Sustitución de válvula en Camagüey: ¿avance necesario o paliativo ante la crisis hídrica nacional?
La reciente medida en Camagüey de interrumpir el bombeo de agua durante 24 a 48 horas para sustituir una válvula defectuosa en la Planta Potabilizadora es, sin duda, una acción urgente y necesaria para restaurar el servicio ante una falla puntual según ha anunciado radio Cadena Agramonte. Sin embargo, esta respuesta puntual vuelve a evidenciar que las soluciones técnicas aisladas no son suficientes para enfrentar la profunda crisis del agua que vive la provincia —y el país— desde hace años.
La gravedad del problema en Cuba se refleja en los miles de ciudadanos que pasan semanas o incluso meses sin acceso regular al agua potable. Reparar una válvula, aunque esencial en lo inmediato, no resuelve las causas estructurales: el envejecimiento crítico de la infraestructura hidráulica, la falta de mantenimiento preventivo sistemático, las frecuentes interrupciones energéticas que paralizan el bombeo y la escasez de recursos para realizar inversiones de fondo. Además, la comunicación oficial suele concentrarse en la coyuntura y no en la elaboración de soluciones integrales o en la transparencia con los usuarios sobre la magnitud real del problema.
Por eso, es legítimo preguntarse: ¿concluida la sustitución de la válvula, volverán las aguas a la normalidad? Y más importante aún: ¿cuánto durará esa “normalización” antes de que otra falla técnica interrumpa nuevamente el abasto? Para la población de Camagüey —y de muchas otras provincias—, la realidad es que la existencia diaria sigue marcada por la incertidumbre y la improvisación en el acceso a un recurso esencial para la vida.
La magnitud del desabastecimiento, que en algunas localidades se extiende por meses y en otras ha sido permanente durante años, exige una respuesta mucho más profunda y multidimensional. Más allá de parches temporales, Cuba necesita una modernización ambiciosa de sus redes de distribución, una gestión eficiente que priorice el mantenimiento y la prevención, un aprovechamiento de tecnologías sostenibles y, sobre todo, una política hídrica que transparente la realidad, rinda cuentas y escuche a las comunidades más afectadas.
En conclusión, la intervención en Camagüey es solo un paliativo en medio de una crisis que requiere reformas mayores y sostenidas. La población merece, no solo promesas de restauración temporal, sino un compromiso integral y a largo plazo que garantice el acceso al agua potable como derecho humano básico, no solo como una contingencia gestionada sobre la marcha.