración.
Aunque la ley impide actualmente cualquier intento de desnaturalización discrecional, el impacto político y social de este discurso es significativo. Las declaraciones del presidente profundizan la polarización, fortalecen posturas extremas dentro del debate migratorio y ponen en duda pilares fundamentales del sistema ciudadano estadounidense.