El ministro de Transporte reconoce ante la Asamblea Nacional la gravedad de la crisis del transporte en Cuba
Imagen: Cubadebate
El drama del transporte en Cuba ha pasado de la crisis sostenida al colapso total, y ninguna intervención oficial logra ya camuflar la dimensión del desastre. Ni en los discursos más optimistas ante la Asamblea Nacional ni en los reportajes triunfalistas de la prensa estatal se logra ocultar lo evidente: el sistema está roto por la ineficiencia, el desvío de recursos y la inacción de quienes dirigen el país.
Durante la última sesión parlamentaria, el ministro del ramo, Eduardo Rodríguez Dávila, se vio forzado a admitir lo que millones de cubanos viven cada día: solo se cumplió el 35% del plan de transporte urbano, más de 90 rutas urbanas han desaparecido en La Habana y las provincias periféricas operan con menos del 25% de la cobertura prevista. Las rutas rurales y enclaves de difícil acceso apenas alcanzan el 19% de lo programado, condenando a comunidades enteras al aislamiento.
El propio informe oficial revela que la infraestructura ferroviaria está en ruinas, con trenes emblemáticos como Santa Clara–Nuevitas y Cienfuegos–La Habana suspendidos o sin fecha de reanudación. Solo una mínima parte del parque de locomotoras y vagones permanece apta para circular, mientras el mantenimiento es casi inexistente y las averías son ya parte del paisaje nacional.
El ministro de Transporte reconoce ante la Asamblea Nacional la gravedad de la crisis del transporte en Cuba. La dualidad del discurso oficial: promesas de modernización vs realidad de abandono
Mientras las colas interminables, las cancelaciones, el mercado negro de piezas y pasajes, y las jornadas extenuantes bajo el sol son la rutina del cubano de a pie, el gobierno aprovecha cada recurso nuevo —como los 100 microbuses chinos llegados a la capital— para hacer propaganda y, en paralelo, sigue priorizando la importación de modernos ómnibus para el turismo extranjero. Así, el contraste entre las comodidades para el visitante y la penuria del ciudadano común se agranda y legitima la sensación de abandono y desprecio oficial hacia la mayoría, especialmente fuera de La Habana.
El sistema ha endurecido el acceso a mecanismos como la app Viajando, donde los pocos asientos disponibles desaparecen en segundos y la reventa de boletos florece ante la mirada indiferente de las autoridades, que no consiguen ni transparencia ni control en la asignación de recursos.
El ministro de Transporte reconoce ante la Asamblea Nacional la gravedad de la crisis del transporte en Cuba. Deterioro acelerado, alternativas improvisadas
En provincias como Santiago de Cuba no solo el transporte, sino la red vial está colapsada: más del 69% de las carreteras están en mal estado, forzando a la población a depender de medios improvisados llamados “transporte solidario”, camiones adaptados, taxis colectivos y hasta vehículos arrendados a empresas estatales.
El informe ministerial atribuye este desastre a los “desafíos económicos” y al “bloqueo”, pero el diagnóstico público es claro incluso en la prensa oficialista: el deterioro se debe a la desatención, la falta de planificación real y una incapacidad sistémica de responder a una demanda creciente y sostenida. Lo admiten los números: la transportación de pasajeros apenas llegó al 68% del plan en 2024, dejando a más de 412 millones de personas sin poder moverse. Y para 2025, se anuncia otro desplome del 19%.
Mientras tanto, la política de “innovación nacional” y los anuncios de electroómnibus y “soluciones graduales” suenan vacíos. Los intentos de “maquillar” la ruina no resuelven la falta de piezas, combustible ni el abandono de las rutas rurales, y mucho menos los efectos trágicos: más de 600 muertes anuales por accidentes vinculados al estado de las vías y la precariedad de los medios.
El ministro de Transporte reconoce ante la Asamblea Nacional la gravedad de la crisis del transporte en Cuba. El pueblo no cree en promesas
En cada espacio de debate público, la población exige acciones y no excusas, transparencia y no propaganda, inversión social real y no discursos anacrónicos. La indignación crece por la impunidad de los revendedores, la opacidad en la gestión estatal y el abandono cotidiano de quienes confían —a veces por supervivencia— en un ómnibus que nunca llega o en un tren que ya no pasa.
El gobierno, atrapado entre sus propias estadísticas y sus promesas incumplidas, sigue sin ofrecer soluciones estructurales ni una hoja de ruta clara para salir del agujero en que ha sumido el transporte público cubano. Lo que persiste es la desidia y la falta de rendición de cuentas, mientras el pueblo, exhausto, ya no espera milagros: exige responsabilidades y derechos básicos.