15 años de cárcel por 1,74 gramos de «químico»: el terror judicial en Artemisa y el fracaso de la «tolerancia cero»
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Dos cubanos fueron condenados a una década y media de prisión en un juicio «ejemplarizante» por poseer cinco papelillos de droga sintética. El régimen exhibe su mano dura, pero las cifras demuestran que el consumo sigue creciendo y los jóvenes caen en un pozo sin fondo
Quince años. Eso es lo que durará la vida de dos cubanos detrás de las rejas por haber sido sorprendidos con cinco envoltorios de papel que contenían 1,74 gramos de cannabinoides sintéticos, la droga conocida en las calles como «químico» o «papelito». La condena, dictada por la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Artemisa en la causa 416 de 2025, ha sido presentada por las autoridades como un «juicio ejemplarizante» .
El mensaje es claro: al régimen no le tiembla la mano para llenar las cárceles de jóvenes. Lo que no dice la nota oficial —y lo que debería preocupar a cualquiera con dos dedos de frente— es que 1,74 gramos equivalen a unas 2.200 dosis, según el propio comunicado del tribunal . Y que con ese arsenal mínimo, dos personas pasarán los próximos 15 años de sus vidas en prisión, sin que se especifique siquiera si fueron condenados por tenencia, por tráfico o por ambos delitos .
Un juicio sin nombres, sin fechas y sin transparencia
La nota del Tribunal Provincial de Artemisa es un monumento a la opacidad. No revela los nombres de los imputados. No precisa la fecha en que ocurrieron los hechos. No aclara si fueron condenados por tenencia o por tráfico. Solo informa que viajaron a La Habana para conseguir la droga, que fueron detenidos en la calle por oficiales antidrogas y que portaban cinco papelillos con 1,74 gramos de 5-flúor ADB, una variante de cannabinoides sintéticos .
Tampoco se sabe si los acusados tenían antecedentes penales, si eran adictos o si actuaban como pequeños distribuidores. La falta de transparencia en un caso de esta gravedad —15 años de privación de libertad— es, en sí misma, una violación del derecho a la información pública. Pero en Cuba, donde la justicia se administra con criterios que pocos entienden y nadie controla, este tipo de procesos «ejemplarizantes» son moneda corriente.
El tribunal asegura que durante la instrucción del caso y en el juicio oral se cumplieron las garantías procesales establecidas y se respetó el debido proceso, como establecen la Constitución de la República y la Ley de Procedimiento Penal . Sin embargo, la ausencia de elementos básicos en la comunicación oficial —como la identidad de los condenados o la fundamentación exacta de la sentencia— invita al escepticismo.
El «químico» que arrasa con la juventud
El caso pone de relieve una realidad que las autoridades reconocen a regañadientes pero no logran controlar: el consumo de drogas sintéticas en Cuba ha alcanzado niveles sin precedentes. Según datos oficiales citados por el propio tribunal, en la isla circulan al menos 40 variantes de cannabinoides sintéticos, de bajo costo y alta rentabilidad, cuyo consumo afecta con mayor fuerza a la juventud .
El «químico» o «papelito» se ha convertido en una epidemia silenciosa. Su bajo precio —mucho menor que el de la marihuana natural, que no se produce en la isla— y su fácil acceso lo hacen especialmente atractivo para adolescentes y jóvenes. El pasado 17 de febrero, las autoridades ofrecieron una conferencia de prensa en la que reconocieron que se han identificado 46 tipos de cannabinoides sintéticos en laboratorios cubanos . La edad promedio del primer consumo en Cuba se sitúa en los 15,2 años, con mayor incidencia en secundaria básica y en los primeros años de la educación técnico-profesional .
Tolerancia cero: el fracaso de una política
El gobierno cubano presume de tener una política de «tolerancia cero» contra las drogas. La ministra de Justicia, Rosabel Gamón Verde, afirmó a mediados de febrero que «Cuba continuará siendo un muro efectivo contra las drogas en el Caribe» . El coronel Juan Carlos Poey Guerra, jefe del Órgano Especializado de Enfrentamiento Antidrogas del Ministerio del Interior (Minint), insiste en que el país actúa como «muro de contención en el mar» .
Pero la realidad es tozuda: a pesar de los operativos policiales, de los juicios «ejemplarizantes» y de las condenas de 15 años, tanto la venta como el consumo de narcóticos siguen creciendo en el país. Las propias cifras oficiales lo demuestran: en 2025 se incautaron 1.941 kilogramos de drogas provenientes de recalos marítimos, se registraron 53 hechos de este tipo y se frustraron 31 operaciones por vía aérea . Más de 1.900 kilos que llegaron a las costas, a pesar del «muro».
El coronel Poey Guerra reconoció que la «principal amenaza» proviene de «la delincuencia cubana radicada en el exterior» que intenta «fomentar un mercado interno» . Es decir, cubanos que viven fuera y utilizan sus contactos para introducir droga en la isla. Una realidad que desmonta el relato de la Cuba víctima del exterior y evidencia que el problema tiene raíces más complejas que el simple discurso del bloqueo.
Las medidas accesorias: más castigo, menos reinserción
Además de la sanción penal, los dos condenados en Artemisa recibieron medidas accesorias de privación de derechos y prohibición de salida del país . Una vez más, el énfasis está en el castigo, no en la rehabilitación. ¿Qué tipo de reinserción social puede esperarse para alguien que pasará 15 años en prisión y saldrá con la prohibición de ejercer derechos básicos?
El tribunal recordó en su comunicado el impacto nocivo del tráfico de narcóticos en la sociedad y en las familias, y las consecuencias de su consumo para la salud. «El consumo de estupefacientes, como la marihuana y los cannabinoides sintéticos que se derivan de ella, afecta sensiblemente la salud de los consumidores, causándoles, entre otros, daños orgánicos y psicológicos como la alteración del sistema cardiorrespiratorio y de los procesos cognitivos (atención, concentración, memoria), depresión, psicosis, ansiedad; siendo, precisamente, los niños, adolescentes y jóvenes los más vulnerables» .
Pero la pregunta que nadie responde es: ¿de qué sirve una condena ejemplarizante si los jóvenes siguen cayendo? ¿De qué sirve llenar las cárceles si las causas estructurales —la desesperanza, la crisis económica, la falta de oportunidades— permanecen intactas?
El derecho a recurrir: un consuelo menor
La nota oficial puntualiza que tanto los procesados como la fiscalía tienen la posibilidad de interponer recurso de casación si no están conformes con el fallo . En teoría, es una garantía procesal. En la práctica, en un sistema judicial con escasos recursos y una tradición de convalidar las decisiones de instancias superiores, las posibilidades de que una condena de 15 años sea revisada son mínimas.
Los dos cubanos condenados en Artemisa pasarán los próximos 15 años de sus vidas en prisión. Cuando salgan, el país seguirá siendo el mismo. La droga, probablemente, también. Y mientras tanto, el gobierno seguirá presentando juicios «ejemplarizantes» como si fueran la solución, cuando en realidad no son más que el síntoma de un fracaso mucho más profundo: el de una política que prefiere castigar antes que prevenir, que elige la mano dura antes que la oportunidad, y que condena a 15 años de cárcel a dos personas por cinco papelillos, mientras el problema de fondo sigue creciendo, imparable, en las calles.